Combatir la apología del franquismo: defender la democracia de sus enemigos

La Ley de Memoria Democrática de 2022 mandataba a las Cortes Generales a reformar la Ley Orgánica del Derecho de Asociación para introducir como nueva causa de disolución consistente en “la realización de actividades que constituyan apología del franquismo”, como lo es ensalzar el golpe de Estado de 1936 y la dictadura o enaltecer a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo. También se contempla como justificante de disolución la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas.

La Ley de Memoria Democrática supuso un hito histórico, impulsando políticas de memoria para satisfacer un imperativo moral: reparar el inmenso daño individual y dignificar la historia de nuestro país, neutralizando el riesgo de olvido y evitando la repetición del, no en vano, denominado “holocausto español”. En definitiva, dignificar la democracia con Verdad, Justicia, Reparación y Memoria.

La reforma de la ley de asociaciones para disolver las asociaciones filo franquistas -aprobada esta semana por el Pleno del Congreso- supone un paso más al que ya ha iniciado el Ministerio de Cultura, que ha incoado un expediente para la disolución de la Fundación Francisco Franco. Felizmente, cuando finalice este trámite, habremos superado, pro fin, una vergonzosa anomalía democrática. Pero, con ser relevante, resulta insuficiente porque entre nosotros todavía campan a sus anchas asociaciones que menosprecian y humillan a las víctimas de la represión franquista. Su disolución constituye una exigencia democrática ineludible por la dignidad de las víctimas, de los represaliados, por la moral colectiva y por la pedagogía social.

Porque, como hace un siglo, un nuevo fascismo recorre el mundo y, particularmente, Europa. Un fascismo que amenaza, de nuevo, los valores democráticos y que tiene su versión española en 33 escaños del Congreso de los Diputados. Una extrema derecha nostálgica del franquismo, desacomplejada, ofensiva, hiriente, insensible, inhumana, envilecida, negacionista y revanchista. Una extrema derecha fascista que elogia la dictadura franquista como un régimen de progreso y reconciliación, que exalta el 1 de abril como ‘día de la victoria’, que honra al inefable dictador de la mano del golpista Tejero, y que desprecia y humilla a las víctimas del franquismo -los “subcampeones del 39” en las repugnantes palabras de un infame ex vicepresidente valenciano-. ¿Cabe mayor ruindad, bajeza e indignidad?

La extrema derecha fascista ha regresado del agujero negro de la ignominia y la infamia donde les había colocado la Historia. Todos debemos aprender de la Historia y evitar que las generaciones futuras nos reprochen que no estuviéramos a la altura de este desafío histórico.

Por ello, hay que afirmar alto y claro que, aunque la Constitución no sea “militante”, la democracia sí debe militar contra sus enemigos y defenderse de ellos. Se ha dicho que la Constitución es “neutral” pero ni es ni debe ser una Constitución indiferente ante la amenaza al orden constitucional y a los valores democráticos. Una democracia neutral/ no militante ni es ni debe ser una democracia desarmada o inerme. Tiene que ser una democracia resistente frente a los enemigos de las libertades y los derechos, frente a la barbarie y la sinrazón, y frente a quienes asolaron hace un siglo las democracias del S. XX.

El respeto y grandeza de la Constitución lleva a amparar la negativa a adherirse a su ideario, salvaguardando la preeminencia de la libertad de expresión, pero advirtiendo de sus límites cuando entra en conflicto con otros derechos o intereses constitucionales. Porque la libertad de expresión ni es un derecho absoluto ni puede amparar el discurso del odio por cuanto existe una incompatibilidad radical con el discurso del odio. Lo dice el Tribunal Constitucional: “los mensajes de exclusión no son manifestación ideológica; son intolerancia excluyente, sin cobertura en la libertad de expresión”.

La apología del franquismo no puede amparase o excusarse en la libertad ideológica o de expresión, ni en la libertad de asociación o en la de manifestación. Todas estas libertades tienen límites en las leyes y, especialmente, en el Código penal. La Constitución no puede ser ni burla ni burladero de los enemigos que la combaten.

Lamentablemente, el PP ha vuelto a perder la oportunidad de situarse en el lado decente de la historia al esconderse tras una vergonzante abstención. ¿Indiferencia o connivencia? ¿Indiferencia frente al dolor, menosprecio o humillación de las víctimas del franquismo? ¿O, más bien, connivencia nostálgica con sus propias raíces personales, familiares o como partido político? Han cometido la indignidad de no amparar a quienes sufrieron represión y muerte y, al tiempo, traicionan un compromiso ineludible con la democracia y la libertad frente a quienes han vuelto para combatirla.

Afortunadamente, la reforma de la ley Orgánica del Derecho de Asociación impedirá la apología del franquismo y España será un país más digno y decente y nuestra democracia más sólida y plena.

Artemi Rallo Lombarte es portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y catedrático de Derecho Constitucional.