2025, el año en el que vivir dejó de ser vivir para ser solo supervivencia: la crisis del acceso a la vivienda se acentúa... Y no parece que vaya a frenarse en 2026

En España lo hace la FundéuRAE; fuera, y quizás el más conocido, el diccionario de Oxford. Ambas instituciones escogen, siempre que llega diciembre, la palabra del año. En este 2025, por ejemplo, Oxford eligió "rage bait", que es como se conoce al "contenido online diseñado deliberadamente para provocar ira o indignación siendo frustrante, provocativo u ofensivo". En español sería algo así como "cebo de ira". Y yo aquí vengo a negar la mayor, a impugnar la habitual costumbre de escoger vocablos nuevos para resumir un tiempo que dura doce meses. Si hay una palabra que ha definido, define y, de seguir así, definirá el sentimiento de época no es otra que 'vivienda'. Vivienda como espacio físico en el que morar, claro, pero también vivienda como sinónimo de rabia, desafección, desigualdad, precariedad; en definitiva, como sinónimo de falta de esperanza, de ausencia de un horizonte. Vivienda, planteó el portavoz de ERC Gabriel Rufián, como factor destituyente de gobiernos.

Desde hace meses, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en la idea de que la vivienda es el gran tema de la legislatura. No le falta razón. El incremento constante de su precio, tanto en compra como en alquiler, no solo echan por tierra uno de los artículos imprescindibles de la Constitución, el 47, sino que se ha convertido en el sumidero por el que se escapan todos los avances sociales que puedan aprobarse. Por ejemplo, el del Salario Mínimo Interprofesional. La base salarial aumenta, sí, ¿pero de qué sirve si lo hace todavía más el precio de la vivienda? Es algo que dijo incluso la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: "Puedo seguir subiendo el SMI que, si los precios de la vivienda siguen subiendo, si no hacemos nada, será misión imposible".

Solo en 2025, el precio de la vivienda en España se ha incrementado más de un 10%, una subida que se suma al 11% que ya aumentó en 2024, unos porcentajes aún más altos en las ciudades más tensionadas, como Madrid o Barcelona. El problema, sin embargo, no se circunscribe al ámbito nacional. En la última década, los precios de la vivienda en la Unión Europea aumentaron más de un 50% de media. Y no parece que vaya a frenarse en 2026. Lo de destinar un 30% del salario al pago de la casa es ya una quimera, un sueño irrealizable, casi un privilegio reservado para unos pocos afortunados. Vivir ha dejado de ser vivir para ser solo supervivencia.

Pero allí donde hay gente que se arruina hay quien se beneficia, que son casi siempre, además, las personas responsables de la quiebra. En el caso de la vivienda, estos son, y casi podría ser también palabra del año, los rentistas, esos pequeños, medianos y grandes inversores que han visto en la vivienda un pozo de riqueza sin fin. Un estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) publicado en 2023 mostró que, "con la información estadística disponible, [...] los hogares inquilinos son aquellos con menor renta del país, frente a los hogares de caseros, que son los de mayor renta". "De hecho, la renta anual de un hogar con viviendas alquiladas duplica la renta anual de un hogar de inquilinos", aseguraba el estudio. Según los datos disponibles, "el mercado de alquiler transfiere riqueza de los hogares de menor renta a los hogares de mayor renta y que se ha convertido en una de las principales causas de empobrecimiento y de desigualdad entre la población". ¿La conclusión? Las personas que tienen viviendas en alquiler son cada vez más ricas gracias a las personas que viven en esas casas. Un negocio redondo.

Un juego "perverso"

Lo peor ya no es que los precios no dejen de subir, sino que las medidas que desde lo público se han comenzado a aplicar no funcionan. O sí, pero para los rentistas. Pablo Carmona, activista y autor de 'La democracia de propietarios', lo explica así: "Está pasando un hecho curioso, y es que las protestas o las movilizaciones en contra de los sectores propietarios lo que están dando como resultado son medidas que lo favorecen todavía más, como los beneficios fiscales que ofrece la ley de Vivienda o con los avales para la compra de vivienda, que hacen que los bancos ganen más dinero". "Inviertes dinero público con la excusa de mejorar el acceso a la vivienda, pero lo que haces es reforzar al sector rentista. El juego es perverso", dice.

Decía el filósofo Thomas Hobbes aquello de que el hombre es el lobo del hombre, y bien podría aplicarse esto al mercado de la vivienda. Como explica Carmona, aunque el foco especulativo se pone sobre todo en grandes empresas o fondos de inversión, cada vez más familias y hogares participan del mercado de la vivienda. "Son millones de personas que de un modo u otro tienen intereses en el mercado del alquiler, y eso hace muy difícil intervenirlo. Es una parte importante de la población que quiere que la vivienda siga siendo lucrativa", asegura. Y añade un punto del que se habla mucho menos: "Esto afecta también a quien tiene una vivienda aunque no la alquile, porque quieren que, si algún día deciden venderla o alquilarla, hacerlo a precios desorbitados. Tienen una expectativa de revalorización que se mantiene gracias a políticas públicas que fomentan el crecimiento de los precios, ya sea por acción u omisión".

Para Pablo Carmona, la única solución a la crisis pasa por "intervenir la propiedad". Aunque lo ve "imposible a día de hoy", no atisba otro arreglo. El Gobierno debería "intervenir las viviendas vacías, cientos de miles en zonas tensionadas, y aplicar políticas que ataquen al beneficio especulativo en términos expropiatorios; no se puede usar la propiedad siempre por encima del derecho al acceso a una vivienda". Nada de esto está pasando. Desde el Ejecutivo no paran de defender que todo pasa por construir más y más vivienda, que todo es un problema de oferta. Esto, sin embargo, no soluciona nada. Según Carmona, "cuando todo está destinado a la acumulación, el problema va a permanecer. La cuestión no es construir más, es cómo se reparte el patrimonio construido. Además, la falta de inversión privada en el nuevo ciclo constructor hace que este se apoye en dinero público. Es decir, estamos financiando con dinero público el futuro mercado privado de la vivienda". De nuevo, un horizonte esperanzador para el rentismo.

En Europa, el enfoque no difiere del que en España quiere aplicar el Gobierno: más casas al mercado, y ya: sin control de precios, muchos menos políticas expropiatorias como las que defiende Carmona. Cuando hace poco la Comisión Europea presentó el Plan de Vivienda Asequible de la UE, el comisario de Energía y Vivienda, el danés Dan Jorgensen, avanzó que "el 20% de las viviendas europeas se encuentran vacías en estos momentos". "Tanta gente sin casa y tantas casas sin gente", expresó Jorgensen, que hizo suyo un lema utilizado por quienes se movilizan desde hace años por garantizar el derecho a acceder a una vivienda digna. La idea de Europa es lanzar todas estas casas al mercado. ¿Cómo? Mediante ayudas para la rehabilitación. Esto es, más dinero para los propietarios.

Para 2026, "conflicto democrático"

Desde los Sindicatos de Inquilinas atienden con cierta fatiga al trillado argumento del 'hay que construir más'. "Los grandes anuncios electoralistas y las medidas a largo plazo como la de la construcción no nos van a salvar a las inquilinas, que lo que necesitamos es protección y tranquilidad", comenta uno de sus miembros, Pablo Pérez, miembro del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Tras meses continuos de lucha, la organización ha constatado que en 2025 "no solo no se ha resuelto la crisis de acceso a la vivienda, sino que se ha profundizado". "Ha sido un año marcado por la ausencia de medidas estructurales por parte de las Administraciones mientras los grandes rentistas y fondos de inversión han seguido acumulando vivienda y poder. La legislatura ha avanzado sin afrontar el problema central, que es que la vivienda se sigue tratando como un activo financiero y no como un derecho", considera Pérez, que destaca la consolidación de dinámicas como las "compras de bloques completos por rentistas profesionales" o la "expansión de los alquileres de temporada y otras formas de fraude de ley".

De cara a 2026, el Sindicato de Inquilinas exige la apertura de "un escenario de conflicto democrático en torno a la vivienda". "No puede ser que siga siendo el gran negocio de unos pocos a costa de la vida de la mayoría. Hay medidas muy claras, concretas y a corto plazo" que pueden tomarse, asegura Pablo Pérez, quien menciona algunas: "Necesitamos acabar con el fraude del alquiler de temporada, acotarlo a casos muy concretos; que el alquiler de habitaciones esté regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que pueda tener la misma duración; limitar la concentración de viviendas en manos de grandes rentistas; y garantizar una estabilidad real con la firma de contratos indefinidos". Además, Pérez pide además que exista una "protección" real "frente al acoso inmobiliario" que llevan a cabo "grupos paramilitares de la mal llamada desokupación, acosando inquilinas" para que dejen sus hogares, "incluso cuando se está al corriente de pago".

"Durante 2025 hemos avanzado"

Desde el Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, aseguran que, si bien "la vivienda sigue siendo la principal preocupación de los españoles, sin duda durante 2025" se ha "avanzado en el cambio de modelo en políticas de vivienda en España, en la construcción de un sistema público de vivienda". De cara a 2026, avanzan varios frentes abiertos: "el plan y la regulación europea; la regulación de los alquileres de temporada, en tramitación en el Congreso; seguir acompañando al sector en su modernización con el PERTE de la Industrialización de la Vivienda; y el desarrollo de Casa 47".

El anuncio más reciente del Departamento que dirige Isabel Rodríguez fue, de hecho, el de Casa 47, el nombre que le han puesto a la nueva Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, "la infraestructura que sustentará el sistema público de vivienda, del mismo modo que la red de hospitales y escuelas públicas ejercen de base para los sistemas sanitario y educativo, respectivamente". Casa 47 es, en realidad, el resultado de la reconversión de Sepes. Según explican desde Vivienda, la nueva entidad "gestionará el parque público de vivienda, que nunca más se privatizará". 

Desde los movimientos que defienden el acceso digno a una vivienda, sin embargo, consideran que, una vez más, Casa 47 no resolverá el problema del incremento de precios. Por ahora, el objetivo de esta nueva entidad es, de nuevo, el de seguir construyendo vivienda, aunque se supone que a un precio más asequible.