Canarias activa la contingencia migratoria y avisa de que intervendrá la Fiscalía si no hay reparto de menores
Clavijo ha reclamado a los presidentes autonómicos que en un país de 50 millones de habitantes "no puede ser un problema distribuir cuatro niños" y cree que se hace "un flaco favor a la democracia".
Canarias activa la contingencia migratoria. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este miércoles que ha reclamado dicha medida tras haber triplicado la capacidad de acogida. Tras el decreto aprobado por el Gobierno este martes, el Ejecutivo canario reclama el inicio de la distribución de los menores migrantes no acompañados.
Así lo ha contado Clavijo en declaraciones tras su reunión con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Ha defendido que ya "no hay excusas" para arrancar con el proceso y se muestra "convencido" de que la Fiscalía intervendrá "de oficio".
"La Fiscalía nos ha ayudado mucho en este proceso de atención, por lo tanto, esperemos que no tengamos que llegar a eso, esperemos que el sentido común impere", ha defendido.
El presidente del Gobierno de Canarias ha defendido que se trata ahora de ser "diligentes" y acabar con "hacinamiento" de los menores y ha insistido en que no se puede detener salvo que "algún órgano judicial determine una medida cautelar, que no es el caso".
El Tribunal Supremo, ha detallado, "ha hablado con tres autos muy claramente de la situación de los menores", concretamente los que están en protección internacional, pero el Constitucional también ha avanzado que es una "competencia concurrente" y las comunidades autónomas tienen "obligaciones porque son menores", pero el Estado "tiene también la obligación" de poder "garantizar esa solidaridad y sobre todo proteger el interés superior del menor".
Clavijo ha reclamado a los presidentes autonómicos que en un país de 50 millones de habitantes "no puede ser un problema distribuir cuatro niños" y considera que se hace "un flaco favor a la democracia" y a los derechos de la infancia generando ese debate.
En su opinión, la integración de los menores debe ser "plena" y con todos los servicios garantizados. "No hay que olvidar que hay niños, a lo mejor, que salieron en este viaje con sus padres y que han muerto sus padres y se han quedado solos, y algunos han visto como los han tirado por la borda, o sea que pongámosle humanidad a este asunto", ha destacado.
En cuanto al Estado, ha reclamado "agilidad" en los procedimientos y que no se produzca la lentitud del sistema de los menores demandantes de asilo.
"Creo que se puede hacer mucho mejor, todos nosotros también lo podemos hacer mejor, vamos a contratar un refuerzo de 26 trabajadoras hasta final de año para poder ayudar a tramitar toda esa documentación porque al final son niños, con su tutela, con sus derechos", ha comentado.
De esta forma, el procedimiento fija que, a partir de este miércoles, todos los menores que lleguen no acompañados, en un plazo de 15 días, tienen que estar asignados a la comunidad autónoma en la que van a ser derivados, y para los que ya están acogidos en el archipiélago, se da un plazo de un año.
Bolaños avisa de "consecuencias legales"
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido la "absoluta transparencia" de los criterios para el reparto de menores migrantes no acompañados y ha avisado de "consecuencias legales" para las comunidades autónomas que no cumplan y se nieguen a acoger.
"Lo que aprobamos ayer fue un real decreto con unos criterios para distribuir menores no acompañados en nuestro país, unos criterios que son objetivos, que son claros y que son absolutamente transparentes", ha asegurado Bolaños, este miércoles, en declaraciones a los medios.
Según ha explicado, son criterios "solidarios con las comunidades autónomas que tienen más presión migratoria, obviamente Ceuta y Melilla, obviamente Canarias, también Andalucía, también Baleares". "Y tenemos que ser solidarios, todas las comunidades autónomas, las que tienen menos presión migratoria con las que tienen mayor presión migratoria", ha apelado el ministro.
Además, ha recordado que es un real decreto aplicable y que, por lo tanto, su incumplimiento por parte de las CCAA "tendría, lógicamente, consecuencias también legales". En todo caso, ha dicho que no se imagina "por mucha instrucción que puedan tener desde algún sitio, que quieran incumplir la ley abiertamente".
