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19/02/2013 08:24 CET | Actualizado 20/04/2013 11:12 CEST

Gestando el siguiente pelotazo urbanístico

La existencia de un posible conflicto de intereses entre el PP y el sector de la construcción quedó patente en el informe Amnistía a la Destrucción que hizo público Greenpeace el pasado mes de diciembre. Posteriormente los papeles de Bárcenas confirmarían los vínculos del PP y las constructoras.

Hoy se votarán las cerca de 160 enmiendas de los grupos parlamentarios a la reforma de la Ley de Costas. Imagino que el rodillo de la mayoría absoluta del PP las desestimará en su inmensa mayoría, por no decir todas, y para no perder demasiado tiempo, quizás en bloque. A lo mejor para no quedarse sólo, tratará de negociar algunas migajas del pastel del litoral con algunos grupos como CiU, que comparten muchos puntos comunes en cuanto a gestión costera se refiere.

La existencia de un posible conflicto de intereses entre el PP y el sector de la construcción quedó patente en el informe Amnistía a la Destrucción que hizo público Greenpeace el pasado mes de diciembre. Posteriormente los papeles de Bárcenas confirmarían los vínculos del PP y las constructoras. En su informe Greenpeace señalaba a varios constructores como posibles beneficiarios de esta reforma. Uno de los casos documentados era el del Grupo Villar Mir. Su presidente, Juan Miguel Villar Mir aparece en los papeles de Bárcenas, entre aquellos que supuestamente realizaron pagos al Partido Popular.

No cesaré de repetir, hasta que les piten los oídos, que la reforma de la Ley de Costas, actualmente en fase de aprobación de las enmiendas parciales, supone uno de los mayores retrocesos en protección ambiental de los últimos años. Un proyecto arbitrario y que sólo favorece a unos pocos.

Lo cierto es que estamos asistiendo a la gestación del próximo pelotazo urbanístico en las costas españolas. A estas alturas no me sorprende. El propio Ministro Arias Cañete, cuando dejó en 2004 de ser ministro de Agricultura, fue nombrado consejero de la promotora Bami Newco junto a los principales empresarios del ladrillo, como Joaquín Rivero, Bautista Soler o Ignacio López del Hierro. En 2011, antes de volver a la cartera, el ministro renunció a su puesto como consejero en Bami pero se ha reservado una acción, me pregunto para qué.

Precisamente, el pasado jueves se organizó en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla una peculiar jornada: La nueva Ley de Costas. Oportunidad de Negocio. Justo el mismo día en que los grupos ecologistas se reunían en Madrid con el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo para advertirles de la inseguridad jurídica, los riesgos del cambio climático y la vulneración del derecho comunitario. Las eurodiputadas expresaron su indignación ante una reforma que favorece intereses económicos especulativos a costa del futuro del litoral y la apuesta por un turismo de calidad. El Comité ha invitado a las organizaciones ecologistas a comparecer en una próxima sesión y, si la reforma de la ley se aprueba sin cambios sustanciales, solicitará una comparecencia de la Comisión Europea y las autoridades españolas para investigar los múltiples incumplimientos de derecho comunitario.

El Gobierno tiene prisa por aprobar la reforma de la Ley de Costas. Los papeles de Bárcenas y el informe de Greenpeace, Amnistía a la Destrucción, evidencian la fuerte vinculación del PP con las constructoras. El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla ha captado perfectamente el espíritu y la letra de la ley. La posibilidad de construir en franjas nuevas de las rías o en suelo salinero es sin duda una oportunidad de negocio futuro. El Gobierno despeja del área con pelotazo urbanístico y amnistía a 75 años.

La próxima vez que pasee por las costas españolas, en alguna campaña de defensa ambiental de Greenpeace, veré una vez más un litoral asediado por el cemento y la codicia de unos pocos. Habrá que seguir luchando por unas playas para todos y todas.