El conflicto territorial entre España y Portugal por las Islas Salvajes, un pequeño archipiélago en el Atlántico, es una de las disputas más longevas y enigmáticas de la historia, con más de cinco siglos de antigüedad. 

A pesar de su reducido tamaño y su lejanía, las Islas Salvajes han sido objeto de tensiones diplomáticas debido a su importancia estratégica y ecológica, afectando cuestiones clave como la soberanía y los derechos de pesca en la región.

Este archipiélago se encuentra a 165 kilómetros de Tenerife, en las Islas Canarias, y a 280 kilómetros de Madeira, Portugal. A parte de su ubicación estratégica, lo que le hace importante es su valor como refugio para diversas especies de aves marinas. Además, la disputa por su control está ligada a los derechos de explotación de las aguas circundantes, lo que las convierte en un punto de fricción entre ambos países.

El origen del conflicto

El origen de la disputa se remonta al siglo XV, cuando tanto España como Portugal comenzaron a reclamar su soberanía sobre las islas. Según Portugal, fueron descubiertas en 1460 por el navegante luso Diogo Gomes y se integraron en el territorio de Madeira. Sin embargo, España sostiene que ya aparecían en un mapa de 1367 y que fueron avistadas por Jean de Bérhencourt durante la conquista de Canarias.

A lo largo de los siglos, la disputa permaneció latente, pero en el siglo XX volvió a cobrar relevancia, especialmente cuando Portugal empezó a legislar sobre las Islas Salvajes y las incorporó a su Zona Económica Exclusiva (ZEE) en 1972. Esto afectó a los derechos de pesca de los pescadores canarios, intensificando las tensiones diplomáticas entre ambos países.

En la actualidad

Portugal ha reforzado su control sobre las Islas Salvajes, gestionándolas como una reserva natural desde 1971 y manteniendo su soberanía. Por su lado, España no la reconoce y argumenta que las islas no deberían generar una ZEE por tratarse de simples "rocas" según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

Aunque no se espera una resolución formal de momento, la situación ha alcanzado una cierta estabilidad, con Portugal manteniendo la administración efectiva de las Islas Salvajes y su reconocimiento internacional como parte de su territorio. Ambos países han optado por una solución diplomática y mantienen un entendimiento tácito que evita que esta disputa afecte sus relaciones bilaterales.

El conflicto territorial entre España y Portugal por las Islas Salvajes, un pequeño archipiélago en el Atlántico, es una de las disputas más longevas y enigmáticas de la historia, con más de cinco siglos de antigüedad. 

A pesar de su reducido tamaño y su lejanía, las Islas Salvajes han sido objeto de tensiones diplomáticas debido a su importancia estratégica y ecológica, afectando cuestiones clave como la soberanía y los derechos de pesca en la región.

Este archipiélago se encuentra a 165 kilómetros de Tenerife, en las Islas Canarias, y a 280 kilómetros de Madeira, Portugal. A parte de su ubicación estratégica, lo que le hace importante es su valor como refugio para diversas especies de aves marinas. Además, la disputa por su control está ligada a los derechos de explotación de las aguas circundantes, lo que las convierte en un punto de fricción entre ambos países.

El origen del conflicto

El origen de la disputa se remonta al siglo XV, cuando tanto España como Portugal comenzaron a reclamar su soberanía sobre las islas. Según Portugal, fueron descubiertas en 1460 por el navegante luso Diogo Gomes y se integraron en el territorio de Madeira. Sin embargo, España sostiene que ya aparecían en un mapa de 1367 y que fueron avistadas por Jean de Bérhencourt durante la conquista de Canarias.

A lo largo de los siglos, la disputa permaneció latente, pero en el siglo XX volvió a cobrar relevancia, especialmente cuando Portugal empezó a legislar sobre las Islas Salvajes y las incorporó a su Zona Económica Exclusiva (ZEE) en 1972. Esto afectó a los derechos de pesca de los pescadores canarios, intensificando las tensiones diplomáticas entre ambos países.

En la actualidad

Portugal ha reforzado su control sobre las Islas Salvajes, gestionándolas como una reserva natural desde 1971 y manteniendo su soberanía. Por su lado, España no la reconoce y argumenta que las islas no deberían generar una ZEE por tratarse de simples "rocas" según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

Aunque no se espera una resolución formal de momento, la situación ha alcanzado una cierta estabilidad, con Portugal manteniendo la administración efectiva de las Islas Salvajes y su reconocimiento internacional como parte de su territorio. Ambos países han optado por una solución diplomática y mantienen un entendimiento tácito que evita que esta disputa afecte sus relaciones bilaterales.

El conflicto territorial entre España y Portugal por las Islas Salvajes, un pequeño archipiélago en el Atlántico, es una de las disputas más longevas y enigmáticas de la historia, con más de cinco siglos de antigüedad. 

A pesar de su reducido tamaño y su lejanía, las Islas Salvajes han sido objeto de tensiones diplomáticas debido a su importancia estratégica y ecológica, afectando cuestiones clave como la soberanía y los derechos de pesca en la región.

Este archipiélago se encuentra a 165 kilómetros de Tenerife, en las Islas Canarias, y a 280 kilómetros de Madeira, Portugal. A parte de su ubicación estratégica, lo que le hace importante es su valor como refugio para diversas especies de aves marinas. Además, la disputa por su control está ligada a los derechos de explotación de las aguas circundantes, lo que las convierte en un punto de fricción entre ambos países.

El origen del conflicto

El origen de la disputa se remonta al siglo XV, cuando tanto España como Portugal comenzaron a reclamar su soberanía sobre las islas. Según Portugal, fueron descubiertas en 1460 por el navegante luso Diogo Gomes y se integraron en el territorio de Madeira. Sin embargo, España sostiene que ya aparecían en un mapa de 1367 y que fueron avistadas por Jean de Bérhencourt durante la conquista de Canarias.

A lo largo de los siglos, la disputa permaneció latente, pero en el siglo XX volvió a cobrar relevancia, especialmente cuando Portugal empezó a legislar sobre las Islas Salvajes y las incorporó a su Zona Económica Exclusiva (ZEE) en 1972. Esto afectó a los derechos de pesca de los pescadores canarios, intensificando las tensiones diplomáticas entre ambos países.

En la actualidad

Portugal ha reforzado su control sobre las Islas Salvajes, gestionándolas como una reserva natural desde 1971 y manteniendo su soberanía. Por su lado, España no la reconoce y argumenta que las islas no deberían generar una ZEE por tratarse de simples "rocas" según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

Aunque no se espera una resolución formal de momento, la situación ha alcanzado una cierta estabilidad, con Portugal manteniendo la administración efectiva de las Islas Salvajes y su reconocimiento internacional como parte de su territorio. Ambos países han optado por una solución diplomática y mantienen un entendimiento tácito que evita que esta disputa afecte sus relaciones bilaterales.

El conflicto territorial entre España y Portugal por las Islas Salvajes, un pequeño archipiélago en el Atlántico, es una de las disputas más longevas y enigmáticas de la historia, con más de cinco siglos de antigüedad. 

A pesar de su reducido tamaño y su lejanía, las Islas Salvajes han sido objeto de tensiones diplomáticas debido a su importancia estratégica y ecológica, afectando cuestiones clave como la soberanía y los derechos de pesca en la región.

Este archipiélago se encuentra a 165 kilómetros de Tenerife, en las Islas Canarias, y a 280 kilómetros de Madeira, Portugal. A parte de su ubicación estratégica, lo que le hace importante es su valor como refugio para diversas especies de aves marinas. Además, la disputa por su control está ligada a los derechos de explotación de las aguas circundantes, lo que las convierte en un punto de fricción entre ambos países.

El origen del conflicto

El origen de la disputa se remonta al siglo XV, cuando tanto España como Portugal comenzaron a reclamar su soberanía sobre las islas. Según Portugal, fueron descubiertas en 1460 por el navegante luso Diogo Gomes y se integraron en el territorio de Madeira. Sin embargo, España sostiene que ya aparecían en un mapa de 1367 y que fueron avistadas por Jean de Bérhencourt durante la conquista de Canarias.

A lo largo de los siglos, la disputa permaneció latente, pero en el siglo XX volvió a cobrar relevancia, especialmente cuando Portugal empezó a legislar sobre las Islas Salvajes y las incorporó a su Zona Económica Exclusiva (ZEE) en 1972. Esto afectó a los derechos de pesca de los pescadores canarios, intensificando las tensiones diplomáticas entre ambos países.

En la actualidad

Portugal ha reforzado su control sobre las Islas Salvajes, gestionándolas como una reserva natural desde 1971 y manteniendo su soberanía. Por su lado, España no la reconoce y argumenta que las islas no deberían generar una ZEE por tratarse de simples "rocas" según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

Aunque no se espera una resolución formal de momento, la situación ha alcanzado una cierta estabilidad, con Portugal manteniendo la administración efectiva de las Islas Salvajes y su reconocimiento internacional como parte de su territorio. Ambos países han optado por una solución diplomática y mantienen un entendimiento tácito que evita que esta disputa afecte sus relaciones bilaterales.

El conflicto territorial entre España y Portugal por las Islas Salvajes, un pequeño archipiélago en el Atlántico, es una de las disputas más longevas y enigmáticas de la historia, con más de cinco siglos de antigüedad. 

A pesar de su reducido tamaño y su lejanía, las Islas Salvajes han sido objeto de tensiones diplomáticas debido a su importancia estratégica y ecológica, afectando cuestiones clave como la soberanía y los derechos de pesca en la región.

Este archipiélago se encuentra a 165 kilómetros de Tenerife, en las Islas Canarias, y a 280 kilómetros de Madeira, Portugal. A parte de su ubicación estratégica, lo que le hace importante es su valor como refugio para diversas especies de aves marinas. Además, la disputa por su control está ligada a los derechos de explotación de las aguas circundantes, lo que las convierte en un punto de fricción entre ambos países.

El origen del conflicto

El origen de la disputa se remonta al siglo XV, cuando tanto España como Portugal comenzaron a reclamar su soberanía sobre las islas. Según Portugal, fueron descubiertas en 1460 por el navegante luso Diogo Gomes y se integraron en el territorio de Madeira. Sin embargo, España sostiene que ya aparecían en un mapa de 1367 y que fueron avistadas por Jean de Bérhencourt durante la conquista de Canarias.

A lo largo de los siglos, la disputa permaneció latente, pero en el siglo XX volvió a cobrar relevancia, especialmente cuando Portugal empezó a legislar sobre las Islas Salvajes y las incorporó a su Zona Económica Exclusiva (ZEE) en 1972. Esto afectó a los derechos de pesca de los pescadores canarios, intensificando las tensiones diplomáticas entre ambos países.

En la actualidad

Portugal ha reforzado su control sobre las Islas Salvajes, gestionándolas como una reserva natural desde 1971 y manteniendo su soberanía. Por su lado, España no la reconoce y argumenta que las islas no deberían generar una ZEE por tratarse de simples "rocas" según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

Aunque no se espera una resolución formal de momento, la situación ha alcanzado una cierta estabilidad, con Portugal manteniendo la administración efectiva de las Islas Salvajes y su reconocimiento internacional como parte de su territorio. Ambos países han optado por una solución diplomática y mantienen un entendimiento tácito que evita que esta disputa afecte sus relaciones bilaterales.