Un hombre de 56 años logra una pensión de 1.656 euros por incapacidad después de que la Seguridad Social le negara la máxima
Los médicos le diagnosticaron síndrome de espalda fallida, discopatía degenerativa lumbar y hernia discal.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha concedido una pensión por incapacidad permanente total de 1.656,52 euros a un trabajador de 56 años después de que la Seguridad Social negase reconocerle la absoluta. Según informa El Economista, esta decisión fue amparada en un principio por la Justicia.
Tal y como reza la publicación, el afectado, diagnosticado con discopatía degenerativa lumbar y hernia discal, solicitó la incapacidad permanente absoluta, que es la que inhabilita para el desarrollo de cualquier profesión y otorga una pensión equivalente al 100% de la base reguladora. Sin embargo, tanto la Seguridad Social como los tribunales le reconocieron únicamente la total, y con ella una pensión del 55% de su base reguladora.
Según detalla la sentencia, consultada en el medio de comunicación, el hombre trabajó como responsable de comercio en un centro comercial desde 1997. En 2020, pidió por primera vez la baja por trastornos del disco intervertebral dorsal. Dos años más tarde, en 2022, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le diagnosticó síndrome de espalda fallida, discopatía degenerativa lumbar y hernia discal, entre otras dolencias, que le provocaban "limitaciones orgánicas y funcionales".
No obstante, esto no fue suficiente y la Seguridad Social le denegó la solicitud de incapacidad permanente. Sus argumentos: las lesiones no eran constitutivas de inhabilitación "por no presentar reducciones anatómicas o funcionales que disminuyeran o anularan su capacidad laboral para la profesión habitual".
Lucha por la absoluta
Tras las correspondientes investigaciones, el Juzgado de lo Social número 6 de Madrid le otorgó la incapacidad permanente total, puesto que no podía desempeñar su profesión habitual por tener que estar de pie durante largos intervalos de tiempo. Teniendo en cuenta que su base reguladora era de 3.011,86 euros, tendría derecho a una pensión equivalente al 55% de dicha cantidad, es decir, de 1.656,52 euros mensuales.
Aunque ha recurrido para hacerse con la paga absoluta, los magistrados aseguran que, de los hechos probados, "no se deduce la existencia de dicha capacidad residual, al menos por el momento". De este modo, mientras no se acredite "mala evolución en las soluciones médicas aplicadas", no procede la concesión de la incapacidad permanente absoluta.