Unidos contra la pobreza energética
Cuando el término "pobreza energética" empezó a usarse de forma común hace algunos años, algunos nos preguntamos si era útil. La pobreza es la pobreza, y tal vez trocearla, diseccionarla, descomponer sus partes no era la mejor idea. El objetivo tenía que ser la erradicación de la pobreza por completo. Temíamos que tal vez dividiéramos los esfuerzos por áreas y termináramos resultando menos efectivos. ¿Y si después de todo terminábamos solucionando una parte del problema para dejar otra sin resolver? Para explicar por qué esto no es así y por qué es una buena idea aislar la pobreza energética como problema en sí mismo, me gustaría leerles lo que dice el Observatorio de la Unión Europea para la Pobreza Energética en su página web:
"La pobreza energética es una forma específica de pobreza asociada con una serie de consecuencias adversas para la salud y el bienestar de las personas, como enfermedades respiratorias y cardíacas y salud mental, exacerbadas debido a las bajas temperaturas y el estrés asociado con las facturas de energía que no se pueden pagar. De hecho, la pobreza energética tiene un efecto indirecto en muchas áreas políticas, incluidas la salud, el medio ambiente y la productividad. Abordar la pobreza energética tiene el potencial de brindar múltiples beneficios, incluyendo menos dinero gastado por los gobiernos en salud, reducción de la contaminación del aire, mayor comodidad y bienestar, mejores presupuestos familiares y mayor actividad económica.
La conciencia de la pobreza energética está creciendo rápidamente en toda Europa, y el tema se está integrando cada vez más en las actividades de la Unión Europea, como lo demuestra la propuesta legislativa emblemática de la Comisión Europea Energía limpia para todos los europeos, que se anunció el 30 de noviembre de 2016. Como tal, ahora es más importante que nunca construir una red especializada de partes interesadas que trabajan en la pobreza energética en Europa".
Fin de la cita.
Lo primero que quiero destacar es que, de alguna manera, el concepto de pobreza energética permite aterrizar un concepto relativamente abstracto. Vinculamos la pobreza con las carencias, con la falta de recursos, pero aquí hablamos de efectos muy concretos sobre la salud y el bienestar de las personas. Efectos muy destructivos. Creo que hablar de pobreza energética permite buscar soluciones de la mano de los actores implicados, analizar el fenómeno y diseñar planes adecuados.
Me ha llamado la atención que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 el problema de la pobreza energética no está tratado de forma específica. De hecho, está dividido en dos de los objetivos, el primero -Fin de la pobreza -y el séptimo -Energía asequible y no contaminante-. Reflexionando sobre los motivos se me ocurre que los objetivos son globales, de modo que están más orientados a aquellas regiones donde la pobreza es más intensa y acuciante, que suele coincidir con regiones relativamente cálidas (África y Asia meridional concentran la mayor parte de la pobreza). La falta de acceso a la energía por ausencia de recursos es un problema más grave en los climas fríos. Es en invierno, cuando no se puede pagar la calefacción, cuando el asunto se adquiere su cara más dramática, aunque por supuesto el problema persista durante todo el año y no pueda limitarse a este aspecto. En cualquier caso, solucionar la pobreza energética es clave para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que establece la Agenda 2030.
En Europa la pobreza energética está relacionada con la desigualdad. Por eso, hasta hace poco, resultaba invisible. Pero en la Unión Europea hay más de 50 millones de hogares que están luchando por calentar la vivienda, pagar sus facturas y vivir en condiciones dignas, alrededor del 10-20% del mercado inmobiliario. La pobreza energética ha estado presente en el vocabulario legal de las instituciones europeas durante al menos diez años. Ya en del Tratado de Lisboa surgió el impulso para la redacción del Tercer Paquete de Energía y su posterior adopción en 2009, lo que llevó a la pobreza energética y la vulnerabilidad a la política energética general de la UE, y la estableció como un problema europeo. Desde entonces, el conocimiento de la pobreza energética ha ido aumentando y ganando posiciones entre las prioridades políticas de las instituciones.
Esta prioridad se ha plasmado en el paquete legislativo de la Comisión Europea Energía limpia para todos los europeos. Este paquete incluye la Directiva sobre el rendimiento energético en edificios, que destaca la "necesidad de aliviar la pobreza energética... de acuerdo con los criterios definidos por los Estados miembros" y subraya que los Estados miembros pueden esbozar "acciones nacionales que contribuyan al alivio de la pobreza energética en sus estrategias de renovación". Como es habitual, desde Europa marcamos una línea a seguir que después deben aplicar los Estados.
La Directiva de Eficiencia Energética y el Reglamento de Gobernabilidad hacen mención específica a la pobreza energética, e incluye el establecimiento de objetivos ambiciosos y globales de eficiencia energética y la formulación de normas transparentes y públicas sobre la asignación del costo de calefacción, refrigeración y el consumo de agua caliente. También se prevé la integración de los principios de "eficiencia energética primero" al tomar decisiones sobre nuevas inversiones en infraestructura, así como la obligación de los Estados Miembros de informar sobre los datos de pobreza energética y de establecer objetivos para su reducción en los Planes Nacionales de Energía y Clima.
Por último, quiero destacar la creación del ya mencionado Observatorio de la pobreza energética de la UE. Tiene como objetivo promover la participación pública, la divulgación de datos y buenas prácticas, facilitar el intercambio de conocimientos y apoyar la toma de decisiones informadas a nivel local, nacional y europeo.
Para ver el problema desde un ángulo esencial -y más ahora que acabamos de celebrar el Día Internacional de la Mujer -me gustaría destacar un reciente estudio, centrado en la Comunidad de Madrid, que muestra que las mujeres son más vulnerables a la pobreza energética. El estudio es de la Universidad Politécnica de Madrid y demuestra que, aunque el 23% de los madrileños están en riesgo de sufrir pobreza energética, la vulnerabilidad asociada aumenta hasta el 31,8% en el caso de los hogares en los que las mujeres aportan la mayor parte del sustento, siendo de hasta el 44,6 % en el de los hogares unifamiliares de mujeres mayores de 65 años, o hasta el 51,2% en el de los hogares monoparentales configurados por una mujer con uno o más hijos al cargo.
Uno de los motivos por los que tenía mucho interés en organizar este evento es precisamente la participación de Naturgy. A lo largo de esta legislatura, he tomado parte e intervenido en distintas iniciativas que pretendían establecer alianzas entre las instituciones públicas y las organizaciones privadas, singularmente las grandes empresas. Yo vengo de la empresa privada y creo firmemente en estas formas de cooperación. Sin duda, en la materia que nos ocupa, no se puede hacer nada sin contar con el sector energético, con su conocimiento y sus recursos.
Me parece importante destacar que esta cooperación tiene que ir más allá del concepto de Responsabilidad Social Corporativa. Creo que del diálogo y el intercambio deben salir propuestas y objetivos vinculantes que comprometan a todos los actores, incluidas las compañías del sector. Mi opinión se funda en que aquí estamos hablando de una cuestión de Derechos Humanos. El artículo 25 de la Declaración Universal comienza así: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar". Como no extrañará a nadie, la Declaración no hacía una mención explícita a la pobreza energética, pero es obvio que este problema pone en riesgo la salud y arruina el bienestar de quienes lo sufren. Cuando hablamos de Derechos Humanos, nuestro único contrato global, debemos asegurarnos de que nos damos las normativas y herramientas adecuadas y de que se cumplen por parte de todos.
Hace unos meses publiqué un libro titulado "Eres liberal y no lo sabes". El título es algo que yo me dije a mí misma hace años. De vez en cuando me encuentro con la incomprensión por parte de otros liberales que me reprochan ciertas posturas que para ellos son intervencionistas. Este podría ser uno de estos casos. La respuesta de cierto liberalismo al problema de la pobreza (de hecho, a cualquier problema) siempre es la desregulación y la libertad de mercado. Yo no comparto este punto de vista. Mi liberalismo es más amplio e integrador, y también creo que más ajustado a los hechos. El sector energético es uno de los más complejos y delicados de la economía. Proporciona la base de toda actividad económica. Influye en los costes y precios de todo, porque todo producto o servicio que consumimos lleva energía en sus costes, desde le plátano de Canarias que hay que transportar hasta las dos horas que pasamos en el cine viendo una película. La energía afecta al medio ambiente y con él al futuro del planeta. Todos los países la consideran estratégica por buenas razones, temen que quede en manos extranjeras porque los haría dependientes. Necesitamos compañías rentables que sean capaces de llevar a cabo inversiones muy costosas y a las que les quede dinero para invertir en investigación y desarrollo. Al mismo tiempo, el precio de la energía es un factor electoral importante. No es realista creer que con liberalizar se vayan a solucionar los problemas. Todo es más complicado.
La preocupación por el cambio climático ha monopolizado buena parte del debate y la actividad política sobre energía. Es lógico que así sea, se trata de un problema que es imposible exagerar. Pero al mismo tiempo debemos ser conscientes de que las políticas públicas no pueden olvidarse del coste de la energía. Creo que es adecuado que en todos los planes energéticos nacionales, como solicita la Unión Europea, se incluyan medidas concretas contra la pobreza. Tiene que ser un factor fundamental en todo lo que se haga. Y el objetivo de una energía barata no debe despreciarse.
No quiero terminar sin mencionar un caso doloroso de pobreza energética nacional, en un país que vive horas difíciles en las que se mezclan la esperanza con el temor. Venezuela es una potencia energética, un país con altísimas reservas de petróleo. En general, disfruta de un clima cálido. Sin embargo, ha sufrido apagones de forma recurrente desde hace ya varios años. Apagones que, convertidos ahora en otra arma de opresión, están costando en estos últimos días decenas de vidas, especialmente las de enfermos en los hospitales. Sé que es un caso extremo de gestión delirante y corrupción vinculada precisamente al petróleo, pero como estamos hablando de Derechos Humanos, creo que es pertinente recordar aquí hasta dónde puede llegar la responsabilidad de los políticos y de las empresas energéticas. Hoy, Venezuela es un país en el que falta incluso aquello que les sobra.
Resumiendo, creo firmemente en la colaboración de los poderes públicos con las empresas del sector energético. Me parece que la cuestión de la energía es un asunto estratégico que nos obliga a considerarlo desde todos los puntos de vista. Uno de ellos tiene que ser el de la pobreza. Nuestra guía deben ser los Derechos Humanos, la Agenda 2030 y la legislación europea al respecto. Es un asunto global con implicaciones mundiales. Pero la aplicación de políticas deberá ser local y centrada en los colectivos vulnerables, sin olvidar nunca que las mujeres, los niños y los ancianos son los que más riesgo sufren. Los ciudadanos nos exigen a los políticos soluciones, pero cada vez más se las piden también a las compañías y a los líderes sociales. Las empresas y los altos ejecutivos que adopten un discurso claro en las materias que preocupan a los ciudadanos tendrán su reconocimiento. Estamos juntos en esto porque la pobreza energética es un problema de todos.
