Acciona empieza a tomar decisiones tras verse envuelta en el Caso Ábalos. La constructora ha decidido iniciar los trámites para la resolución de los contratos y los acuerdos de asociación vigentes que relacionan a la compañía y a cualquiera de sus filiales con Servinabar 2000 SL, empresa investigada por el Supremo por presunta trama de amaño de contratos públicos y cobro de comisiones ilegales

Así, la compañía ha informado, en relación con las informaciones públicas que vinculan al ya exempleado de Acciona Construcción con supuestas irregularidades en procesos de licitación pública, que la medida responde al incumplimiento por parte de Servinabar 2000 de los compromisos contractuales adquiridos de respeto y sujeción a los estándares más exigentes de cumplimiento normativo, transparencia y debida diligencia.

Por ello, y en la medida en que este incumplimiento "revela una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección", Acciona ha decidido poner fin a la relación laboral con Justo Vicente Pelegrini, hasta la fecha director de Construcción para España. De este modo, la compañía se compromete a colaborar con la Justicia para esclarecer los hechos.

En su comunicado, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa aprovecha para reafirmar "su compromiso de operar con los más altos estándares de ética, transparencia y cumplimiento normativo, principios que siempre han guiado sus actividades y relaciones tanto con las administraciones públicas como con sus clientes privados". Además, rechaza "de forma contundente" cualquier práctica irregular en materia de contratación.

Este anuncio se suma al emitido el pasado jueves por la empresa, en el que aseguró desconocer los hechos investigados por el Tribunal Supremo. En el mismo, anunció que trabaja en una investigación interna, que de momento, se encuentra en "fase inicial".

Servinabar 2000, compañía creada en 2015 por el empresario Antxón Alonso Egurola, ha sido investigada en el marco del 'caso Koldo-Ábalos-Cerdán' por su posible implicación en un entramado de adjudicaciones irregulares de obras públicas. De hecho, su sede en Pamplona ha sido registrada por la Guardia Civil en busca de posibles pruebas documentales.

La firma ha cobrado relevancia mediática por la adjudicación de grandes proyectos de infraestructura, como el desdoblamiento de los túneles de Velate (Navarra), obra valorada en decenas de millones de euros y objeto de polémica por presuntas irregularidades y su relación con figuras políticas, especialmente el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.