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09/09/2013 07:28 CEST | Actualizado 08/11/2013 11:12 CET

Rafael Correa y la prensa

Con un sistema de partidos devastado, Correa, que los había calificado de "partidocracia", no encontró una oposición sólida, por lo que convirtió a los medios en sus adversarios políticos. Su luna de miel con la prensa terminó. Apenas electo, ya ordenó expulsar a un periodista de una rueda de prensa.

Es difícil imaginarlo, pero los primeros pinitos políticos de Rafael Correa fueron aupados justamente por los medios que ahora tanto vilipendia. Durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez era un asiduo invitado a programas de opinión y sus declaraciones eran reproducidas por la prensa escrita. Autocalificado como un "humanista cristiano de izquierda", fue siempre un feroz crítico de las políticas neoliberales y no le perdonaba a Gutiérrez su viraje a la derecha tras haber ganado las elecciones con un discurso de izquierda y el apoyo de grupos de esa tendencia.

Es así que cuando Gutiérrez es derrocado y reemplazado por su anodino vicepresidente, Alfredo Palacio, éste nombra al popular y combativo Correa como ministro de Economía. El cargo lo ocupó por menos de 4 meses, renunciando por las continuas discrepancias con Palacio en cuanto a la gestión económica, ya que quería llevar su discurso a los hechos, lo que le granjeó la inmediata simpatía de las organizaciones de izquierda, terminando su gestión como el más popular de los ministros y también como el más mediático.

Con ese perfil, los movimientos de izquierda vieron en Correa al candidato ideal para las elecciones presidenciales de 2006. Fundaron el movimiento Alianza PAIS y lo candidatizaron. Se manejó una campaña que ofrecía "refundar" al país y proponía una Asamblea Constituyente que redactara una nueva Constitución. Quedó finalista en la primera vuelta y casi toda la izquierda se unificó tras su candidatura para la segunda, granjeándose también el apoyo de un importante sector de la prensa, entre ellos el reconocido periodista Carlos Vera, devenido ahora en activista y radical opositor político. Su carisma, el apoyo popular a sus propuestas, el rechazo que generaba el otro candidato, el calamitoso estado de los partidos políticos tradicionales y la gran cobertura mediatica de su candidatura, entre otros factores, coadyuvaron a su triunfo.

Con un sistema de partidos devastado, Correa, que los había calificado de "partidocracia", no encontró una oposición sólida, por lo que convirtió a los medios en sus adversarios políticos. Y su luna de miel con la prensa terminó. El 10 de enero de 2007, apenas electo, ya ordenó expulsar a un periodista de una rueda de prensa en la ciudad de Portoviejo, acusándolo de querer obstaculizarla cuando éste reclamó por el retraso con que había empezado.

En mayo del mismo año, demandó al diario La Hora por un editorial que lo acusaba de gobernar con "tumultos, piedras y palos" y pronto empezó a hablar de una prensa corrupta y mercantilista, abriendo cada vez más frentes con periodistas, entrevistadores y medios. Durante una de sus cadenas semanales de los sábados, conocidas como "sabatinas", expulsó al editor de Opinión de Diario El Universo, Emilio Palacio por cuestionar su afirmación de que la prensa no dijo nada en sobre la crisis bancaria de 1999. Durante su Gobierno, varios periodistas han sido obligados a salir de sus espacios, varias emisoras de radio han sido clausuradas y se ha suspendido la publicidad oficial en varios medios escritos.

Quizá los ejemplos paradigmáticos son las demandas planteadas por Correa por 80 millones de dólares estadounidenses por injurias a El Universo, su editor de Opinión y sus directivos por un artículo de opinión escrito por Emilio Palacio en el cual, según el argumento de Correa, éste lo llamaba dictador, hecho del que, para el presidente, también era culpable el diario y sus directivos por haber permitido que dicho artículo se publique, (¡es decir, por no haber ejercido censura previa!); y a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita por 10 millones de dólares por ser los autores del libro El Gran Hermano, en el que se narran los negocios que el hermano del presidente, Fabricio Correa, mantenía con el Estado. El argumento de la demanda es que los autores aseveran que Rafael Correa conocía de los contratos que su hermano tenía con entidades estatales, lo que es prohibido por la Ley, pero la afirmación no es de ellos, si no del mismo Fabricio Correa. (Rafael Correa asegura que no conocía de dichos contratos, para determinar lo cual incluso conformó una inspección ciudadana, que determinó que el presidente sí conocía de los contratos. Todos sus miembros fueron enjuiciados por falso testimonio).

El presidente, que a través de una cuestionada reforma judicial tiene el control total del Consejo de la Judicatura, ente que nomina y destituye jueces, ganó en ambos juicio, en todas las instancias, (en el caso de El Universo hubo un escándalo denominado Chuky Seven que vale la pena analizar), pero ante la presión internacional decidió perdonar a los demandados y desistir de ambos procesos, aunque en su concepción de la libertad de expresión, su honor vale más.

Los enfrentamientos con la prensa no han cesado y se han vuelto pan de cada día. Durante las sabatinas se despedazan periódicos y se hacen malévolas críticas a medios y editorialistas. Se descontextualizan artículos de opinión y declaraciones y se utilizan a conveniencia del régimen.

La cereza del pastel es la aprobación el pasado junio por la Asamblea Nacional, de cuyo control total y absoluto se hizo el oficialismo en las últimas elecciones, de una restrictiva y fascistoide Ley Orgánica de Comunicación que ha puesto entre la espada y la pared a todos los medios nacionales. Ley que incluye una peligrosa y difusa figura denominada "linchamiento mediático", definida como "la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública". Norma que además quiere incluirse en el nuevo Código Penal que se encuentra en discusiones previas.

Frente a este panorama, en que la prensa está disminuida, quienes no están de acuerdo con las políticas autoritarias del Gobierno han encontrado en las redes sociales, en especial Twitter, una importante arma de combate, que critica al régimen con un lenguaje sarcástico, ácido y certero que éste no tolera, siendo frecuentes los enfrentamientos entre autoridades y tuiteros. Correa incluso ha mandado a detener al menos a tres tuiteros acusados de injuriarlo e incluso de poner en peligro su vida. Sin embargo, las críticas y ataques en la red social no cesan y su poder de convocatoria se pudo apreciar en días pasados cuando el régimen anunció su decisión de explotar las reservas petroleras (equivalentes al 20% de las reservas del país), del campo ITT (Ishpingo, Tiputini y Tambococha), localizadas en el Parque Nacional Yasuní en la Amazonía ecuatoriana tras declarar fracasado el proyecto de mantenerlas indefinidamente bajo tierra a cambio de una compensación económica por parte de la comunidad internacional.

Inmediatamente Twitter empezó a hervir con mensajes críticos a la iniciativa presidencial, convocando a marchas y protestas para proteger el Yasuní, las que finalmente se llevaron a cabo el pasado martes 27 de agosto, tornándose bastante violentas en cierto momento y dejando algunos manifestantes y policías heridos, de lo que también se hizo eco la red social. Al día siguiente el régimen, a través del secretario jurídico de la Presidencia propuso a la Asamblea Nacional incluir dentro del nuevo Código Integral Penal la regulación de la injuria en las redes sociales. El problema que descubrió el régimen luego de las protestas en defensa del Yasuní es que la Ley Orgánica de Comunicación, pese a su claro tinte restrictivo, se quedó corta en su afán controlador al dejar de lado la opinión en las redes sociales, pues en ésta se dispone expresamente que los contenidos en Internet publicados a título personal no están regulados.

Las temidas protestas hicieron tanta mella en el régimen, acostumbrado a sus bien orquestadas representaciones de apoyo popular, que llevaron incluso a Correa a afirmar que aquel estudiante que salga a protestar perderá su cupo en la escuela fiscal en la que estuviera inscrito, aunque luego, después de las avalanchas de críticas recibidas, también, a través de las redes sociales, por una afirmación tan evidentemente violatoria de los derechos humanos, rectificó diciendo que eso se aplicaría únicamente en caso de que salgan a protestar en horas de clase o paralicen servicios públicos.

Dentro de este embrollo ciberpolítico, la prensa, que dio un gran despliegue a la decisión del presidente de explotar el ITT, obviamente no podía salir bien librada, y Correa afirmaba (precisamente en Twitter): "Ahora los mayores 'ecologistas' son los diarios mercantilistas. Bueno, si vamos a consulta popular (a propósito de explotar o no el ITT), propondremos también diarios solamente digitales para ahorrar papel y evitar tanta tala indiscriminada de árboles".

Lo que olvida el presidente, y tal vez por eso la rápida gestión de su secretario jurídico para tratar de incluir la injuria en las redes sociales como delito, es que, como señalé antes, los contenidos en Internet publicados a título personal no están regulados en la nueva Ley de Comunicación ecuatoriana y que es irrelevante que la prensa escrita desaparezca o no, puesto que la prensa en línea está en auge, contando además con el apoyo abrumador de las redes sociales, en especial Twitter y Facebook, en las cuales se difunden contenidos sin restricción alguna, y con un acceso a Internet cada vez mayor. Prueba de lo dicho es el mismo Huffington Post. Así que si el presidente Correa espera que las críticas a su gestión desaparezcan si la prensa se vuelve digital, este post, que también se divulgará en Twitter y Facebook, le demuestra lo contrario.