Joaquim Nadal, exconseller catalán de Política Territorial, imputado por estafa

Joaquim Nadal, exconseller catalán de Política Territorial, imputado por estafa

Josep Renalias / WIKIMEDIA

Una juez ha citado como imputados al exconseller de Política Territorial durante el tripartito, Joaquim Nadal, y al exgerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasol) Emili Mas por una supuesta estafa, al ocultar a un empresario que unos terrenos que le ofrecieron como permuta eran inundables.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, la juez ha citado a Nadal (PSC) y a Emili Mas el 21 de noviembre a raíz de la querella de la empresa Varal Real State S.L, que cree que fue estafada porque la Generalitat le ofreció en 2006 como permuta unos terrenos inundables para que renunciara a construir un polígono en el paraje natural de Solius de Santa Cristina d'Aro (Girona).

Según sospecha la Fiscalía Anticorrupción, el detonante que llevó a las administraciones a cambiar de postura sobre el terreno e impulsar esta permuta fue la compra de una finca próxima a la zona del Molí de Reixac por parte de la familia del empresario José Manuel Lara en marzo de 2006.

Nadal, que fue alcalde de Girona entre 1979 y 2002 y conseller de Política Territorial entre 2003 y 2010, ya declaró en diciembre de 2013 por esta querella, en un caso en el que sostiene que siempre actuó con la más absoluta legalidad y en defensa del interés público para evitar un atentado de carácter ambiental.

LA ESTAFA

Varal Real Estate SL compró, en julio de 2005, una finca en el sector de Molí de Reixac por 6 millones de euros para desarrollar sus planes industriales. El terreno acababa de ser definido como zona urbanizable industrial en abril.

Sin embargo, el proyecto del empresario se topó con una fuerte oposición vecinal y ecologista, por el alto valor natural y paisajístico de la zona donde se iba a levantar el complejo industrial.

El 11 de octubre de 2006 el empresario firmó un convenio con el Ayuntamiento de Santa Cristina d'Aro y el Incasòl, tras varias negociaciones promovidas por el conseller Nadal, en virtud del cual Varal vendió a la Generalitat el 50% de la finca por 7,5 millones de euros, renunciando al desarrollo industrial de la zona, y adquirió a cambio como permuta derechos urbanísticos en la zona industrial de Bernades, que resultaron ser inundables.

Según el fiscal, en el convenio suscrito entre el Consistorio y la Generalitat con Varal no se detalló ni informó al empresario de que adquiría derechos urbanísticos en una zona inundable, lo que fue determinante para que el Incasòl renunciara finalmente en 2010 al proyecto de reparcelación de la zona.

Los problemas de humedades en estos terrenos obligaban a la promotora a afrontar una inversión mayor a la prevista y el polígono no llegó a desarrollarse, por lo que el empresario se sintió perjudicado y presentó una querella en los juzgados.

La juez también ha imputado al exgerente del Incasòl Emili Mas, que precisamente tuvo que abandonar su cargo en diciembre de 2009, al ser imputado por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por la trama Pretoria de corrupción urbanística, si bien su causa acabó siendo archivada.

Tras la imputación de Emili Mas por el caso Pretoria, el propio Joaquim Nadal, que todavía estaba al frente del departamento de Política Territorial y Obras Públicas, aseguró que ponía "la mano en el fuego" por su gestión en el Incasòl.