Germán, propietario de 11 pisos: "Veo que hay un problema muy grave"
Apunta a la situación de vulnerabilidad ante la ley y la inseguridad jurídica a la que están sometidos muchos propietarios.
Germán Jover llevaba años invirtiendo en vivienda en Cataluña. Sin embargo, asegura que hace dos años decidió salir por completo del mercado inmobiliario autonómico. El motivo, explica, no fue una cuestión de rentabilidad inmediata, sino de inseguridad jurídica y de desconfianza ante las políticas públicas aplicadas en materia de alquiler.
Propietario de más de diez inmuebles, Jover sostiene que el marco regulatorio impulsado por las autoridades catalanas —especialmente los límites al precio del alquiler— ha cambiado radicalmente las reglas del juego. Desde su punto de vista, la comunidad se ha convertido en un "laboratorio" donde se están ensayando medidas que, lejos de mejorar la situación, habrían reducido la oferta disponible.
"El experimento Cataluña"
El empresario describe la evolución del mercado como un ejemplo de intervención fallida. A su juicio, las restricciones introducidas para contener los precios no han logrado el efecto deseado.
Según su análisis, desde la entrada en vigor de las limitaciones:
- Ha disminuido el número de viviendas disponibles en alquiler
- Se ha reducido la firma de nuevos contratos
- La presión sobre los precios no ha desaparecido
- Ha aumentado la incertidumbre para propietarios e inversores
"Ha ido a peor, no a mejor", afirma con rotundidad. Considera que la regulación ha desincentivado a muchos propietarios, que optan por retirar sus inmuebles del mercado tradicional o dirigir sus inversiones hacia otras comunidades autónomas.
En su opinión, Cataluña estaría funcionando como campo de pruebas de políticas de control que podrían extenderse a otros territorios. Y advierte de que el resultado visible sería un efecto contrario al buscado: menos oferta y, a medio plazo, mayor tensión en los precios.
El debate político
Las declaraciones de Jover no han estado exentas de controversia. Desde sectores políticos progresistas se rechaza su diagnóstico. Diputados como José Zaragoza (PSC) o Eduardo Rubiño (Más Madrid) han cuestionado que la regulación sea la causa directa de la caída de contratos o del comportamiento de los precios.
Para estos representantes, el encarecimiento de la vivienda responde a factores estructurales más amplios:
- Escasez histórica de parque público de alquiler
- Crecimiento de la demanda en grandes áreas urbanas
- Presión turística y de alquiler de corta duración
- Dinámicas especulativas acumuladas durante años
Jover, por el contrario, considera que el foco se ha puesto en el lugar equivocado. "Se está politizando un problema real", sostiene, insistiendo en que la solución no pasa por "atacar al inversor".
"Atacar al inversor" y sus consecuencias
Uno de los puntos centrales de su discurso es la percepción de que el propietario se ha convertido en objetivo político. Según su visión, la narrativa pública ha señalado a los inversores como responsables directos de la crisis habitacional, lo que habría generado un clima adverso para quienes operan en el sector.
"Los inversores cogen su dinero y se van", resume. Y cuando eso ocurre —advierte— el capital se desplaza a otras regiones con marcos regulatorios más estables, mientras que el problema de acceso a la vivienda permanece.
Desde esta óptica, el mercado catalán habría experimentado:
- Menor atractivo para nuevos proyectos privados
- Paralización de decisiones de compra destinadas al alquiler
- Mayor cautela ante posibles cambios normativos futuros
No obstante, el debate sigue abierto. Mientras algunos propietarios denuncian falta de garantías y seguridad jurídica, otros sectores insisten en que la intervención es necesaria para proteger a los inquilinos y frenar escaladas de precios.
La discusión sobre el llamado "experimento Cataluña" refleja, en el fondo, un choque de modelos: uno que confía en el incentivo al inversor como vía para ampliar la oferta y otro que apuesta por una regulación más intensa para contener el mercado.
Dos años después de su retirada, Germán Jover mantiene su postura: cree que sin estabilidad normativa y sin confianza, el capital buscará otros destinos. Y sostiene que, mientras tanto, el acceso a la vivienda seguirá siendo uno de los grandes desafíos pendientes en Cataluña.
