Quién gana y quién pierde en la reconstrucción de Gaza

Once días como once siglos. Así se vivió dentro de Gaza la Operación Guardián de los Muros del Ejército de Israel contra la franja, la peor ofensiva en siete años. El enclave palestino ha vuelto a quedar severamente dañado, con infraestructuras esenciales reventadas, inutilizadas, con decenas de miles de personas sin hogar al que regresar.

Ahora llega el momento de los donantes, de poner euros encima de la mesa para reconstruir Gaza, pero como siempre hay quien gana y quien pierde: mientras la ONU hace llamamientos a un mundo sumido en la crisis pandémica, Israel sigue controlando los accesos de materiales a la franja y decidiendo, pues, lo que entra y lo que sale. Los últimos en la ecuación son los civiles afectados por los ataques, incapaces de recuperar su vida diaria y que tienen por delante demasiado tiempo antes de que se pueda recuperar lo desintegrado por las bombas. Los que siempre pierden.

Naciones Unidas confirma que volver a la Gaza previa al 11 de mayo costará años. Porque la base ya era precaria, teniendo en cuenta que estamos ante el cuarto conflicto en apenas 13 años en un pequeño enclave que lleva sometido a bloqueo desde 2007, y porque casi nunca se logra el montante calculado por sus técnicos para levantar lo tirado. A eso se suman las exigencias de Israel, que controla la frontera de la franja salvo el paso de Rafah, al sur, con Egipto, y decide qué y cuánto entra en cuanto a mercancías.

Israel sostiene que hace todo lo que está en su poder para evitar víctimas civiles o la destrucción de la infraestructura civil, pero de los 254 muertos de esta ofensiva más del 60% son civiles, constata la ONU, de los que al menos 66 eran niños. Hubo 1.900 heridos. Más de 72.000 palestinos son hoy desplazados internos -no pueden salir de la franja- debido a los ataques. Se calcula que hay 2.500 viviendas inservibles y más de 16.000 dañadas.

El Ministerio de Salud de Gaza ha pedido casi 50 millones de dólares en ayuda financiera urgente, para poner parches en 22 instalaciones de salud que han sufrido daños parciales o completos. Existe además un alto riesgo de propagación rápida del coronavirus en los refugios que albergan a miles de personas desplazadas, por ejemplo, en colegios de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA). El único laboratorio en Gaza que procesa pruebas de covid-19 está inoperativo después de un ataque aéreo israelí cercano. Faltan el 46% de las medicinas básicas y el 33% de los suministros básicos de gasas o suero, añade la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No son sólo las instalaciones de salud las que se han visto afectadas.. Según la ONG Save the Children, 50 escuelas en Gaza -una de cada 15- han sido dañadas por los ataques aéreos israelíes durante la última semana, afectando a más de 41,000 niños. Tres escuelas más han resultado dañadas en Israel por cohetes procedentes de Gaza.

La mitad de la franja no tiene suministro de agua regular, debido a la falta de combustible para las bombas de agua y los daños a las instalaciones. Algunas ciudades también ya estaban casi completamente aisladas del agua, como Rafah, que la tenían que buscar en Egipto. No se han podido reparar aún tres plantas de aguas residuales en el lado este, por lo que se están vertiendo aguas residuales sin tratar al mar, y hay tres nuevas plantas de desalinización en alta mar, que proporcionan un tercio del agua de buena calidad que las autoridades pueden producir en Gaza, inaccesibles.

Gaza también está al borde de quedarse sin combustible para alimentar su única central eléctrica, y actualmente depende de combustible de peor calidad de generadores privados para alimentar sus turbinas. Cientos de miles de personas en toda la Franja solo tienen acceso a cuatro horas de energía. Una vez que se agote el combustible, las casas y los hospitales se hundirán en la oscuridad, así como la escasez masiva de agua cuando las bombas se detengan. También se han cortado varias líneas eléctricas a Israel, lo que reduce aún más el suministro eléctrico.

El miércoles, UNRWA lanzó un llamamiento de emergencia de 38 millones de dólares para que Gaza y Cisjordania proporcionen apoyo alimentario, no alimentario, sanitario y psicosocial inmediato a los palestinos. La cifra se queda muy corta respecto a los 150 millones de dólares que de momento ya pide para rehabilitación la coordinadora de ayuda humanitaria de la ONU, Lynn Hastings, quien explica que, en esta ocasión, se ha producido un “severo” daño a la economía local por la destrucción de fábricas, almacenes, oficinas o torres multiservicios, así como zonas agrícolas en el norte. Por ahora sólo Egipto ha anunciado una partida de 500 millones de dólares. En ofensivas anteriores, no se llegó a cubrir ni el 60% del llamamiento de ayuda básica.

Varios analistas israelíes sostienen que en las negociaciones para alcanzar el alto el fuego, Israel insistió en que cualquier financiación de reconstrucción en Gaza debía estar vinculado al desarme o desmilitarización de Hamás. Sin embargo, fue una petición hecha también en el pasado y nunca atendida.

Lo que sí ha impuesto Israel, como pasó ya en 2014, es que cualquier material destinado a levantar las casas e infraestructuras afectadas terminará pasando por territorio israelí. Esto significa que el responsable de asegurarse de que las milicias armadas de Hamás o la Yihad Islámica no utiliza el esfuerzo de reconstrucción para rearmarse será Israel pero, también, que serán las empresas de construcción o de logística israelíes las que se acaben llevando los contratos y hagan negocio. Esta exigencia ha sido avalada por el secretario de estado norteamericano, Antony Blinken, de visita en la zona esta semana.

Las ayudas, por tanto, no entrarán a Gaza directamente, sino que se entregarán a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y luego se aplicarán en Gaza a través de organismos internacionales y ONG. Siempre tiene que hacerlo en colaboración con Israel, que controla los pasos fronterizos. Su principal punto de cruce a Gaza, en el paso de Kerem Shalom, tienen capacidad para 450 camiones diarios, pero ese tope está lejos de lograrse en estos días... ni antes de la contienda: Israel lleva 13 años bloqueando la entrada de materiales esenciales para la construcción, como el cemento o los tubos metálicos, porque sostiene que pueden ser “de doble uso”, o sea, pueden emplearse para la construcción pero también para fabricar cohetes por parte de las milicia.

Naciones Unidas, según fuentes de UNRWA en Jerusalén, ya está diseñando un “mecanismo de reconstrucción” similar al de 2014, la última gran ofensiva, para organizar todas las entregas. Y contará, de nuevo, con una “unidad de seguimiento de materiales” para dar garantías a Israel de que no existe posibilidad de este doble uso. Dentro de la franja, ingenieros y aparejadores de la ONU darán el visto bueno, con informes a Tel Aviv.

El movimiento civil BDS (Boicot, Desinversión, Sanciones), que promueve el incremento de la presión económica y política sobre Israel, manejan informes que sostienen que al menos el 45% de la ayuda internacional acaba en manos de Israel, en empresas del otro lado de la frontera que terminan siendo las contratadas: cementeras, fábricas de ladrillo o cableado, telecomunicaciones, depuración de aguas o saneamiento que, además, trabajan en las colonias ilegales de Cisjordania y el este de Jerusalén.

Por eso reclama a Naciones Unidas que, cuando tenga su plan de acción, intente no “recompensar” a quien ha bombardeado y trate de hacer las cosas con negocios locales; para eso, claro, hace falta que Israel permita que los empresarios gazatíes importen bienes. La pescadilla que se muerde la cola. ONG como Oxfam ya han advertido de que, si no se quieren esperar “décadas” a que la ayuda llegue, lo que hay que hacer es “levantar las restricciones impuestas por Israel” y permitir las importaciones y exportaciones normales en cualquier territorio. Gaza no es cualquier territorio y eso, dice Netanyahu, no va a pasar.