La Fiscalía mantiene la acusación de rebelión a los líderes del 'procés'

La Fiscalía mantiene la acusación de rebelión a los líderes del 'procés'

La Abogacía del Estado insiste en sedición

MADRID, SPAIN – FEBRUARY 12: (Front bench L-R) Former Catalan Minister of the Interior Joaquim Forn, former Catalan Minister of Foreign Affairs Raül Romeva and former Catalan Vice-President Oriol Junqueras, (second bench L-R) former Catalan M...Pool via Getty Images

El juicio del procés va llegando a su fase final. La Fiscalía ha ratificado su acusación por rebelión contra los líderes independentistas al considerar que la prueba practicada corrobora la existencia de la violencia, de manera que pide 25 años de prisión para Oriol Junqueras y 17 para Carme Forcadell y los Jordis.

El Ministerio Público ha elevado a definitivas sus conclusiones, por lo que mantiene invariables las penas de prisión que solicita contra los 12 acusados tras tres meses y medio de vista oral, en los que a su juicio no hay duda de que el “procés” fue una rebelión consumada, en la que se empleó dinero público (malversación) y se desobedeció la legalidad vigente (desobediencia).

Tan solo ha modificado una cuestión para que se aplique el artículo 36.2 del Código Penal que dice que la pena de prisión tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años, salvo excepciones, y que impide conceder el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena, de manera que la Generalitat no podría concedérselo en caso de estar en cárceles de Cataluña.

Se trata de una cláusula de estilo que se suele poner habitualmente para que el juzgado de vigilancia penitenciaria no conceda el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena, es decir, para que no aplique beneficios antes de tiempo.

La clave está en que serviría de cordón sanitario contra una hipotética intervención de la Generalitat para excarcelarlos de las prisiones de Cataluña, donde previsiblemente cumplirán la pena en caso de ser condenados, al tener competencias en materia penitenciaria.

La Abogacía del Estado insiste en penas menores

La Abogacía del Estado, en cambio, se ha reafirmado en su acusación por sedición para la cúpula del “procés” y ha mantenido su petición inicial de 12 años de cárcel para el exvicepresident Oriol Junqueras, a quien también imputa malversación; 10 para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y 8 para los Jordis.

No cambia tampoco su petición de 11 años y medio para los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa por sedición y malversación, ni la de 7 años para Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs por malversación y desobediencia.

Así lo ha anunciado Rosa Seoane, jefa de lo Penal de la Abogacía del Estado -dependiente del Gobierno- ante el Tribunal Supremo al elevar sus conclusiones a definitivas.

Vox retira acusaciones contra Vila

La acusación popular que ejerce Vox en el juicio del “procés” ha decidido elevar a definitivas sus conclusiones provisionales salvo en lo que concierne a Santi Vila, a quien ya no ve responsable de delitos de organización criminal y malversación y tan solo lo acusa de desobediencia.

El letrado de Vox ha anunciado este cambio en el turno para las calificaciones que tiene lugar hoy, en la jornada 49 del juicio, una vez terminada la práctica de todas las pruebas.

De este modo, el partido que acusa en el juicio no solicita penas de prisión para Vila, dado que la desobediencia no está castigada con cárcel.

Vox quiere que el tribunal condene al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raul Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull a 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, uno de organización criminal y otro de malversación de caudales públicos.

Para los exconsellers Meritxell Borràs y Carles Mundó solicita 24 años de prisión y multa de 108.000 euros, como autores de un delito de organización criminal, otro de desobediencia y uno de malversación de caudales públicos. Era la misma condena que reclamaba inicialmente para Vila.

Pide que Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell sean condenados a 52 años de prisión por dos delitos de rebelión o, alternativamente, de sedición, y un delito de organización criminal.