“Yo no me voy. Quiero quedarme en mi casa”. A Yves, de 85 años, se le quiebra la voz. Lleva bastón, arrastra las palabras y tiene que cuidar de su esposa, postrada desde hace tres años en una cama medicalizada. Pero el reloj corre en su contra: el próximo 2 de junio deberán abandonar la vivienda donde han vivido desde 2002. No lo ordena un banco ni una inmobiliaria. Lo exige un juez a petición de su hija adoptiva, la única descendiente legal del matrimonio.

La historia, contada por el diario francés L’Indépendant, arranca más de dos décadas atrás. El matrimonio, antiguo controlador de cine él y asistente maternal ella, adoptó a una niña de cuatro años después de acoger a casi una treintena de menores en situación vulnerable. Años más tarde, cuando atravesaban apuros económicos, decidieron proteger su vivienda familiar poniéndola a nombre de la hija. Repitieron el movimiento cuando se mudaron a Perpiñán. La casa, comprada con un préstamo que ellos mismos amortizaron desde 1986, quedó a nombre de la hija, pero nunca firmaron un usufructo notarial ni un contrato de alquiler. Tampoco pensaron que lo necesitarían.

Los problemas llegaron con la enfermedad. Primero ella, luego él. La pensión conjunta de 1.800 euros ya no daba para cubrir la hipoteca, las facturas, los tratamientos ni los impuestos. La hija, residente en el norte de Francia y con problemas económicos propios, recibió los requerimientos fiscales como titular del inmueble. Decidió entonces acudir a los tribunales, argumentando que sus padres vivían “a costa de la princesa”.

Una batalla legal sin final feliz

En 2019, la hija inició el proceso judicial para desalojarlos. Aunque un primer fallo reconoció que el matrimonio tenía derecho a una indemnización y les permitió seguir residiendo allí, también los obligaba a pagar 1.800 euros de impuestos atrasados y abrir la casa a potenciales compradores.

Pero el golpe definitivo llegó en marzo de 2025. La Audiencia de Montpellier les retiró cualquier derecho sobre la vivienda: “ocupantes sin título ni derecho”. La sentencia les daba dos meses para entregar las llaves. El 2 de abril, la prefectura les notificó por carta que, si no lo hacían, se ejecutaría el desahucio con apoyo policial. No hay más recursos disponibles.

Yves, desesperado, ha acudido a un nuevo abogado para tratar de revertir la situación y anular la donación por “ingratitud”. Pero el plazo corre, y la esperanza se agota. “No vamos a vivir 20 años más. Con esperar un poco bastaba”, lamenta. Aferrado a su bastón y a sus gatos, que todavía se pasean por el barrio, repite una y otra vez: “Esta casa la pagamos nosotros. No tienen derecho a echarnos como a perros”.