En un sistema democrático maduro, las instituciones deben coordinarse vertical y horizontalmente por definición, en aras de la productividad y la eficacia, sea cual sea su modelo territorial. En los estados compuestos como el español, el norteamericano o el británico, el sistema federal es sin duda el más eficaz, ya que al existir instituciones territoriales intermedias con una caracterización clara y objetiva, es posible estructurar la voluntad popular en sus dos dimensiones, la personal y la territorial.

España, que tuvo que confeccionar en 1978 una Constitución ex novo y lo hizo con gran dificultad por la necesidad de conciliar demasiadas posturas discordantes, no se atrevió a edificar un régimen federal e ideó un fórmula híbrida, la del «estado de las autonomías», que no ha resultado operativa y que está en el origen de la dificultad de resolver muchos problemas funcionales.

La Carta española de 1978 es bicameral —se obstinó en ello Manuel Fraga, enamorado del sistema británico—, pero el Senado no es una verdadera “cámara de representación territorial” aunque así figure escrito en el artículo 69 C.E. Nuestro senado es apenas una cámara de repetición, sometida a la decisión última del Congreso. El Budesrat alemán, por ejemplo, formado por representantes designados por los 16 lander, tiene atribuida la función de aprobar, rechazar o sancionar las leyes federales que afectan a las competencias de los estados federados.

La absurda situación española, que se traduce en la existencia de un senado disfuncional, es responsable de que no exista un mecanismo de coordinación entre las comunidades autonómicas entre sí y entre estas y los poderes centrales. Por ello, Rodríguez Zapatero anunció la creación de una Conferencia de presidentes en su primer debate de investidura; institución que fue constituida el 28 de octubre de 2004. A partir de la V Conferencia de Presidentes, celebrada el 14 de diciembre de 2009, el Gobierno aprobó un reglamento que tiene establecido que las conferencias pasarían a celebrarse con periodicidad anual, aunque nunca se ha respetado calendario alguno.

La Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Barcelona nos deja una pegajosa caricatura institucional que valdría la pena analizar y digerir por simple espíritu patriótico. Con la excepción de las conferencias de emergencia reunidas con ocasión de la gran pandemia, todas las reuniones de este organismo han sido una frustración conducente a la melancolía. Esta última de Barcelona ha sido un puro esperpento. Un esperpento anunciado e inevitable ya que hace días el PP convocó una gran manifestación nacional contra el gobierno que pretende sencillamente expulsarlo de su posición y provocar elecciones. Con independencia de loq ue cada uno de nosotros piense de esta manera de gestionar el proceso político, es evidente la impertinencia de convocar un órgano cooperativo que depende de la buena voluntad de los participantes poco antes de una colosal y agria confrontación.

Desde hace tiempo —quizá desde los atentados de 2004— los partidos políticos han dejado de relacionarse entre sí con una mínima cortesía y cierta lealtad, indispensables en occidente para que sea posible una conversación entre ellos. La ciudadanía está irritada por ello, pero no parece que esta decepción preocupe al establishment. Pero quizá las fuerzas políticas estén jugando con fuego: cuando se tensa la paciencia de un país, debe haber un punto de ruptura a partir del cual se produce el incendio. Y quizá sea peligroso el menosprecio constante que sufre una ciudadanía que tiene problemas, que siente cómo se le frustran las expectativas y que ve que quienes deberían aportar soluciones están enzarzados sistemáticamente en inútiles juegos florales.

Los temas que este viernes se han llevado a la mesa de la Conferencia de Presidentes, después de una absurda disputa sobre quién había de marcar el contenido del debate, son importantísimos. Por encima de todos ellos, en esta concreta coyuntura, está la vivienda, un asunto que arde en la sociedad española y que concierne claramente al Gobierno central y a los gobiernos de las 17 comunidades autónomas. Pues bien: la Conferencia ha resultado perfectamente inútil. En esto y en todo lo demás. De ella apenas ha salido la petición de elecciones anticipadas formulada por las comunidades gobernadas por el PP.

Cada ciudadano, en uso de su libérrima capacidad de discernimiento, sacará sus propias conclusiones y distribuirá a su voluntad culpas y méritos por lo acontecido . Pero más allá de lo subjetivo, parece evidente que la Conferencia de Presidentes es una institución cadavérica y que si no se emprenden reformas radicales y se adoptan actitudes más constructivas, no podrá decirse mucho tiempo más que el futuro político, económico y social de este país está asegurado.