Diez horas sin electricidad. Ese fue el tiempo que España y Portugal se pasaron a oscuras el pasado abril. No fue ni un corte puntual ni tampoco una caída menor: con semáforos apagados, trenes detenidos, hospitales activando protocolos de emergencia y personas que perdieron la vida. Al principio se habló de un simple fallo técnico, pero no lo fue. "Fue una advertencia”, escriben en Euractiv el ex secretario de Estado de Asuntos Europeos de Portugal, Tiago Antunes, y el ex vice primer ministro y ministro de Exteriores de Moldavia, Nicu Popescu, hoy ambos investigadores en el European Council on Foreign Relations.

En Bruselas, conscientes de que el apagón ha sido un aviso, han empezado a moverse. El Banco Europeo de Inversiones, que preside Nadia Calviño, ha aprobado una inyección de 1.600 millones para el proyecto del Golfo de Vizcaya, con el que se duplicará la capacidad eléctrica entre España y Francia. Es un primer paso, pero no basta. Porque el apagón ha dejado claro que Europa tiene un problema de fondo: demasiadas regiones aún no están bien conectadas entre sí. Y, sobre todo, se tarda demasiado en reaccionar.

Lo ocurrido en España y Portugal no es una excepción. En Ucrania llevan años sufriendo apagones que han provocado los bombardeos rusos contra su infraestructura energética. Moldavia se quedó sin luz en otoño de 2022, cuando un ataque dejó fuera de servicio su principal vía de suministro: la red eléctrica ucraniana. Como no tenía conexión directa con Rumanía, no había margen de maniobra. Se repetía el patrón que se ha vivido ahora: poca interconexión, dependencia de un solo eje y falta de planes de contingencia reales.

“El problema es que Europa sigue funcionando con reglas de tiempos de paz”, explican Antunes y Popescu. Y eso, en un contexto de crisis permanentes, ya no sirve. No existen mecanismos legales para acelerar la construcción de infraestructuras críticas. Tampoco hay procedimientos comunes que permitan coordinar respuestas rápidas. “No hay leyes linterna ni carriles rápidos”, advierten. Cada país aplica su propia normativa, a largo plazo y escasa coordinación transfronteriza. Resultado: una parálisis burocrática que impide anticiparse a las crisis.

Ante situaciones de este tipo, ambos plantean una solución: una EU Preparedness Act. Un documento que sería el equivalente europeo a la Defense Production Act de EEUU, en vigor desde 1950, que permite al Gobierno federal intervenir directamente en situaciones críticas. Gracias a esa ley, Estados Unidos ha podido construir grandes infraestructuras, acelerar la fabricación de respiradores durante la pandemia o resolver crisis de suministro de productos básicos.

En su versión europea, la norma permitiría movilizar recursos con mayor rapidez, activar fondos de emergencia y acelerar proyectos clave como los interconectores eléctricos o los corredores energéticos. No sustituiría a las leyes nacionales, pero ofrecería un marco común para actuar sin perder tiempo. “Ser lentos en una crisis mata”, insisten. 

Europa vive ahora en paz, pero también está rodeada de amenazas: con guerras en las fronteras, sabotajes, ciberataques o desastres naturales. Y sin embargo, sigue operando con una lentitud que la deja expuesta. “Europa no puede esperar a que ocurra el siguiente apagón, al próximo sabotaje o a otro desastre climático para reaccionar. Hacen falta las herramientas legales, administrativas y financieras para actuar con la misma rapidez que las crisis", advierten Tiago Antunes y Nicu Popescu.