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Y en eso llegó Paco Telefunken

El cierre de Canal 9 no es el principio, es un paso más, un eslabón más de la cadena con la cual se pretende asfixiar a los servicios públicos. Ante la imagen de un Alberto Fabra en su despacho presionando al juez por teléfono para que acelere el cierre total y la de Paco Signes, o Paco Telefunken, negándose a cerrar, hay una distancia insalvable: la que separa la selva de la ley del más fuerte de una sociedad abierta.

El acoso y derribo a Canal 9 encara la recta final. Tantos años de dispendio, lujuria, nepotismo y saqueo han servido de pretexto para cerrar un servicio público fundamental en una sociedad que se autodefine como abierta y democrática.

No me extenderé aquí en los desmanes de los Gobiernos de los Zaplana, Olivas, Camps y compañía. Pero la apología barroca del poder que han hecho los populares en Valencia está viviendo un final agónico: Ronnie Ecclestone se ha ido, Camps y Barberá van de juzgado en juzgado, los imputados superan ya el centenar, Terra Mítica no es más que un mito, pisos y urbanizaciones fantasma, y finalmente se han llevado por delante la televisión y la radio pública valenciana. Lo de ayer fue un sainete digno de las mejores obras de Eduard Escalante.

Ante la histeria del ejecutivo del president Fabra para acallar de una vez a los díscolos trabajadores de Canal 9, emerge la imponente figura de Paco Telefunken. ¿Quién es Paco Telefunken? Pues la conciencia democrática de la mayoría de valencianos, hayan votado a Camps o no en las últimas elecciones, que no están dispuestos a aceptar que la única televisión generalista en la lengua propia sea cerrada porque sí. Paco Telefunken era el encargado de cerrar la emisión. El liquidador. Secundado más que acompañado por la policía para acabar con la emisión y el multiplex, ha tenido la dignidad de negarse a ello. "La meva consciència em diu que no apague". 'Mi conciencia me dice que no apague', ha dicho clara y llanamente el presunto liquidador. Parafraseando a Raimon en aquella canción dedicada a los dirigentes franquistas y a sus cómplices morales: "Mans netes que manen matar" (manos limpias que mandan matar), Paco se ha negado a ser cómplice moral y material, se ha negado a cumplir las órdenes de aquellos que no se las quieren ensuciar cortando los cables pero que señalan el objetivo.

El cierre de Canal 9 nos permite asistir al mayor acto de cinismo de los últimos años. La mayoría de los que aplauden el cierre han participado en el saqueo sistemático del canal público valenciano. Tertulianos, empresarios y exdirectivos, muchos de ellos de la metrópoli, que en un pasado reciente se lucraron con ventajosos contratos de Canal 9, ahora contraponen televisión pública a educación o sanidad.

Desgraciadamente Canal 9 es sólo una ficha -¡pero menuda ficha!- de uno de los tableros de la partida simultánea que se está jugando entre el Partido Popular y el sector público. Que nadie se lleve a engaños. La partida no es entre los medios de comunicación públicos y la sanidad por ejemplo. Hay muchos tableros de esta partida: educación, sanidad, asistencia social, cultura, vivienda, pensiones... y evidentemente el de los medios de comunicación públicos: radio, televisión, agencias de noticias. La destrucción de estos últimos sirve para dejar al descubierto y con menos cajas de resonancia la defensa de los servicios públicos. El próximo paso será confrontar escuelas con hospitales. Elija usted. Sólo hay recursos para uno. O cerramos la escuela o el hospital. No en vano los que más aplauden son los que más han combatido la sanidad pública. Esta misma mañana Esperanza Aguirre predecía el cierre de Telemadrid; su Gobierno autonómico ha sido el más activo contra todas las conquistas públicas.

El cierre de Canal 9 no es el principio, es un paso más, un eslabón más de la cadena con la cual se pretende asfixiar a los servicios públicos. Esta asfixia premeditada nació en Madrid, concretamente en La Moncloa, en un Consejo de Ministros socialista, el día que el Gabinete Zapatero decidió eliminar la publicidad de la Corporación Radio Televisión Española. La misma Generalitat del norte, la catalana, con Convergencia i Unió a la cabeza, intentó hacer lo mismo con su radio pública pero el CAC, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, se lo impidió y sólo la redujo. En Catalunya las competencias sobre la regulación del ente público catalán están en manos de este órgano tan denostado por la derecha mediática. Zapatero cedió y dio tres pasos atrás ante el poderoso lobby de las televisiones privadas: UTECA.

Y ésta es la partida, la batalla de Valencia es un capítulo más, en una guerra desigual. A un lado las poderosas cadenas privadas que sin necesidad de buscar la excelencia y la calidad quieren crecer y comerse todo el pastel publicitario eliminando al enemigo público. Estos han contado con un sólido aliado desde el primer día: los enemigos del pluralismo, los que quieren acabar con las otras lenguas y culturas que malviven en España. En el otro bando: los profesionales, espectadores y ciudadanos que van viendo sus derechos recortados. Claro que como en todo conflicto hay excepciones, buena parte de los profesionales de los medios privados serios han criticado y explicado sin tapujos el proceso de cierre de Canal 9. Saben perfectamente que la desaparición de un canal público también afecta a sus derechos.

Ante la imagen de un Alberto Fabra en su despacho presionando al juez por teléfono para que acelere el cierre total y la de Paco Signes, o Paco Telefunken -llámenle como quieran-, negándose a cerrar, hay una distancia insalvable: la que separa la selva de la ley del más fuerte de una sociedad abierta.

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