Ahora le toca a él: el fiscal general del Estado declara este miércoles para defender su inocencia

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declarará este miércoles en el Tribunal Supremo acusado de haber filtrado a los medios de comunicación un email del abogado de Alberto González Amador, dirigido a la Fiscalía, en el que éste reconocía "ciertamente" que había cometido "dos delitos contra la Hacienda Pública".

Tras cuatro sesiones de juicio en las que no se ha evidenciado prueba alguna contra él - más bien, todo lo contrario - la gran incógnita es si García Ortiz responderá a las preguntas de las acusaciones después de que él tuviera que escuchar cómo el novio de Isabel Díaz Ayuso le había "destrozado la vida" y le había convertido en el "defraudador confeso de España", o al jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, jactándose de que había ido pa'lante y había acabado sentado en el banquillo de los acusados. Parece descartado que el fiscal general del Estado responda a las acusaciones populares de Abogados Cristianos o HazteOír, aunque sí podría hacerlo ante la acusación particular de González Amador. 

En su declaración el pasado mes de enero, García Ortiz solo respondió a las preguntas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. En aquella cita en el Supremo, el fiscal general ya negó que filtrara el documento que se investiga y también que diera orden de que se hiciera. Además, cuestionó la investigación del instructor, Ángel Hurtado, y la consideró nula porque vulneraba su derecho de defensa. Se basaba, principalmente, en el allanamiento de su despacho oficial y del de la jefa de Madrid.

Además de García Ortiz, este miércoles también declararán los agentes de la UCO que elaboraron el informe remitido al Supremo en el que se indicaba - sin pruebas concretas - que el fiscal general había participado de forma "preeminente" en la filtración del correo. Es, probablemente, el único escollo al que le queda por enfrentarse García Ortiz después de que buena parte de los testimonios recabados durante el juicio jueguen a favor de su defensa. Como los diferentes periodistas que han asegurado que conocieron horas o incluso días antes la existencia de ese correo y que su fuente no fue el fiscal general. 

"Tengo un dilema moral porque hay una persona a la que se le pide cárcel y yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente", aseguró el periodista José Precedo, de eldiario.es. Miguel Ángel Campos, de la SER, dijo este martes que llegó a ver el contenido del correo seis horas antes de que le llegara al fiscal en un despacho y José Manuel Romero, subdirector de El País, precisó por su parte que su fuente era de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.

La otra acusación contra García Ortiz se basaba en el borrado de su teléfono móvil para, supuestamente, destruir las pruebas de su filtración. Ya la semana pasada, la fiscal de Sala de la Unidad de Apoyo, Esmeralda Rasillo, reconoció que no existe un protocolo para el borrado de teléfonos en la Fiscalía, pero aseguró que Álvaro García Ortiz ha cambiado de teléfono cada año desde que es el jefe del Ministerio Público. Y, ayer mismo, el fiscal delegado de Protección de Datos, Agustín Hidalgo de Murillo, sostuvo ante el juez que el fiscal general tiene "la facultad" de borrar la información que albergan sus dispositivos si considera que la información sensible peligra, porque es el "responsable" de la misma. Es decir, era un mecanismo al que recurre regularmente el fiscal general para proteger la información que recaba en sus dispositivos. 

La UCO, precisamente, aseguró en uno de sus informes que García Ortiz borró en dos ocasiones sus mensajes de WhatsApp el mismo día que el Supremo le encausó, el 16 de octubre de 2024. El fiscal aseguró, sin embargo, que las comunicaciones referidas al correo del novio de Ayuso la noche del 13 de marzo fueron eliminadas anteriormente y aportará - según El País- un informe pericial que determina que no es posible reflejar con precisión qué contenido se elimina en cada momento.