40 años de una Ley que salva vidas

Este año España conmemora, con cierta solemnidad, tres hitos históricos: el 40º aniversario de su ingreso en la Comunidad Económica Europea, la creación del Instituto de Salud Carlos III y la celebración del referéndum sobre la OTAN. Sin embargo, si me lo permiten, hay aniversarios que no caben en una simple efeméride, y la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986, impulsada por el ministro socialista Ernest Lluch, es una de ellas.

En los tiempos en los que vivimos, en los que cualquier decisión tomada desde la convicción ideológica se convierte en un arma arrojadiza, podemos decir, alto y claro, que la Ley General de Sanidad fue una decisión política profundamente ideológica. Porque convertir la salud en un derecho y no en un privilegio es uno de los pilares de nuestra democracia, y molesta a quienes prefieren un modelo neoliberal.

Partíamos de una sanidad fragmentada, vinculada a las cuotas de los trabajadores, donde enfermar podía significar empobrecerse (tal y como pasa actualmente en EE. UU.). Y pasamos a un sistema financiado a través de los impuestos en los Presupuestos Generales. Y, así, por convicción democrática y decisión estratégica, este país decidió que nadie quedaría fuera. Que la fiebre de tu hija en plena madrugada tendría respuesta y que una familia no tendría que elegir entre curarse, arruinarse o morir.

No fue un camino sencillo. La ley tuvo que abrirse paso entre no pocos privilegios económicos que veían en este cambio de modelo una amenaza a sus intereses. Pero prevaleció el sueño de crear un estado de bienestar en el que la salud debía ser un pilar fundamental, y por eso esta la ley no solo ordenó el sistema, ordenó una idea de país. Universalidad, equidad, gratuidad, cohesión territorial…Palabras grandes que, con el tiempo, se han traducido en algo muy concreto: aumento en ocho años de la esperanza de vida de la población española, liderazgo mundial de nuestro país en trasplantes y una red de profesionales que sostienen, muchas veces a pulso, uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Y, sobre todo, un principio discreto pero decisivo: la enfermedad no puede ser un factor de exclusión ni una condena económica.

Y en ese éxito colectivo hay un elemento fundamental que ha sido históricamente infravalorado: la atención primaria. En demasiadas ocasiones, considerada la “hermana menor” de la estructura sanitaria, debe ser el corazón del sistema. Un espacio donde la prevención y la empatía cobran una dimensión especial, el vínculo más cercano con la ciudadanía y uno de los principales motores de ese aumento de la esperanza de vida que hemos alcanzado.

Hoy en día, la Ley General de Sanidad sigue plenamente vigente en sus principios, pero no es ajena a los desafíos de su tiempo. El envejecimiento de la población, la cronicidad o los avances tecnológicos exigen ajustes que en ningún caso se deben utilizar para desprestigiar el modelo, como ya están intentando algunos. La ley no necesita alterar su espíritu, necesita mejorar su funcionamiento: agilizar la contratación de profesionales, reforzar la coordinación entre atención primaria, hospitales y servicios sociales, y avanzar hacia un modelo de gestión más integrado e independiente. Es decir, dotar de mayor autonomía a los profesionales y a los centros y alejarlo de la discusión política.

La sanidad pública ha sido, junto con la educación, el mayor nivelador social de nuestra democracia. Ha permitido que la igualdad no sea solo un artículo constitucional, sino una experiencia cotidiana. Que vivir más y mejor no dependa del código postal ni de la cuenta bancaria y que siga siendo uno de los objetivos prioritarios que definan la calidad democrática de nuestro país.

Por eso conviene reivindicar con firmeza que lo verdaderamente ineficiente es una sociedad enferma y desigual que no confíe en las instituciones que deben proveerle seguridad. Aunque a algunos claramente les convenga más. Si demandamos más libertad, debemos aceptar que no hay libertad posible cuando algo tan básico como nuestra salud depende del mercado, porque entonces, nuestro libre albedrío está condicionado por un seguro privado más o menos completo. Y tenemos la obligación de asegurar que la modernidad no está en un gran lobby sanitario, sino en garantizar derechos con inteligencia y recursos.

Cuarenta años después de aprobar una ley que cambió y mejoró la vida de todos nosotros y todas nosotras, desgraciadamente volvemos a una premisa de partida: ¿qué país queremos ser? Uno donde la salud sea mercancía y elemento de desigualdad, como el Partido Popular y Vox están haciendo en Extremadura, o uno donde la sanidad pública sea un derecho. La mayoría, estoy convencida, responderíamos lo segundo. Así que ahora, lo que está por ver, es cuántos estamos dispuestos a defenderla.

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Carmen Martínez es portavoz socialista de Sanidad en el Congreso