El 'caso Juana Rivas' llega al día decisivo para saber el futuro del hijo pequeño en una tormenta judicial inacabable
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El 'caso Juana Rivas' llega al día decisivo para saber el futuro del hijo pequeño en una tormenta judicial inacabable

Las autoridades preparan un procedimiento más breve y limitado en personas a fin de evitar que se repitan las escenas de tensión y caos del martes. En paralelo, se multiplican los frentes legales sobre Juana Rivas y sobre Francesco Arcuri.

Juana Rivas y su hijo, Daniel, a la llegada al punto de encuentro el pasado martesEuropa Press via Getty Images

La tormenta judicial, mediática, social y humana que rodea al 'caso Juana Rivas' llega este viernes a la fecha clave. El plazo límite para saber si finalmente se hace efectiva la entrega del pequeño Daniel al padre, Francesco Arcuri, que tiene la custodia legal del menor. La misma quedó aplazada hace 72 horas, en medio de un revuelo incontrolable en la entrada del Punto de Encuentro Familiar en Granada. El caos no ha cesado en los últimos tres días, entre ultimátums, peticiones de urgencia y un cruce de acusaciones legales.

A primera hora de la tarde del jueves se conocían dos noticias para complicar aún más la resolución de un asunto que lleva ocho años en un laberinto sin salida. El hijo mayor de Juana Rivas y Franceso Arcuri denunciaba a su padre por 'atentado contra la integridad moral y coacciones' contra su hermano pequeño.

Casi en paralelo, la Audiencia de Granada ha reactivado la causa por un supuesto delito de sustracción de menores contra Rivas y ha acordado investigarla por no haber facilitado la vuelta del hijo menor a Italia. Por contra, desestima el supuesto delito de maltrato. 

El movimiento legal del tribunal, que admite la denuncia de Arcuri contra su exmujer, llega en un momento crítico, por producirse dentro del plazo de cuatro años desde que el Gobierno le concediera en noviembre de 2021 un indulto parcial. Entonces, una medida de gracia le libró de la pena de cinco años de cárcel a condición de no cometer ningún delito relacionado con los hechos en este plazo. 

En otro frente y apurando hasta última hora, la familia de Juana Rivas y su propio hijo mayor, Gabriel, de 19 años, están redoblando la presión para evitar que se haga efectiva la entrega de Daniel al progenitor, como dictaminó la Justicia. Y, de paso, para que se siga la voluntad del pequeño, que públicamente expresó, entre gritos, su miedo ante el posible retorno con su padre. Lo hizo a petición de la asesora de Rivas, Paqui Granada, quien le animó a expresar cómo se sentía. Entre lágrimas, casi sin voz, el pequeño Daniel lanzó a la prensa "no quiero volver" y "me va a matar como vuelva" en referencia a su padre.

Gabriel Arcuri ha remitido una carta a "cualquier autoridad competente de España" detallando que su hermano "desea ser escuchado aquí y ahora" y exigiendo que "no permitan que lo entreguen mañana, como hicieron conmigo hace ocho años". Aquel episodio tuvo lugar en 2017, cuando por orden judicial Juana tuvo que entregar a su expareja a los dos niños, que por entonces tenían 11 y 3 años. Ahora, Gabriel ya es mayor de edad y pudo elegir per se quedarse con su madre.

El martes, la jueza al cargo de la causa emitió un auto de urgencia retrasando tres días la entrega legal de Daniel tras analizar las "circunstancias" y alegando que "es absolutamente descartable que se emplee en la entrega del menor ningún tipo de fuerza física o coacción", como se vivió en aquellas horas.

Objetivo, que no se repita lo del martes

De cara a lo que ocurra este viernes, las autoridades ya han tomado medidas para evitar un espectáculo mediático como el vivido tres días antes. Detalla El País en una pieza exclusiva, que la intención es que "la entrega … se realice en un lugar neutral que no permita el acceso a terceras personas y agentes mediáticos". 

La idea es buscar la privacidad para evitar la presencia de factores externos y hacer que "no puedan influir en el bienestar del menor así como en el normal desarrollo de la entrega; evitando, por tanto, una sobreexposición del menor".

El procedimiento busca que madre y padre acudan con una diferencia temporal de 15 minutos y acompañados de una única figura legal para evitar "masificaciones". Caso distinto es el pequeño Daniel, que podrá estar acompañado de psicólogos, trabajadores sociales y agentes policiales a fin de garantizar su seguridad y la "confianza" en el proceso, prosigue El País. 

El papel del Gobierno

La entidad Amnistía Internacional ha pedido a Félix Bolaños, ministro de Justicia, que proteja al niño Daniel, tras recibir la carta de su puño y letra pidiendo ayuda a la oenegé, a Save the Children y a la ONU  ante la previsible vuelta a Italia con él. En dicha misiva Daniel habría relatado "actos de violencia presuntamente cometidos por su progenitor, así como el miedo que siente a tener que regresar a Italia y quedarse a solas con él", por lo que AI recuerda al Ejecutivo que España debe actuar conforme al interés superior del menor.

Según Amnistía Internacional, "el interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las decisiones que le afecten, conforme al artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño". Igualmente, AI recuerda que conforme al artículo 12 de la Convención, "el niño tiene derecho a ser escuchado y a que sus opiniones sean debidamente tenidas en cuenta según su edad y madurez"

Así aseguran habérselo transmitido a Félix Bolaños, cuyo ministerio ya ha respondido tajante que no pueden hacer nada al respecto

Fuentes del Ministerio de Justicia han confirmado a Europa Press haber estudiado los dos informes urgentes solicitados a la Abogacía del Estado y a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y ambos documentos descartan "con claridad" que el Ministerio como autoridad central pueda adoptar ninguna decisión de un asunto judicializado y que se está tramitando ante los tribunales españoles e italianos.

"Tanto el Reglamento como el Convenio conciben que la competencia para la entrega de menores, sobre todo en el marco de procesos judicializados, es solo de los tribunales. De hecho, aunque en el Reglamento se habla de "autoridades centrales de ejecución" y el Convenio se refiere a "autoridades judiciales o administrativas", dichas autoridades, según lo remitido por España a organismos internacionales, son exclusivamente tribunales de Justicia, como sucede en la inmensa mayoría de países y en todos los Estados de la UE", ha explicado Justicia.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado haber entregado desde su departamento un informe "demoledor, durísimo" de la psicóloga habilitada para acompañar al hijo menor de Juana Rivas sobre lo vivido el martes en el punto de encuentro familiar

En declaraciones a los medios este jueves, Sira Rego ha querido remarcar que el informe describe una "situación muy dura, muy difícil, con el niño muy tensionado" en el punto de encuentro y que insiste en que no quiere regresar a Italia. Ante eso, ve "importante" que Fiscalía tenga conocimiento de este informe —al que tuvo acceso el miércoles— para que intervenga si lo considera necesario.

Rego ha dicho que quien tiene que paralizar la entrega del niño no es el Gobierno, recordando que la labor del Ejecutivo es "velar por los derechos de este niño" y poner a su disposición todos los mecanismos. "A mi lo que me importa es el niño. A mi lo que me importa es que se cumpla con los derechos de ese niño. A mi lo que me importa es que los niños sean escuchados", ha subrayado.

Para Rego, tras conocer el relato de los dos hijos de Juana Rivas y Francesco Arcuri, ambos trasladan "malos tratos sostenidos en el tiempo", y ha recordado que el padre va a ser juzgado en septiembre en Italia por presuntos malos tratos infantiles.

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