A dos años de jubilarse, deja su empleo por un engaño y acaba cobrando 13.800 euros de indemnización
Un tribunal lituano declara ilegal el despido al considerar que no fue voluntario y da la razón al trabajador tras analizar las circunstancias de la firma.
Que una persona firme una renuncia no siempre quiere decir que ese alguien quiera irse. A veces, sencillamente, es que no se ha entendido lo que está firmando. Eso es lo que ha reconocido la Justicia en Lituania en el caso de un trabajador al que le quedaban apenas dos años para jubilarse y que terminó fuera de su empleo tras estampar su firma en unos documentos cuyo contenido no comprendía.
La legislación laboral lituana permite que un trabajador rescinda su contrato por iniciativa propia, pero pone un límite: la decisión tiene que ser libre. Sin presiones, sin amenazas y sin engaños. Tal y como ha explicado la abogada Eglė Kiznė a 15min.lt, “la voluntad del trabajador debe ser libre; colar un documento para que lo firme es ilegal, es un engaño".
En este caso concreto, según ha detallado la letrada, a este trabajador le pusieron delante varios documentos para firmar sin explicaciones claras sobre su contenido. No se trataba de un trámite menor: lo que estaba firmando era, en la práctica, su salida de la empresa. “El trabajador no quería irse del trabajo; le quedaban apenas un par de años para cobrar la pensión”, ha subrayado Kiznė.
Firmar, sin embargo, no cierra siempre la puerta. La abogada recuerda que la ley permite retirar una solicitud de dimisión en un plazo de tres días laborables desde su presentación, siempre que el contrato aún no se haya extinguido. Es decir, que una firma no convierte automáticamente una renuncia en válida si el consentimiento no fue real.
El tribunal lituano ha ido más allá y declaró directamente que el despido había sido ilegal. La resolución obliga al empleador a pagar más de 13.800 euros en concepto de ausencia forzada del trabajo, una cantidad que incluye también otras compensaciones y los gastos derivados del proceso judicial.
La propia Kiznė ha utilizado este caso para explicar cómo se producen estas situaciones en la práctica. En una publicación en su cuenta de Instagram, la abogada reconstruye la escena paso a paso: un trabajador llega a su puesto, se encuentra con su superior, el jefe y la contable, le dicen que ha cometido algunos errores y le insisten que “hay que firmar urgentemente”. Firma sin poder leer los documentos. Al día siguiente descubre que, sobre el papel, se ha marchado “por voluntad propia”.
El mensaje que acompaña al relato es claro y directo: firmar un papel no siempre equivale a consentir. “Parece que firmaste, así que aceptaste. No siempre”, advierte la letrada, que recuerda que el Código Laboral protege al trabajador cuando la voluntad se obtiene mediante presión o engaño. También insiste en un detalle que suele pasar desapercibido: existe un plazo de tres días laborables para retirar una solicitud de dimisión, siempre que el contrato aún no se haya extinguido.
El caso sirve además como advertencia para otros trabajadores. Según explica Kiznė, quien se sienta presionado o engañado al firmar una renuncia puede acudir a la Comisión de Conflictos Laborales en el plazo de un mes desde el despido. Eso sí, con una condición clave: aportar pruebas y un relato convincente de que, en realidad, no quería marcharse.
