Marlaska asegura que "desde hace cuatro años no hay cloacas" ni se realizan intervenciones telefónicas sin orden judicial

Marlaska asegura que "desde hace cuatro años no hay cloacas" ni se realizan intervenciones telefónicas sin orden judicial

"Aquí no se persiguen ideas", ha asegurado a los independentistas.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.Europa Press News via Getty Images

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles a las fuerzas independentistas catalanas que desde hace cuatro años “no hay cloacas en este país” y no se realizan intervenciones telefónicas sin autorización judicial.

“Aquí no se violenta ningún derecho fundamental; aquí no se persiguen ideas; aquí lo único que se ha investigado y se seguirá investigando son hechos susceptibles de ser constitutivos de delito y siempre bajo la tutela del poder judicial”, ha manifestado en la sesión de control al Gobierno del pleno del Senado.

Marlaska respondía a las críticas del senador de Junts Josep Lluís Cleries y de la senadora de ERC Mirella Cortès, que han vuelto a cargar contra el gobierno el PP por la denominada Operación Cataluña frente al independentismo y contra los socialistas por utilizar el programa Pegasus para investigarlos.

Ante sus acusaciones de recurrir a las cloacas del Estado, el titular de Interior ha querido dejar claro que desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa ya no existen: “Llevamos cuatro años cumpliendo estrictamente los principios de una democracia plena”.

Son sospechas e ideas que usted mantiene, respetables, pero no justificadas en la verdad probatoria
Fernando Grande-Marlaska

Ha asegurado a Cleries que cuando habla de esas prácticas habla de otro Gobierno y ha asegurado además que “era un numero mínimo de funcionarios públicos los que sucumbieron al poder político”

“No confunda momentos históricos, no confunda Gobiernos”, le ha indicado al senador catalán.

En la misma línea, ha reprochado a Cortès que hablen de sospechas, y no de hechos probados, y le ha pedido respeto a la “dignidad” de los funcionarios públicos, que “se someten al principio de legalidad y satisfacen el interés del conjunto de la ciudadanía”.