Begoña Gómez recurre su citación a declarar el 9 de junio: el juez Juan Carlos Peinado tiene "excesiva prisa", denuncia
Denuncia que el magistrado le haya dado al procedimiento "una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías del proceso penal en un Estado Democrático".
Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, ha recurrido a través de su abogado, Antonio Camacho, la convocatoria del magistrado Juan Carlos Peinado para declarar el próximo 9 de junio por si se decretan o no medidas cautelares y para informarles de que les juzgará un jurado popular, según ha adelantado la Cadena SER.
Tal y como ha informado la SER, en su recurso, Gómez acusa al magistrado de tener "excesiva prisa" por poner fin a la investigación al darle al procedimiento "una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías del proceso penal en un Estado Democrático". Según el abogado Peinado debe practicar el interrogatorio "a otro director de la cátedra que codirigía y ratificar los tres informes periciales que ha presentado".
En el escrito de recurso, la mujer de Pedro Sánchez denuncia además que el magistrado haya admitido "decenas de testigos propuestos por las acusaciones [dirigidas por la asociación ultra Manos Limpias]" pero haya "denegado la práctica totalidad de las" de la defensa, lo que supone "una quiebra del principio de igualdad de armas".
Recurrir a la "fuerza pública"
El pasado 26 de mayo, el juez Juan Carlos Peinado citó a declarar a Gómez, a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, a quienes obligó a "comparecer personalmente". De lo contrario, advirtió el magistrado, serían "conducidos por la fuerza pública".
En abril, Peinado ordenó el procesamiento de Begoña Gómez por los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca, eliminándose tan solo un quinto delito que se investigaba, el de intrusismo profesional, "al no haber más que un indicio endeble".
Un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aseguró la pasada semana que no se habían encontrado pagos opacos ni sospechosos, tampoco irregularidades, en la creación de la cátedra que se investiga.
