Oxígeno financiero para reforzar la autonomía
"Quitar parte de esa deuda nivela el terreno de juego para negociar la reforma desde posiciones más justas, objetivas y sostenibles".
Empezamos el curso político con uno de los debates más relevantes de los últimos años por su alcance político y social: la condonación de la deuda autonómica. Una medida histórica y excepcional por la que el Estado asume 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas.
Es importante señalar que, si el Gobierno puede asumir esta deuda es gracias a la buena gestión económica y financiera que está realizando y que nos ha permitido mejorar y consolidar el estado del bienestar y crecer económicamente. La asunción de la deuda de las CCAA por parte del Estado les va a permitir que paguen menos intereses y pueda destinar esos recursos a la mejora de los servicios públicos que gestionan en sus territorios.
Frente a quienes pretenden deslegitimarlo, estamos ante un acto de responsabilidad que beneficia a todas las comunidades de régimen común y corrige los errores de quienes hoy se rasgan las vestiduras.
Conviene hacer memoria. La Ley Orgánica de Financiación establece que el sistema de financiación debe revisarse cada cinco años. La última reforma fue en 2009. Desde entonces, acumulamos más de una década de retraso. Ha habido propuestas técnicas, pero la falta de consensos territoriales y políticos no han permitido desbloquearla. El problema, por tanto, no es de falta de voluntad, sino de falta de acuerdos.
Entre tanto, la herida del sobreendeudamiento autonómico sigue abierta. En 2012, la crisis financiera golpeó con dureza. Mientras el ministro Montoro aprobaba una amnistía fiscal para perdonar a defraudadores, imponía a las comunidades intereses desmesurados por créditos estatales que dispararon su deuda. Esa es la verdadera historia del endeudamiento autonómico: un Gobierno del Partido Popular que obligó a las comunidades a sobre endeudarse para sostener servicios básicos a la vez que recortaban en sanidad y en educación.
El Gobierno progresista presidido por Pedro Sánchez ha hecho lo contrario. Desde 2018, las comunidades han recibido financiación récord año tras año. En siete años han contado con 300.000 millones de euros más que en los siete ejercicios anteriores del Partido Popular. Y ahora les propone liberarlas de la losa de 83.252 millones de deuda con criterios objetivos y transparentes, explicados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, detallados en reuniones técnicas y sometidos a consulta pública.
La medida incluso reconoce el esfuerzo fiscal de aquellas regiones que subieron impuestos para sostener servicios públicos, evitando que quienes se esforzaron más se sientan castigados frente a quienes, a su juicio, gestionaron peor. Y los números desmontan cualquier acusación de sesgo político: siete de cada diez euros condonados irán a comunidades gobernadas por el PP. Andalucía recibirá la mayor condonación en términos absolutos; Canarias, el mayor porcentaje de condonación y la Comunidad Valenciana, la mayor por habitante ajustado.
Por eso es un sinsentido criticar esta medida. Es como quejarse de que te bajen la cuota de la hipoteca porque tu vecino también la paga más barata. Quien cae en ese victimismo interesado pierde lógica, debilita sus reivindicaciones y demuestra no entender lo que está en juego. No se puede decir que uno queda perjudicado cuando claramente sale beneficiado. La comunidad valenciana recibirá más de 11.200 millones porque ha sido la más castigada por el modelo vigente. No es un agravio: es abrir la puerta a la reforma de financiación que tanto necesita.
Este mecanismo no sustituye la necesaria reforma, sino que la hace posible. Es un primer paso imprescindible porque alivia la carga de intereses que asfixia a varias comunidades y con ello, abre la puerta a un debate más equilibrado sobre cómo repartir los recursos en el futuro. Quitar parte de esa deuda nivela el terreno de juego para negociar la reforma desde posiciones más justas, objetivas y sostenibles.
La dimensión financiera es el punto de partida: al tener que pagar menos por intereses, las comunidades ganan respiro presupuestario y estabilidad. Ese oxígeno se traduce en una dimensión política, porque refuerza su capacidad de autogobierno dentro del modelo autonómico de la constitución de 1978, y también, en una dimensión social, porque cada euro liberado de la deuda da margen para más y mejor sanidad, educación y servicios sociales. En definitiva, la solvencia financiera no es un fin en sí mismo, sino el medio para garantizar más autonomía y más igualdad.
Un ejemplo sencillo: es como si te bajan la cuota de la hipoteca. Tienes más tranquilidad y flexibilidad para decidir qué haces con tu dinero. El Estado reconoce que las comunidades se endeudaron para prestar servicios básicos en plena crisis y ahora asume parte de esa carga para que no las ahogue en el futuro. Se trata de una reestructuración que no altera la deuda total de España por lo que tampoco supone riesgo financiero.
El Partido Popular debería recordarlo. Ya retrasó en su día el aumento de las entregas a cuenta a comunidades y ayuntamientos, aun sabiendo que perjudicaba a sus propios gobiernos autonómicos y locales. Sería una incoherencia repetir ahora el error. Ojalá recapaciten, porque rechazar la condonación no solo les aleja de la responsabilidad constitucional, sino que les acerca peligrosamente a las posiciones recentralizadoras de Vox.
Nos encontramos ante una decisión que marcará el futuro del sistema autonómico, la fortaleza de los servicios públicos y la estabilidad financiera del país. Menos intereses significa más recursos para los ciudadanos. Y reforzar la autonomía es reforzar nuestro Estado social y democrático.
Patricia Blanquer es portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y diputada por Alicante.
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