El Gobierno da luz verde a los proyectos de ley de convivencia universitaria y FP

El Gobierno da luz verde a los proyectos de ley de convivencia universitaria y FP

Los universitarios podrán ser expulsados por plagiar o por hacer novatadas, mientras que el proyecto de formación profesional reforzará la modalidad dual.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de MinistrosJavier Lizón / EFE

El Gobierno ha aprobado dos relevantes proyectos de ley en materia educativa este martes. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley de FP que consolida un único sistema de Formación Profesional Dual, además de la Ley de Convivencia Universitaria. Así lo ha anunciado la ministra de Educación, Pilar Alegría.

La primera está dirigida a estudiantes y trabajadores para facilitar itinerarios formativos a lo largo de su vida profesional, al que se destinarán 5.474,78 millones de euros para su implantación en cuatro años. Por otro lado, la nueva ley de convivencia universitaria castiga con la expulsión de hasta tres años al alumno que plagie, falsee documentos, destruya patrimonio o haga novatadas, un régimen disciplinario que será de aplicación para las universidades públicas y privadas.

El anteproyecto de ley aprobado para su posterior tramitación parlamentaria deroga el reglamento franquista de 1954 sobre disciplina académica, con lo que se actualiza y adecúa al “marco constitucional”, ha informado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Es una norma que “busca sobre todo vías de mediación” en lugar de la sanción para resolver los conflictos, ha añadido.

Las novatadas y el plagio, en el punto de mira

La Ley de Convivencia Universitaria sólo será de aplicación a las universidades públicas, que deberán aprobar sus propias normas y cuyo régimen disciplinario se dirige en exclusiva a los estudiantes.

De acuerdo con este texto, las novatadas, el plagio o el acoso pueden ser sancionados con la expulsión de entre dos meses y tres años en la universidad, y clasifica las faltas en tres niveles en función de su gravedad.

Entre las faltas figuran el plagio de una obra o cometer fraude académico en un trabajo de fin de grado, fin de máster o tesis doctoral; alterar o falsificar documentos académicos, y hacer novatadas u otras conductas análogas que supongan menoscabo para la dignidad de las personas. La instrucción de un procedimiento disciplinario puede suspenderse para proceder a una mediación, un mecanismo esencial de la norma.

Apuesta total por la FP Dual

Por otro lado, el anteproyecto de ley de Formación Profesional, que integra por primera vez la FP del sistema educativo y la FP para el empleo en un solo modelo, prevé que prácticamente toda su oferta formativa pase a ser dual, de modo que se aumenta el tiempo de estancia de los alumnos en los centros de trabajo.

Entre sus novedades figura el establecimiento de un sistema gradual y acumulable, que abarca desde microformaciones hasta cursos de especialización, dirigida tanto a estudiantes y trabajadores, (empleados y desempleados) y ordenada en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes. Toda la oferta en ciclos de los Grados C, D y E tendrá carácter dual.

Grado A (Acreditación parcial de competencias)

Grado B (Certificado de Competencia Profesional)

Grado C (Certificado Profesional)

Grado D (Ciclos Formativos: Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior)

Grado E (Cursos de especialización: título de especialista y Máster Profesional).

La nueva norma regulará la relación entre las enseñanzas de Formación Profesional y las universitarias, facilitando el diseño de itinerarios formativos que permitan transitar sin obstáculos entre los dos sistemas y en ambos sentidos. El texto contempla el impulso a nuevos modelos de colaboración, proyectos compartidos, o el intercambio de recursos y espacios para generar transferencia de conocimiento y la puesta en común de buenas prácticas.

Con este nuevo sistema, el Ministerio de Educación prevé que más de tres millones de personas puedan acreditar sus competencias en cuatro años, cuando tan solo 300.000 lo consiguieron con el modelo anterior.