El juez impone una fianza de 25,8 millones de euros a 5 exdirectivos de la CAM
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha impuesto una fianza de 25,8 millones de euros a cinco exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a petición de la acusación particular del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Se trata de una fianza solidaria que el magistrado ha impuesto en previsión de una posible futura condena que supondría a la antigua cúpula de la CAM la obligación de hacer frente a la responsabilidad civil por los daños económicos generados a la caja. El diario El País informa de que la fianza deberá ser abonada en los próximos 15 días y, de no ser así, se procederá al embargo de los bienes de los implicados.
Gómez Bermúdez ya había retirado el pasaporte a los exdirectores generales de la CAM María Dolores Amorós y Roberto López Abad y había ordenado que ambos comparezcan cada 15 días en los juzgados más próximos a su domicilio. Las medidas impuestas apuntan a la apreciación por parte de Gómez Bermúdez de un evidente riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
Los otros tres imputados en la causa que investiga las irregularidades en la gestión de la caja alicantina -el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el expresidente Modesto Crespo- habían quedado libres sin la imposición de medidas cautelares.
ADJUDICACIÓN POR UN EURO
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell -que se la adjudicó por un euro- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
