Lo que comenzó como una simple molestia vecinal se ha convertido en un caso emblemático sobre los límites entre la propiedad privada y el bienestar colectivo, una lección en la capital de Lituania, Vilna. En el edificio residencial ubicado en la calle J. Basanavičiaus, número 25, los residentes han denunciado reiteradamente la presencia masiva de palomas en uno de los balcones del inmueble, lo que ha generado suciedad persistente en las fachadas y ventanas inferiores, además de preocupaciones sanitarias.

Los habitantes del edificio afirman que, a pesar de pagar mensualmente las cuotas de mantenimiento, no pueden disfrutar de condiciones mínimas de limpieza y salubridad. Las aves, que anidan en el balcón de un vecino, han contaminado con excrementos las ventanas y la fachada del edificio. Así lo recoge el medio lituano TV3.

"Pagamos nuestras contribuciones cada mes, pero nadie actúa. ¿Por qué no se destinan fondos a sellar los huecos donde anidan las palomas?", se preguntó uno de los residentes, visiblemente frustrado por la falta de soluciones.

¿Qué puede pasar ahora?

La empresa administradora del edificio, Kėdainiai Butai, ha respondido que no puede intervenir directamente, ya que el balcón en cuestión es una propiedad privada. Según explicó su director, Paulius Zykas, la empresa no tiene autoridad para actuar sobre espacios que no forman parte de las áreas comunes del edificio, salvo que exista una orden administrativa. Además, indicó que no se han recibido quejas formales adicionales por parte de otros vecinos, lo que limita aún más su capacidad de actuación.

La Municipalidad del Distrito de Kėdainiai ha recordado que alimentar palomas en balcones está prohibido por las normativas locales de mantenimiento urbano. Estas normas exigen que los propietarios mantengan sus viviendas en condiciones que no afecten negativamente a terceros. El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas, conforme al artículo 366 del Código de Infracciones Administrativas de la República de Lituania, que regula las violaciones de las normas de limpieza y gestión urbana.

El Departamento de Orden Público municipal es la entidad competente para intervenir en estos casos. Si no se logra una solución amistosa entre vecinos, el infractor podría enfrentarse a multas o medidas correctivas obligatorias.

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