Un nuevo escándalo sacude al Partido Popular tras la publicación por El País este lunes de una serie de grabaciones inéditas en las que la exministra de Defensa y ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, profiere una alarmante declaración: "A Grinda hay que matarlo". El audio, fechado el 6 de julio de 2017, forma parte de un conjunto de documentos entregados recientemente al PSOE por la exconcejala Leire Díez en un pendrive que contenía cientos de conversaciones grabadas por el excomisario José Manuel Villarejo.

La frase se produce en el contexto de una reunión privada en la que Cospedal y Villarejo abordan la estrategia para influir en la cúpula policial. En la conversación, Villarejo urge a cambiar los mandos de la UCO y la UDEF, a quienes consideraba alineados con el PSOE. Cospedal, según el audio, responde afirmativamente: "Estoy detrás de las gestiones de Interior y creo que lo vamos a conseguir...". La grabación revela un intento explícito de manipular los aparatos del Estado para controlar investigaciones judiciales.

El fiscal anticorrupción José Grinda, objetivo directo de la frase de Cospedal, ya había sido blanco de una campaña de desprestigio orquestada por Villarejo. El comisario le atribuía falsamente relaciones con el CNI y pretendía desacreditarlo por su implicación en causas de corrupción relacionadas con el PP. Las grabaciones también documentan operaciones extraoficiales contra el independentismo catalán, en las que Villarejo describe el uso de bulos, informes apócrifos y filtraciones a medios como instrumentos de guerra política.

Las nuevas revelaciones han sido remitidas a la Fiscalía General del Estado, que deberá valorar su autenticidad y pertinencia penal. Aunque varios de los audios ya han sido objeto de investigación en piezas separadas del caso Tándem, este nuevo paquete reabre el debate sobre el uso partidista de las instituciones de seguridad del Estado y la falta de control sobre los aparatos de inteligencia paralelos.

El Partido Popular no ha emitido declaraciones oficiales hasta el momento tras las informaciones publicadas por El País. El PSOE ha exigido explicaciones inmediatas y no descarta solicitar la comparecencia parlamentaria de Cospedal y otros implicados. El caso amenaza con desencadenar una nueva tormenta política, siete años después de los hechos.