En los verdes prados de Auvernia, la vida de Michel Dupont, agricultor de 52 años, ha dado un giro impensable. Durante una inspección rutinaria de sus tierras, descubrió un yacimiento de oro colosal oculto bajo el suelo que su familia cultiva desde 1903. "Vi un destello en el barro", relata a La Plasturgie. "Mientras raspaba, saqué pepitas tan grandes como nueces. Pensé que me estaba volviendo loco...".

Los análisis confirmaron que se trataba de 150 toneladas de oro puro, valoradas en cerca de 4.000 millones de euros. Sin embargo, la euforia fue breve. "Prohibida su explotación", le dijeron funcionarios del Estado pocos días después, alegando que era para preservar el medio ambiente. Pero Michel no está convencido: "Me trataron como a una molestia, no como a un descubridor".

Debate nacional

Detrás de esta decisión se esconde una ley poco conocida: en Francia, el subsuelo pertenece al Estado, incluso bajo propiedades privadas. "Mis antepasados compraron esta tierra en 1903. Nadie me habló nunca de esta norma", afirma el agricultor. Esta situación ha desatado un intenso debate nacional que enfrenta a ecologistas, economistas, juristas y ciudadanos.

"¡Este yacimiento de oro podría crear 500 empleos directos!", señala un informe económico. Pero los ecologistas advierten que "Auvernia no es un lejano oeste minero". La población local está dividida. "Michel se merece su parte", clama un vecino. "¿Pero a qué precio para nuestros paisajes?", se pregunta otro.

En medio de esta polémica, la vida de Michel se ha convertido en un caos. "Ya no tengo tiempo para ordeñar mis vacas", confiesa. Desde hace seis meses, su granja está tomada por abogados, periodistas y expertos. "Los desconocidos merodean por la noche. Algunos quieren comprarme terrenos... Otros me amenazan". Incluso sus hijos han tenido que abandonar temporalmente la escuela.

Mientras se debate si es posible una extracción responsable, algunos ingenieros aseguran que hay varios métodos para ello, como el uso de bacterias o el reciclaje de agua. Pero las asociaciones locales siguen dudando. El Estado, por su parte, alega que busca "encontrar un equilibrio", aunque las decisiones se demoran. "Se está silenciando el caso para evitar un precedente embarazoso", denuncia un diputado local.

Michel, cansado, solo pide justicia. "Si el Estado se lo lleva todo, ¡que me compense!". La ley le ofrece un 0,5% del valor.