La oferta pública de adquisición (OPA) hostil que BBVA lanzó hace algo más de un año por Sabadell sigue adelante y la pelota sigue en el tejado del Gobierno. Este miércoles, la Audiencia Nacional ha rechazado la medida cautelarísima contra la consulta pública planteada por Moncloa.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha adoptado la decisión por mayoría, pero también ha contado con el voto discrepante de uno de sus miembros, partidario de estimar la medida cautelar de suspensión.

La sala cree que suspender la consulta "carece no ya de especial urgencia, sino de virtualidad alguna". y consideran que dentro de las competencias propias de la sala "no alcanzan a revisar futuribles actos del Consejo de Ministros, ni por tanto a suspenderlos o condicionarlos".

"Será dentro de dicha motivación donde habrá de verse en qué medida se utiliza el resultado de la consulta pública para construir las razones de interés general distintas de la defensa de la competencia en los márgenes del artículo 10 de la Ley de Defensa de la Competencia", ha señalado.

El auto también indica que la petición de la medida, basándose en una "cuestionable vía de derecho", impactaría sobre el desarrollo de la tercera fase del análisis de la OPA, lo que "supone ya de por sí una grave perturbación de intereses generales y de particulares, en cuanto a que dicha operación de concentración sea resulta definitivamente en lo que concierne a lo dispuesto en el ámbito de competencia" y para que pueda pasar ya al marco del mercado de valores.

Sin embargo, la Audiencia Nacional, que prosigue el estudio del recurso que presentó el bufete el lunes 26 de mayo y de la pieza separada de medidas cautelares, indica que lo expuesto es sin perjuicio de la posibilidad de recurso frente a la resolución del Consejo de Ministros dictada en los márgenes de la Ley de Defensa de la Competencia.

Una decisión "con todas las garantías"

Fue el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el que anunció el pasado 4 de mayo la apertura de una consulta a la población para recabar la opinión de organizadores, ciudadanos y asociaciones. Algo que se adoptó para que el Consejo de Ministros pueda tomar la decisión "con todas las garantías".

La medida del Gobierno era la de endurecer, en el caso de que así lo crean necesario las organizaciones, los compromisos con que BBVA garantizó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para dar luz verde a la operación.

El rechazo de la Justicia a la medida cautelarísima contra la consulta coincide con la elaboración de un informe por parte del Ministerio de Economía con las principales conclusiones, junto a otros cuatro ministerios. Por si fuera poco, Bruselas dio un tirón de orejas al Gobierno la pasada semana y cree que no hay razones por las que se pueda "rechazar o bloquear la transacción".