La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) expresa su preocupación ante el próximo 1 de julio, fecha en la que finalizan las actuales bonificaciones al transporte público financiadas por el Gobierno y complementadas por las comunidades autónomas. Temen que esto provoque el regreso masivo de vehículos privados a calles y carreteras, lo que incrementaría el tráfico, los atascos, el ruido y la polución urbana. Todo ello afectaría negativamente a la calidad de vida, además de provocar un aumento en casos de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y de cáncer de pulmón, según advierte la entidad.

En una reciente encuesta realizada por la propia OCU, dirigida a una muestra representativa de personas de entre 20 y 74 años residentes en Madrid y Barcelona, se reflejan cambios en los hábitos de movilidad tras la bajada de tarifas del transporte público a finales de 2022. En la provincia de Barcelona, el uso del coche bajó un 4% (del 69% al 65%). En cambio, en Madrid se incrementó ligeramente en un 1% (del 72% al 73%), aunque hay que señalar que casi la mitad de los conductores madrileños afirma no disponer de una alternativa real al automóvil, en parte porque los trayectos laborales en esta región alcanzan los 21 km de media, frente a los 15 km en Barcelona. Aun así, la Comunidad de Madrid ha experimentado un incremento del 10% en usuarios del transporte público y del 4% en peatones.

Además, los resultados reflejan un claro respaldo al transporte colectivo: tres de cada cuatro encuestados de ambas provincias creen que es la vía más eficaz para reducir el tráfico. También opinan que el sistema debe mejorar, ya que la puntualidad y el estado de las infraestructuras solo obtienen una valoración media. Este mensaje, insiste la OCU, debe ser tenido en cuenta por las administraciones, especialmente cuando el 70% de los automovilistas reconoce que dejaría el coche si el transporte público fuese más eficiente.

Por ello, la OCU insta a que las ayudas no solo se mantengan para jóvenes y mayores, sino que se extiendan a toda la población. También reclaman una apuesta firme por el fortalecimiento de estos servicios, mediante la ampliación de redes, mejoras en calidad, conexión y seguridad, así como la incorporación de carriles bici separados del tráfico motorizado.

El transporte colectivo debe situarse como el pilar central de una movilidad sostenible, en línea con las normativas municipales que exigen zonas de bajas emisiones en municipios con más de 50.000 habitantes. Aunque los incentivos para cambiar de coche por uno eléctrico pueden ser útiles, no son una solución realista para toda la población. El reto de las ciudades del futuro pasa por priorizar el uso de metro, autobús, tranvía y servicios de coche compartido para necesidades puntuales, junto a modos activos de desplazamiento como caminar o usar la bicicleta.