La libertad de prensa en tiempos de odio

Nuestra Constitución recoge, ampara y protege el derecho a la información como un principio básico de nuestro Estado de derecho. Su artículo 20 garantiza la libertad de expresar pensamientos y de comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio. La libertad de prensa debería ser, por tanto, inquebrantable. Sin embargo, hoy se ve amenazada por quienes no toleran ni el periodismo independiente, ni la existencia de una ciudadanía informada en libertad.

Esta semana, el Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa del Grupo Socialista para la defensa de la libertad de información y expresión. Y cuando un principio básico de nuestra convivencia necesita ser defendido de forma explícita desde una tribuna parlamentaria, es síntoma de que algo profundo se resquebraja en nuestro sistema democrático.

Hace ya tiempo que la derecha y la extrema derecha normalizaron el uso del bulo, la mentira, y la desinformación como forma de hacer política. Pero, en las últimas semanas, han dado carta de naturaleza al acoso, la intimidación y el señalamiento a periodistas, científicos, profesionales sanitarios e incluso representantes públicos. No son hechos aislados, sino la estrategia ultra que busca ahondar en la polarización social, erosionar la confianza en las instituciones y alimentar el odio al discrepante.

Hablamos de personas concretas, con nombres y apellidos. Elena Reinés, Sarah Santaolalla, Héctor de Miguel, Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz, Jesús Cintora o Marta Flich. Profesionales que ven amenazada su su seguridad y su integridad física por el mero hecho de hacer su trabajo con independencia.

Las amenazas alcanzan también a los medios de comunicación públicos, como Televisión Española, a la que Vox amenaza, día sí y otro también, con motosierras, lanzallamas e incluso con la bomba atómica.

Este señalamiento rompe la abstracción del debate político y nos enfrenta a una realidad: el odio tiene destinatarios y consecuencias reales.

Los amantes del pensamiento único, esos pseudo-periodistas que no son sino sicarios de la desinformación, a sueldo de la derecha y la extrema derecha, tienen un objetivo más amplio: deslegitimar la información veraz como pilar de la convivencia democrática. Si la ciudadanía deja de confiar en los medios, en los datos científicos y en las instituciones, el terreno queda abonado para la manipulación, el ruido y la confrontación permanente.

La estrategia es nítida: generar miedo para provocar autocensura y expulsar voces incómodas del debate. No estamos solo ante una cuestión de libertad de expresión, sino ante un intento de restringir quién puede ejercerla plenamente.

Combatir el odio es uno de los grandes retos de las democracias contemporáneas, pero mientras haya quienes apuesten por el todo vale y por la desaparición de líneas rojas en la convivencia democrática, el problema seguirá ahí.

En este contexto, la propuesta de crear una herramienta como la llamada “Huella del Odio y la Polarización”, presentada hace unos días por el presidente del Gobierno, introduce una idea relevante: medir el odio para hacerlo visible. Como ocurrió con la huella de carbono, convertir lo difuso en dato puede ayudar a generar conciencia y exigir responsabilidades.

La transparencia y el rigor, tal como se plantea en esta herramienta, serán claves para que esta iniciativa sea útil y creíble y, en un momento en el que la desconfianza es parte del problema, cualquier instrumento que ayude a que la vergüenza cambie de bando ha de ser bienvenida. También las redes sociales deberán rendir cuentas por los contenidos que amplifican.

La democracia no se deteriora de un día para otro ni de golpe, sino a través de pequeñas renuncias cotidianas a las que apenas prestamos atención, pero cuyo efecto erosivo es evidente. Normalizar el insulto, tolerar la intimidación o mirar hacia otro lado ante el acoso son pasos que van minando los cimientos del sistema. Y, en última instancia, el verdadero desafío no es solo identificar el odio, sino reconstruir espacios de diálogo donde la discrepancia no implique deshumanización.

Defender la libertad de prensa y un debate público respetuoso no debería ser patrimonio de ningún partido, sino un compromiso común. Porque cuando el odio domina el espacio público, la democracia deja de ser un lugar de encuentro y se convierte en un campo de batalla. Y en ese escenario, todos perdemos.

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Antidio Fagúndez es presidente de la Comisión para la auditoría de la Calidad Democrática y diputado del PSOE por Zamora