El TC suspende la ley de la Agencia Tributaria Catalana
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite, y por lo tanto ha dejado en suspenso de forma cautelar, el artículo 4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, por el que se crea la Agencia Tributaria de Cataluña.
El precepto fue recurrido por el Gobierno al entender que vulnera el derecho que los ciudadanos de toda España tienen a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, basado en que la norma catalana integra a los funcionarios de la agencia en cuerpos dependientes de la Generalitat.
El artículo 4 de la ley impugnada prevé la "integración voluntaria" de estos funcionarios en los cuerpos superiores de inspectores tributarios y técnicos de gestión de la Generalidad de Cataluña.
Asimismo, el Gobierno argumenta que se vulnera el artículo 103.3 de la Constitución que establece el acceso a la función pública "de acuerdo con los principios de mérito y capacidad", así como los artículos 55 y siguientes del Estatuto Básico del Empleado Público, "relativos al acceso al empleo público y la adquisición de la relación de servicio".
El tribunal ha dictado una providencia este lunes en la que acuerda dar traslado del recurso al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento de Cataluña, que dispondrán de 15 días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.
La decisión del alto tribunal no prejuzga su dictamen, sino que suspende temporalmente, durante cinco meses, la norma impugnada, en tanto resuelve sobre el fondo del asunto.
El citado artículo añadía a la Ley dos disposiciones adicionales relativas a la integración voluntaria (reconocimiento del derecho) de funcionarios en los Cuerpos Superior de Inspectores Tributarios y de Técnicos de Gestión Tributaria, ambos de la Generalidad de Cataluña.
"AFIXIA" Y "RECENTRALIZACIÓN"
La vicepresidenta y portavoz del Govern, Neus Munté, ha denunciado que la decisión del TC es una prueba más de la "asfixia" y la "recentralización" que aplica el Estado.
"Es muy lamentable que cada vez que el Govern toma una decisión para dar respuesta a una determinada problemática social o conseguir más recursos para destinarlos a políticas sociales responden siempre con suspensiones, negativas e impedimentos", ha denunciado Munté.
