Ingobernabilidad en Catalunya, ¿qué otra cosa podíamos esperar?
Mariano Rajoy usó el artículo 155 de la Constitución para destituir al gobierno de la Generalitat y convocar las elecciones en Catalunya del pasado 21 de diciembre. Durante la campaña electoral dos cabezas de lista no pudieron hacer campaña. Oriol Junqueras estaba preso y Carles Puigdemont fuera del país para evitar correr la misma suerte que su vicepresidente. El mandato popular surgido de esas elecciones determinó una mayoría absoluta de los partidos independentistas, aunque no legitimaba ni la DUI ni el referéndum del 1-O. El 47% del voto cosechado por el bloque independentista, con Ciutadans como fuerza más votada en Catalunya, permite a ERC y Junts Per Catalunya gobernar con el apoyo de la CUP, pero en términos éticos hace inviable continuar la vía unilateral a la independencia.
Según el reglamento del Parlament, texto donde reside la autonomía de uno de los tres poderes de un estado de derecho, uno de los derechos de los diputados o diputadas es poder optar a la investidura como President de la Generalitat. Es una de las pregorrativas parlamentarias. Sin embargo, tras las preceptivas rondas de consultas del presidente del Parlament con los grupos políticos, la Justicia ha ido tumbando uno a uno a los posibles candidatos a la investidura. El Parlament de Catalunya hoy no dispone de la autonomía que debe emanar de la separación de poderes que definió Montesquieu.
La judicialización de la política, o mejor dicho, el abandono de la política que ha practicado el gobierno de Mariano Rajoy durante los últimos años, ha deteriorado gravemente la democracia en España. El desafío de Catalunya al Estado, pero sobre todo a la concepción uninacional de la España aznarizada, debía resolverse en el terreno de la política. La incomodidad de Catalunya -el desapego que advertía el President Montilla en 2010- obligaba y obliga a un proceso constituyente. La opción de no acometer dicho cambio constitucional en España, la de mirar hacia otro lado, hoy no es una hipótesis y ya conocemos el resultado: 10 presos, que diversos partidos y organizaciones internacionales califican como presos políticos, 9 en cárceles españolas y 1 en Alemania.
El 22 de mayo es la fecha límite para poder formar Gobierno en Catalunya. Podría haberlo. O podría no haberlo y ello obligar a repetir elecciones. La situación política en Catalunya no es normal y eso se traduce en las dificultades para la formación de Gobierno. Hay un conflicto constitucional larvado en el reparto de la soberanía que ha colapsado la institucionalidad de la democracia, no solo en Catalunya, sino también en España y que está teniendo efectos fragmentadores de la sociedad catalana con una peligrosa y posible etnización.
No es posible continuar en el enroque y mirar hacia otro lado como hace Mariano Rajoy, ni tomar la bandera de Aznar y cierra España que enarbola Albert Rivera. Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona han demostrado que es posible la reconexión. Tan solo hace falta seguir el ejemplo de sus alcaldesas. Más política y más fraternidad como ingredientes para volver a una deseable normalidad.
