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21/07/2021 07:17 CEST | Actualizado 21/07/2021 07:17 CEST

La Ley de Memoria que las víctimas y la sociedad necesitan

No podemos esperar otros catorce años a una nueva Ley que satisfaga los derechos irrenunciables de las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación.

EFE
Vista de algunos de los doce cadáveres encontrados en el interior de un pozo de Arucas (Gran Canaria), uno de los llamados "Pozos del Olvido" de la Guerra Civil, donde se calcula que puede haber hasta 27 "desaparecidos" de la represión franquista.

El Gobierno de España ha aprobado trasladar al Parlamento el Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Los colectivos memorialistas hemos valorado positivamente varios aspectos concretos del mismo. Constituye un claro avance con respecto a la Ley de 2007, y abre el camino a la implementación de políticas públicas de Memoria por parte de las instituciones.

En un tema simbólico, pero de especial relevancia como la condena del golpe de Estado y de la dictadura, creemos que es asumido en el Proyecto de manera poco contundente, y tendría que ocupar un lugar más destacado. Debería además fundamentarse en las resoluciones de condena aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1946, que equiparaban a la dictadura franquista con el nazismo y el fascismo.

Es esencial la apuesta del Proyecto por trasladar el conocimiento de la Memoria Histórica a los diversos niveles educativos: uno de los grandes problemas y déficits de nuestra democracia es una herencia recibida que no ha cuestionado los mitos y falsificaciones franquistas de la historia. Amplios sectores de la población siguen viendo, como algo natural, comportamientos y declaraciones de muchos dirigentes políticos que serían inconcebibles en las democracias que se fundaron sobre la derrota de los fascismos en 1945.

Asimismo hay que destacar en el haber del Proyecto de Ley la inclusión de un régimen sancionador, ya que la carencia de desarrollo reglamentario ha sido una de las causas del fracaso de la Ley de Memoria de 2007.

Pero en nuestra opinión el Proyecto renuncia a la oportunidad de desmantelar el llamado Modelo Español de Impunidad, no incluyendo, por ejemplo, una declaración de nulidad de uno de los pilares fundamentales de la impunidad de los crímenes del franquismo: la Ley de Amnistía de 1977. En varios países del mundo se está juzgando y condenando a responsables políticos y ejecutores de crímenes contra la humanidad, por hechos similares y coetáneos a los acaecidos aquí durante el último franquismo y los primeros años de la Transición. Como colectivos de víctimas, como sociedad democrática, no podemos renunciar a ejercer la justicia penal sobre los torturadores y criminales franquistas que aún viven, y sería un grave error que la futura Ley de Memoria, si se opta porque continúe cerrando el acceso de las víctimas a la Justicia, pueda acabar, al final, apuntalando definitivamente la impunidad del franquismo.

Las asociaciones que trabajamos en el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, pretendemos que la futura ley recoja el reconocimiento jurídico de las víctimas, en igualdad de condiciones con otros colectivos de víctimas de la violencia política para los que el Estado español ha reconocido y legislado convenientemente. No hay ningún motivo justificado para que no sea así.

Una carencia fundamental del Proyecto de Ley es que no declara ilegal al franquismo. Seguimos padeciendo la herencia de una transición que se hizo “de la Ley a la Ley”, sobre un Estado de Derecho que trata a las leyes e instituciones del franquismo como si fuese lo mismo una dictadura que una democracia. 

Desde el Encuentro Estatal exigimos que se declare el carácter ilegal de todos los consejos de guerra y tribunales represivos de la dictadura, así como nulas de pleno derecho las resoluciones dictadas y condenas impuestas por estos organismos que no respetaban unas mínimas garantías procesales dignas de tal nombre. Seguir reconociendo actualmente la legalidad de los tribunales franquistas, la validez y vigencia de sus sentencias, implica naturalizar y asumir una clara violación de los derechos humanos. Considerar a esos consejos de guerra y tribunales represivos como órganos de justicia equiparables a los de un estado democrático de derecho, es una aberración jurídica.

A día de hoy, las sentencias de todos y cada uno de los miles de republicanos y antifascistas condenados en los juicios farsas por el franquismo siguen teniendo efectos jurídicos; ellas y ellos siguen siendo criminalmente responsables de esos supuestos “crímenes” de los que fueron acusados, y por los que les condenaron. No podemos conformarnos con definir las sentencias como “ilegítimas”, tal y como hace el Proyecto de Ley, porque esa definición no tiene validez jurídica, sino moral: o son legales o son ilegales.

Es el momento de que todas las sentencias, los tribunales y la legislación represiva del franquismo se declaren ilegales y nulos, como hizo en su momento la República Federal alemana con las sentencias nacionalsocialistas. Deben anularse todas, en bloque, y de manera automática sin pasar por un proceso de revisión individual. La democracia no puede volver a juzgar a las víctimas del franquismo.

Hay otros elementos del Proyecto de Ley que están claramente alejados de estándares democráticos y de respeto a los derechos humanos: el no reconocimiento de la responsabilidad patrimonial y civil del estado, de particulares e instituciones, beneficiarios del expolio y el trabajo esclavo; las ambigüedades en cuanto a la tutela judicial en las exhumaciones de fosas comunes; el derecho de acceso a todos los archivos de la represión…

Esperamos que, dada la pluralidad del Parlamento, y la necesidad de acuerdos para sacar adelante la ley, durante su tramitación se incorporen enmiendas que modifiquen sustancialmente el Proyecto, en la línea de garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado español con respecto a los derechos humanos.

No estamos dispuestos a asumir renuncias en esta última oportunidad: no podemos esperar otros catorce años a una nueva Ley que satisfaga los derechos irrenunciables de las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación. Ni las víctimas del franquismo que aún viven, ni sus familias, ni el conjunto de la sociedad y la democracia pueden permitírselo.