Redes, menores y libertad de expresión

El presidente Sánchez ha salido a secundar las iniciativas de varios países encaminadas a poner coto a la promiscuidad e impunidad de las redes sociales, y a limitar su impacto sobre la juventud, particularmente sensible a unas conductas incívicas e inmorales que encuentran en las redes su cauce, su cultivo y su expansión.

Como es conocido, varios países se han adelantado en este asunto y Australia ya promulgó en diciembre una ley, promovida por el primer ministro Anthony Albanese, que obliga a las plataformas a tomar «medidas razonables» para impedir que los menores de 16 años mantengan cuentas activas. En caso de incumplimiento, las empresas se enfrentan a multas de hasta 50 millones de dólares australianos. Meta, por ejemplo, ha eliminado cerca de 550.000 cuentas en sus redes en las escasa semanas que han transcurrido desde la aprobación de la norma.

En Francia, Macron ha mostrado gran interés por avanzar por ese camino y la Asamblea Nacional ha aprobado ya un proyecto de ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años y restringir la promoción de productos que puedan perjudicar su salud física o mental. El proyecto aún debe pasar por el Senado y podría entrar en vigor en septiembre de 2026. También en el Reino Unido se están evaluando regulaciones similares, con límites de edad en torno a los 16 años y opciones de consentimiento parental para los más jóvenes.

Todas estas medidas y las que vayan a adoptarse tienen la virtud de reconocer que existe un grave problema que hay que afrontar. Pero, de momento, todas las soluciones sugeridas están avanzando en una mala dirección, sin duda porque sería mucho más arduo atacar el verdadero foco de la situación degradante en que nos encontramos.

En efecto, las redes sociales son un hervidero maloliente de desinformación, incitación al odio, invectivas personales intolerables, amenazas y chantajes, pornografía de todas clases, etc. Y puede decirse perfectamente que estas figuras que constituyen en la mayoría de los casos claros ilícitos penales serían perseguidas de oficio si no estuvieran inscritas en el mundo digital.

En España, por ejemplo, los delitos de calumnias e injurias se encuentran tipificados en el Código Penal español (artículos 205-216) como delitos contra el honor, requiriendo generalmente querella de la víctima. La calumnia es la falsa imputación de un delito, mientras que la injuria es la acción o expresión que lesiona la dignidad o fama de alguien. Las penas incluyen prisión o multa, agravándose con publicidad. Pues bien: pueden contarse con los dedos de una mano las condenas dictadas contra quienes han cometido delitos de esta naturaleza en nuestro país a través de internet.

La razón de la indignante impunidad, con su lógico efecto contagio y contaminante, es el anonimato que predomina en las redes. Y este es el asunto vertebral que habría que corregir si de verdad se quiere que se aprovechen todas las potencialidades de las nuevas tecnologías, que son patrimonio de toda la comunidad humana, y que se expulse de ellas a los delincuentes que las utilizan para delinquir.

En otro artículo ya comenté el sinsentido que supone prohibir a los menores de 16 años el acceso a las redes, para dejarlos a partir de esa edad a merced de las fieras sanguinarias que hacen de la pantalla de ordenador una poblada selva de fieras carnívoras. Si no se piensa hacer nada con las redes actuales, lo lógico sería adiestrar desde pequeños a los jóvenes usuarios a sortear las procelas y borrascas que encontrarán en cuanto abran las páginas de Twitter (ahora X), o de cualquier producto similar. Pero esta no es la solución, obviamente.

La prohibición de acceso a los menores plantea, además, problemas por ahora insolubles: en la situación actual de Internet, sería prácticamente imposible detectar a los menores de edad, o, lo que es lo mismo, confirmar que todos los usuarios son mayores de edad. Si se intentara, lo más probable sería que las redes se llenaran todavía más de perfiles falsos, con el consiguiente deterioro de la ya muy debilitada coherencia interna de la red.

La única solución realista -y verdaderamente decente- al problema planteado sería establecer la inexorable obligación de que todos los usuarios de las redes estén fidedignamente identificados, mediante unas credenciales inviolables establecidas para este fin. En absoluto se merma la libertad de expresión de la ciudadanía si tan solo se permite transitar por las redes a quienes estén dispuestos a poner en su propia boca sus propias palabras.

Por este procedimiento, las redes quedarían sometidas al estado de derecho, al imperio de la ley. Un sometimiento que no tiene nada de esclavizante ni de antidemocrático sino al contrario. Los anónimos siempre fueron perturbadores en cualquier esquema de convivencia.

Si se hiciera tal cosa, podría relajarse la cautela con respecto a los menores de edad, que se verían libres de la mayoría de las agresiones. Y en cualquier caso, existiría una relación de paternidad entre las informaciones y sus emisores, de forma que los bulos quedarían al descubierto.