El Congreso termina el año con un nuevo rechazo al techo de gasto y el apoyo a los proyectos sociales del Gobierno

El Congreso ha terminado este jueves el año con el último pleno de este 2025 con una votación en el que el Gobierno se exponía a su capacidad para sacar adelante las votaciones. En ese sentido, la cámara baja ha logrado sacar adelante muchos de los proyectos sociales y de reconstrucción que estaban agendados para este 11 de diciembre, sin embargo, el techo de gasto —paso imprescindible para aprobar unos futuros presupuestos que ahora se podrán presentar en el próximo año— ha vuelto a quedar rechazado por la mayoría del parlamento.

A lo largo de las votaciones de este jueves, algunas han contado con los votos favorables e inusuales del Partido Popular que ha significado la puesta en marcha algunos de los proyectos de ley que estaban en juego. El primero de ellos ha sido el respaldo al decreto de medidas adicionales para La Palma tras la erupción volcánica de 2021. Dentro de ellas se encuentra una bonificación del 60% en el IRPF y el incremento de los 100 millones que solicitaba el gobierno insular. Por otro lado y con el apoyo nuevamente de los populares se ha convalidado la subida salarial para los tres millones de empleados públicos y el permiso a los ayuntamientos de todo el país para usar el superávit en inversiones sostenibles. 

Pese a ello, el Congreso ha rechazado por segunda vez la senda de estabilidad para el periodo 2026-2028, lo que pone fin a los trámites previos a los presupuestos y deja vía libre al Gobierno para presentar las cuentas del próximo año. Los objetivos de estabilidad han recibido 177 votos en contra —los de PP, Vox, Junts y UPN—, 166 a favor y 5 abstenciones —Podemos y la exdiputada de Sumar Àgueda Micó—, de la misma forma que la votación de la primera senda a finales de noviembre.

A pesar de este resultado, con esta segunda votación quedan cumplidos los trámites previos a los presupuestos y el Gobierno ya podría presentar las cuentas del próximo año en cualquier momento, ajustadas a los objetivos de estabilidad incluidos en el plan fiscal estructural remitido a Bruselas el pasado año en lugar de a los rechazados este jueves. Sin embargo, dichos presupuestos, y a espera de que las correlaciones puedan cambiar, se esperan que obtengan el mismo resultado que las dos últimas sendas de gasto. Es decir, que no salga adelante. 

Por otro lado, el Congreso ha aprobado la ley de servicios de atención a la clientela, que incluye la atención en catalán, euskera y gallego a la ciudadanía de las comunidades autónomas con lenguas cooficiales, así como el bloqueo de las llamadas 'spam' y la garantía de la atención humana. Una ley que inició su andadura en 2011 y ha necesitado más de una década para culminar su camino en el que se han tumbado la mayoría de enmiendas introducidas por el PP en el Senado.

Con el intento de reconciliación que está tratando de llevar a cabo el PSOE con Junts, se ha aprobado el decreto ley que recoge algunas de las medidas que reclamaba el partido independentista, como el aplazamiento del reglamento Verifactu o el permiso para que comunidades y ayuntamientos destinen el superávit de 2024 a inversiones sostenibles en los próximos años.