2026: tres elecciones autonómicas, un bloqueo legislativo y... ¿el regreso de Puigdemont?

La crispación y el bloqueo parlamentario han protagonizado un 2025 de alto voltaje en el mundo político. Y 2026, el nuevo año que arranca, no parece que vaya a ir por otros derroteros. Será un año crucial para el Gobierno, que ya busca alternativas para sortear su dificultad para aprobar medidas en las Cortes, y también en lo que respecta a elecciones, con tres convocatorias autonómicas sobre la mesa en el primer semestre del año. Sin olvidar, por supuesto, las derivas judiciales de los casos que golpean a PSOE y PP y el posible retorno de Carles Puigdemont a España.

Pedro Sánchez no empieza 2026 en una posición de fuerza. Tras la hecatombe del PSOE en las elecciones extremeñas del pasado 21 de diciembre (pasó de 28 a 18 escaños) y una perspectiva a la baja en el resto de plazas, el líder socialista necesita remontar para que no cunda el pánico en el seno del partido. A través de la actividad legislativa, lo tendrá difícil. El bloqueo de Junts a todas las medidas del Gobierno deja al Ejecutiva en minoría en la Cámara Baja. Sin los votos del partido de Puigdemont, es casi imposible que algunas de sus leyes puedan salir adelante. 

Fuentes socialistas no pierden la esperanza y creen que los independentistas pueden apoyarles en muchas medidas sociales y también económicas. No obstante, hacen gala de que el Gobierno aprobó el año pasado más leyes y decretos que en 2024, aunque el "boicot" de Junts no se produjo hasta la parte final del año.

Los Presupuestos de 2026 no parecen tener fácil salida, pese a que el Gobierno insiste en que los presentará en el Congreso durante el primer trimestre del año. Ante la probable derrota, Pedro Sánchez ya ha ido deslizando que los presupuestos prorrogados, que son de 2023, le sirven para desplegar su agenda social y para que España siga siendo la economía desarrollada que más crece. 

Antes, tendrá que solventar la convalidación del decreto ley aprobado en el último consejo de Ministros del año pasado, que incluye la revalorización de las pensiones o la prórroga del escudo social, entre otras cuestiones. La derecha parlamentaria, conformada por PP, PNV y Junts, no confirma de momento su respaldo al denunciar que el Gobierno mezcla cuestiones en un mismo decreto, sin capacidad de negociación de forma individual. 

En todo caso, el Ejecutivo ya busca maneras para evitar el bloqueo legislativo. Según publicaba este lunes el diario El País, el presidente del Gobierno ha pedido a sus ministros que presenten propuestas de medidas de carácter social que el Ejecutivo pueda aprobar en 2026 sin que tengan que pasar por el Congreso. Es decir, a través de reglamentos. "Hay mucho que se puede hacer" sin necesidad de aprobar leyes, señalaba el mismo día en una entrevista en la Cadena SER la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y ahora también portavoz del Gobierno, Elma Saiz. 

El desbloqueo del Congreso podría llegar a través del retorno de Carles Puigdemont a España tras más de ocho años desde su fuga (con el paréntesis de su aparición fugaz en Barcelona en agosto de 2024). A punto de cumplirse dos años de la aprobación de esta ley, que precipitó la investidura de Pedro Sánchez, el Tribunal Constitucional debe pronunciarse al fin sobre si procede aplicar la amnistía al delito de malversación que pesa sobre los líderes del procés. Se espera que la decisión esté tomada en primavera, de la misma manera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría en los próximos meses avalar de forma definitiva la norma. 

Ante esta parálisis, PP y Vox han pedido de forma reiterada a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones generales. Y el presidente del Gobierno, también de forma reiterada, insiste: los comicios serán en 2027. Pero este año tendremos elecciones autonómicas en Aragón (8 de febrero), Castilla y León (1 o 15 de marzo) y Andalucía (junio). 

Las diferentes encuestas apuntan a que los socialistas volverán a sufrir el revés de las urnas, a pesar de contar con la exministra de Educación, Pilar Alegría, o la aún vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, como arietes. El PP ganaría en ambos territorios, pero tanto Mañueco como Moreno Bonilla podrían tener complicada la investidura si Vox crece de la misma manera que ya lo ha hecho en Extremadura. 

Territorio, por otro lado, que podría verse abocado en 2026 a una repetición electoral si los de Abascal no apoyan a María Guardiola. Reforzados al doblar los resultados, Vox no quiere consejerías en el nuevo gobierno extremeño, pero sí que el PP se pliegue y acepte muchas de sus 200 exigencias para el territorio, como eliminar el registro de sanitarios objetores al aborto, la supresión de subvenciones para cooperación internacional, ideología de género, sindicatos y patronal; la derogación de la ley LGTBI o eliminar la ecotasa. Exigencias que Guardiola, hace unas semanas, veía inasumibles y sobre las que ahora está dispuesta a negociar. 

Al bloqueo en el Congreso y los malos augurios en las elecciones, Sánchez y el PSOE suman una tercera pata de inquietud para el nuevo año: el calendario judicial. El juicio contra el hermano de Sánchez arrancará en mayo, Begoña Gómez está ya muy cerca de sentarse en el banquillo acusada por cinco delitos y el Supremo ya ha enviado a juicio a Ábalos y Koldo, a la espera de lo que ocurra con Cerdán o Leire Díez. 

Pero el PP también tendrá lo suyo este año, con el juicio a la 'operación Kitchen' entre abril y mayo de este año. Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior de Rajoy, y Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, se sentarán en el banquillo mientras otras piezas clave del gobierno anterior (Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, Juan Ignacio Zoido...) tendrán que comparecer como testigos.