Una agente de policía de Saboya del Norte ha sido condenada a siete meses de prisión condicional por un delito de fraude fiscal agravado, tras descubrirse que durante años ocultó ingresos procedentes de un criadero de perros que regentaba paralelamente a su labor profesional.

Según el fallo del Tribunal de Distrito de Saboya del Norte, la condenada deberá también indemnizar a la Agencia Tributaria con más de 57.000 euros en concepto de impuestos no declarados e intereses de demora.

La investigación reveló que entre 2021 y 2023, la mujer vendió 124 cachorros, obteniendo ingresos por valor de 170.000 euros. En total, había registrado 162 perros, algunos criados por ella misma. Su criadero, activo desde 2001, se especializaba en tres razas diferentes.

La acusada había declarado una renta muy por debajo de la real —unos 89.000 euros menos, según determinó la administración tributaria tras una inspección. Aunque Hacienda aceptó 55.000 euros como gastos válidos de la actividad, la mujer afirmó que sus costes reales superaban los 158.000 euros.

Durante el juicio, la acusada alegó que consideraba la cría de perros como una afición sin fines lucrativos y negó haber cometido ningún delito. Aseguró no haber ocultado información intencionadamente ni haber incumplido sus obligaciones fiscales de forma consciente. 

También destacó que la investigación ya le había causado consecuencias personales y profesionales: había sido suspendida de su cargo como policía y enfrentaba la posibilidad de perderlo definitivamente si se confirmaba la condena.

No obstante, el tribunal consideró que las actividades de la mujer eran “extensas, sistemáticas y regulares”, y que generaron ingresos significativos, propios de una actividad económica y no de un simple pasatiempo. Además, recalcó que todo residente en Finlandia está obligado a conocer sus responsabilidades fiscales, y que, como agente del orden, la acusada estaba en mejor posición que la media para entender el alcance legal de sus actos.

Aunque la Fiscalía solicitaba ocho meses de prisión condicional, el tribunal optó por una pena algo más leve, teniendo en cuenta varios atenuantes: la mujer había perdido todos sus bienes, se encontraba en bancarrota, había sido objeto de una ejecución hipotecaria y cooperó con la investigación. Además, no tenía antecedentes penales.