El PSOE rechaza "la suerte de gran hermano" que supondrán las escuchas sin permiso
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha expresado este sábado su rechazo frontal a "la suerte de 'gran hermano'" que, a su juicio, el Gobierno quiere poner en marcha autorizando la intervención de las comunicaciones de todo tipo en la investigación de delitos de especial gravedad sin permiso previo del juez.
En una conversación informal con periodistas durante la recepción por el Día de la Constitución celebrada en el Congreso, Sánchez ha denunciado que se trata de "una vuelta de tuerca más en el recorte de derechos" que se ha llevado a cabo en esta legislatura.
El anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado este viernes por el Gobierno prevé que por razones de urgencia, se puedan intervenir comunicaciones de todo tipo en la investigación de delitos de especial gravedad, sin autorización previa de la autoridad judicial, como es necesario en la actualidad.
Para Sánchez, esta "suerte de 'gran hermano' genera mucha desconfianza en los ciudadanos" y representa otro "recorte de derechos y libertades".
El líder socialista ha hecho hincapié en que durante este mandato, el Ejecutivo se ha volcado en medidas que han afectado a derechos sociales, con leyes como la de Seguridad Ciudadana o su intento de reformar la del aborto.
JUSTICIA LO JUSTIFICA
En cambio, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha justificado la posibilidad de intervenir comunicaciones en algunos casos sin autorización judicial previa y ha confiado en que esta medida cuente con el respaldo de los órganos consultivos y con el consenso de los grupos parlamentarios.
El ministro ha recalcado que no se trata de una práctica que se pueda generalizar y que está prevista sólo para asuntos muy concretos. Además, ha hecho hincapié en que si se efectuara una intervención de las comunicaciones, en todo caso debería informarse al juez en el plazo máximo de 24 horas.
El titular de Justicia ha informado de que este es un asunto que el Gobierno ha hablado previamente con el colectivo judicial y ha recordado que el anteproyecto de ley tiene aún diversos trámites que recorrer antes de que se apruebe.
Así, deberá ser informado por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo de Estado y, después, habrá la habitual tramitación parlamentaria. Catalá espera que los diversos organismos avalen la medida y que los grupos parlamentarios la apoyen también posteriormente.
