Las deudas de la democracia: artículos de la Constitución española que siguen sin cumplirse 47 años después

"Nada tienes que temer, al mal tiempo buena cara, la Constitución te ampara, la justicia te defiende, la Policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda...", decía Joan Manuel Serrat en su tema Toca Madera. Sin embargo, hasta él mismo lanzaba una advertencia por si, por lo que sea, estas buenas palabras del mundo en el que vivimos no se cumplen, una que se debe tener en cuenta incluso 47 años después de la aprobación de la carta magna: "Nunca están de más ciertas precauciones". Y no es para menos, acercándonos al medio siglo de la aprobación que la norma que rige a toda la ciudadanía, todavía hay artículos de la misma que siguen reclamándose y sin cumplirse. "Señores diputados, la situación es extremadamente grave", que diría La Polla Records. 

Las irregularidades nacen desde el primer artículo de la Constitución donde se afirma que España "propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, igualdad y el pluralismo político". A pesar que sobre el folio en blanco estas palabras puedan conmover a cualquiera, la realidad es que no, no somos iguales. El IX Informe FOESSA advierte de que el país se avecina a un proceso inédito de fragmentación social en el que la 'clase media' se contrae. Tras décadas de enormes crisis económicas encadenadas, los niveles de desigualdad han ido ampliándose año tras año, colocando a España como uno de los países de Europa con la tasa de desigualdad más alta. Tan sólo en 2024, la exclusión severa se sitúa hasta en un 52% por encima de 2007, es decir, 4,3 millones de personas.

El artículo 6 de la carta magna es otro de los que siempre ha estado en el ojo del huracán. Un punto que detalla la importancia de los partidos políticos en el sistema constitucional que "expresan el pluralismo político concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política". Aunque después del 15-M, uno de los movimientos más relevantes del siglo en España, el Congreso se haya teñido de algunos colores más, lo cierto es que el bipartidismo nunca ha perdido su peso electoral. Con ello, el voto de los españoles no vale lo mismo en unos comicios: tiene un sustancial mayor peso la papeleta de un vasco o un navarro que el de un castellano o andaluz. Además, la participación política de la ciudadanía se ve prácticamente anulada una vez finalicen las fechas electorales. No hay mecanismos de participación ciudadana. 

En el siguiente artículo (7) se hace referencia a los sindicatos y las asociaciones empresariales, que "contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propio". La última huelga general en España fue el 29 de marzo de 2012 debido a una crisis económica que destrozó a miles de familias. Sin embargo, los sindicatos cada vez tienen menos peso y, aunque podrían hacerlo igual que en el 12 o el 88, en una situación dramática como la vivienda no ha habido ni una ligera movilización por parte de los principales grupos sindicales. De hecho, el grupo que más está trabajando ante la problemática es el Sindicato de Inquilinas, que carece de las raíces en sectores empresariales o industriales que sí tienen UGT o Comisiones Obreras. Aunque de la vivienda ya hablaremos más adelante.   

"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", esculpe sobre mármol el artículo número 14. Jóvenes de Alsasua, Seis de Zaragoza, caso del Fiscal General del Estado —se sigue esperando la sentencia con condena firme—, caso José Couso, los titiriteros de Madrid, las sindicalistas del SAT de Granada, caso Ana Orantes, La Manada... y un largo etcétera. Todos son juicios donde la aclamada imparcialidad está, por lo menos, en entredicho.

"Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos (…) Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones", dice el artículo 16 de la carta magna en relación a la libertad religiosa. Sin embargo, en un estado aconfesional, la financiación pública a colegios católicos, la relación del Estado con la Iglesia Católica que llega a darle hasta el 0,7% del IRPF —nada más y nada menos que 382,4 millones en 2023— o que se siga eximiendo a la institución religiosa de pagos como el IBI, IVA o ICIO aleja a España de serlo. Por otro lado, el pasado 6 de agosto PP y Vox prohibieron en Jumilla (Murcia) la celebración en espacios municipales de dos grandes festividades musulmanas, entre otros ataques a religiones distintas a la católica. 

La fiscalidad es otro de los puntos clave de la Constitución española, reflejada en el artículo 31, que asegura que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio". Pese a ello, las grandes empresas pagan porcentualmente mucho menos que las empresas pequeñas o medianas. Además, existen fórmulas legales como las SICAV: una modalidad de empresa que les permite pagar un 1% en el impuesto de Sociedades, mientras que lo que paga una sociedad mercantil clásica es hasta el 25%.

Toca el turno de la generación perdida, aquella que se fue y nunca regresó. El artículo 42 de la Constitución establece que el "Estado protegerá especialmente los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno". Tras la crisis de 2008, la estampida hacia fuera de las fronteras nacionales por la precariedad y la falta de empleo. Según datos del INE, más de tres millones de personas siguen residiendo en el extranjero, un aumento significativo desde 2019 que se ha incrementado en medio millón de personas. 

Desde la pandemia y con todas las movilizaciones que ha habido por las condiciones laborales de laos sanitarios, las enormes listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS) o la falta de recursos para financiar la sanidad pública, toca hablar del artículo 43 de la carta magna: "Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto". 

Hasta el 82% de los españoles cree que el SNS no cuenta con la financiación suficiente y el 86% cree que los partidos políticos no están cumpliendo con sus compromisos según una encuesta impulsada por el Sindicato de Enfermería (Satse). No es para menos, según el Ministerio de Sanidad las listas de espera alcanzaron récord en 2024 con 850.000 pacientes pendientes de una operación quirúrgica y, desde entonces, siguen en aumento. 

El tema del momento, la preocupación que invade a todas las generaciones de manera directa o indirecta: la vivienda. El artículo 47 de la Constitución define explícitamente que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos". 

El precio de la vivienda en España ha subido hasta un 78% en los últimos diez años y hasta un 24% en los últimos cinco según el estudio Variación acumulativa de la vivienda en España en 2024’ de Fotocasa. Esto es a niveles generales, pero en algunas zonas del país el incremento llega hasta un 150%. El precio también ha aumentado llegando hasta el 30% por ejemplo en Madrid según el mismo portal. Pese a la ley de vivienda aprobada en 2023, la mayoría de las comunidades autónomas no la aplican. Los fondos buitres y grandes fortunas se hacen con un porcentaje muy significativo del mercado y el centro de las grandes ciudades están enfocados en uso turístico, lo que incrementa el precio del resto de viviendas. En la actualidad, y según 'Young people leaving their home, 2024', la edad de emancipación de los españoles supera los 30 años.  

El artículo 48 va dirigido precisamente a los jóvenes: "Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural". El paro juvenil de la generación más preparada de la historia es el mayor de toda la Unión Europea, hasta un 25% este mismo año, por no contar con lo mencionado con la imposibilidad de independizarse y, con ello, el crear un proyecto de vida. 

Artículo 69: "El Senado es la Cámara de representación territorial". No hay mucho más que añadir. La Cámara Alta no se ha convertido en una representación de las diferentes sensibilidades autonómicas en las últimas décadas y no parece que nada vaya a cambiar a corto/medio plazo. 

El siguiente es la dupla de los dos artículos sociales de la Constitución que más defienden el interés general. El primero es el 103, que dice que "la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho" y el 128 que dice que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general".

Los fondos buitre en la vivienda, el precio de los productos más básicos en los supermercados, el oligopolio de las eléctricas, la poca inversión en el trasporte público... En fin, todo lo que va en contra del interés general incumple la Constitución Española de 1978.