Dos propuestas antagónicas y meses de debate: la disputa entre bloques que ha vuelto a fracturar al CGPJ

El 25 de junio del año pasado, tras más de 2.000 días de parálisis, PP y PSOE alcanzaban un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Es un gran día para la justicia, la democracia y la sociedad españolas (...) Se recupera la normalidad institucional en el Poder Judicial y, desde hoy, los tres poderes funcionan con normalidad institucional", señaló el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños, tras firmar el pacto junto al popular Esteban González Pons.

El acuerdo, entre otros aspectos, incluía el compromiso de presentar en seis meses una proposición de ley para reformar el sistema de elección del órgano judicial tras estudiar los distintos modelos europeos. "Dicho texto reformará la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley que regula el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal y tendrá como objetivo reforzar la independencia e integridad del sistema judicial", señalaba el documento firmado por los dos grandes partidos.

La tarea de configurar ese nuevo sistema de elección recayó en el propio CGPJ, que apurando este plazo todavía no se ha puesto de acuerdo en el modelo a seguir. De hecho, este miércoles su pleno ha aprobado dos propuestas antagónicas, una de los conservadores y otra de los progresistas, ante la falta de consenso para acordar un informe único. Lo que abre un nuevo cisma dentro del órgano de gobierno de los jueces.

Las posturas están claras. El bloque conservador plantea que los 12 vocales de extracción judicial sean designados en elección directa por los jueces. Es decir, los jueces eligen a sus representantes de forma directa. El Parlamento, en este caso, se limitaría a elegir a los otros ocho vocales - derecho blindado por la Constitución - entre juristas de reconocida competencia. Sin embargo, la mayoría de vocales del CGPJ (con sus consecuentes decisiones) quedaría marcada por la propia deliberación de los jueces.

El bloque progresista ve bien que los jueces participen en la elección de los 12 vocales judiciales, pero defiende que sean avalados por las Cortes. Es decir, el Parlamento seguiría participando en el proceso de elección. Los progresistas consideran que la elección de los vocales sin intervención parlamentaria reforzaría el "corporativismo" en la carrera judicial, por lo que abogan por una primera fase de participación abierta a toda la carrera judicial en la que se podrán presentar candidatos individuales con 30 avales y también las asociaciones judiciales.

Ante esta situación de bloqueo, dado que ninguna de las propuestas ha alcanzado los 13 votos necesarios, la presidenta, Isabel Perelló, ha elaborado un informe conjunto que incluye las dos propuestas y que se ha remitido al Gobierno, a las Cortes y a la Comisión de Venecia, este último un órgano consultivo del Consejo de Europa. Un fracaso sin paliativos del nuevo órgano judicial en uno de sus principales objetivos tras la renovación. De este modo, pasan de nuevo a los partidos la "patata caliente" del modelo de elección de los vocales.

¿Debe el parlamento intervenir en la elección de los vocales?

Los vocales de ambas corrientes ni siquiera se han puesto de acuerdo a la hora de examinar cuáles son “los mejores estándares europeos” a los que debe ajustarse la propuesta. Los conservadores aluden a informes a nivel europeo que han recomendado a España que reforme el sistema de elección para que el Parlamento no participe en el proceso. Pero los progresistas sostienen de forma tajante que esos documentos no son vinculantes y que no hay ninguna norma o jurisprudencia de los tribunales europeos que imponga esa forma de elección del Consejo. Para ellos, son meras "recomendaciones, guías de buenas prácticas o elementos de cooperación". 

Además, los progresistas subrayan en su informe que no se puede despojar al Consejo de la legitimidad parlamentaria, pues se trata de un órgano constitucional. De ahí la necesidad de que los candidatos a vocales reciban el refrendo de las Cortes. A su juicio, "demonizar" la elección parlamentaria "es propia de populismos" porque no hay argumento jurídico que respalde que la elección de los vocales judiciales por sus pares "garantice mayor independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional".

Las dos propuestas serán trasladadas ahora para que "se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación". Lo que, irremediablemente, abrirá una nueva guerra entre PP y PSOE por el control del poder judicial.