Las trampas de Casado para no asumir el bloqueo del Poder Judicial

Las trampas de Casado para no asumir el bloqueo del Poder Judicial

El líder del PP intenta evitar la culpa proponiendo antes una reforma y no asumiendo el modelo actual.

Ayuso, Casado y AlmeidaEuropa Press News via Getty Images

“Bloquean ellos”, “el PP ha hecho todo lo que está en su mano”, “el único responsable es Pedro Sánchez”. Pablo Casado no quiere quedar como el malo en el culebrón de la renovación del Poder Judicial y lleva días extendiendo su argumentario para intentar culpar al Gobierno de que lleve más de mil días bloqueado el CGPJ.

Casado es un hábil orador y utiliza medias verdades y argumentos contradictorios para no asumir la responsabilidad de renovar el órgano de gobierno de los jueces. Ni siquiera se siente presionado por el discurso hecho por el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que urgía a renovar la institución. Ha dicho este martes en un desayuno informativo que suscribía las palabras (especialmente las que tenían que ver con la independencia judicial y los indultos), pero no ha recogido el guante de avenirse a negociar en los actuales términos.

El líder de los populares insiste en que hoy mismo se podría sentar a renovar el Poder Judicial… pero pone una condición: una nueva ley del Poder Judicial para que una parte de los vocales fueran elegidos por los propios jueces. Es decir, quiere cambiar las reglas del juego en mitad del partido. Su fórmula no pasa por aplicar el vigente modelo y se olvida de que actualmente hay que aplicar la ley de 1985, que desarrolla el artículo 122 de la Constitución española.

  Pablo CasadoEuropa Press News via Getty Images

Casado insiste en que eso se puede hacer en apenas un mes y medio, pero supondría incumplir el modelo vigente, con un Poder Judicial que está caducado desde diciembre de 2018 (cuando se cumplieron los cinco años mandatados por la Constitución y terminó la vigencia del Consejo que acordaron Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba en 2013). 

El dirigente popular invoca la independencia judicial para este cambio y quiere cambiar la ley, pero precisamente con esa ley como base ha negociado el PP durante 36 años. Y no sólo el PP antiguo, la propia dirección de Casado ha estado negociando durante estos últimos tres años con el PSOE esa renovación. Ahora no le vale, y señala las llamadas de atención de la UE (la Comisión ha urgido a los partidos a renovar ya el CGPJ y a un cambio para que los jueces elijan a los jueces en una parte, pero no ha dicho que sea ilegal el actual sistema).

Casado rechaza ahora una ley con la que ha negociado él mismo hasta en dos ocasiones con el Gobierno de Sánchez

Es decir, ahora Casado critica esa ley y esa supuesta politización de la Justicia, cuando con los mismos parámetros negoció con el PSOE y se llegó a un preacuerdo para que fuera Manuel Marchena el presidente del Supremo y del Poder Judicial. A lo largo de estos años, el PP ha ido poniendo excusas para no renovar el CGPJ, que ahora mismo tiene mayoría conservadora. 

Entre otras razones dadas por los populares estaba que Podemos quería imponer a un juez (el magistrado De Prada, que juzgó al PP en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel). Pero ahí radica otra contradicción argumental de Casado, acusar a un partido de querer introducir a un juez cuando el propio Partido Popular ha dado nombres y ha vetado a otros. Es decir, el PP presupone que el resto de formaciones politizan pero ellos no. 

Casado también lleva diciendo durante días que lo que quiere es que se “cumpla la Constitución” y que 12 de los 20 vocales sean elegidos por los jueces. Pero la Carta Magna no dice exactamente eso que exige el líder popular: 

Artículo 122

  1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

  2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

  3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

Es decir, esos doce de los que habla Casado son propuestos por la ley orgánica, y la actual establece que son diez nombrados por el Congreso de los Diputados y otros diez por el Senado. Además de la independencia judicial, también hay razones numéricas: ahora mismo en las Cortes hay mayoría progresista y la composición del Poder Judicial podría tenerla si hay acuerdo y, en cambio, hay mayoría conservadora en las principales asociaciones de jueces.

  Lesmes, el rey y LlopEmilio Naranjo / EFE

Asimismo, Casado indica que el “único culpable” es Sánchez y que él no quiere controlar la Justicia. Pero se olvida que sin su concurso no es posible esa renovación -que requiere tres quintos de la Cámara- y que de facto no renovar supone controlar los tiempos de ese Poder Judicial (que lleva de manera interina tres años). Lo que no ve necesario es que dimita Lesmes y ha invitado, en todo caso, a que lo hagan los jueces progresistas o incluso irónicamente el grupo parlamentario socialista. 

El presidente del PP habla todo el rato de evitar la politización de la Justicia, pero precisamente su negativa a renovar el órgano de los jueces lleva a una erosión de la propia institución y de la propia democracia, ya que los ciudadanos ven cómo son los propios políticos los que bloquean el funcionamiento normal del Poder Judicial al estar en sus manos el cambio. Además, el PP siempre se ha presentado como el PP más “constitucionalista” y siempre tiene en la boca la Carta Magna, pero en estos momentos no quiere aplicarla (con el texto diciendo claramente que el mandato es de cinco años).