Subida a los funcionarios, techo de gasto, el decreto de Junts... Esto es lo que se juega el Gobierno en el último pleno del año
El PP teme que su apoyo a algunos de los decretos del Ejecutivo le sirva a Vox como munición contra ellos. Todo está más ajustado después de la suspensión de Ábalos como diputado.

El Congreso de los Diputados celebra este jueves su último pleno del año con la mira puesta en si el Gobierno será capaz de sacar adelante algunas votaciones clave, como la senda de estabilidad, la subida de sueldo a los funcionarios o un decreto con algunos de los compromisos adquiridos con Junts para intentar mantener a flote la legislatura.
De cara a la posible aprobación de los Presupuestos de 2026, la Cámara Baja volverá a votar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y el límite de gasto no financiero, paso necesario para poder abordar después las cuentas. Junts ya se alineó con PP y Vox el pasado 27 de noviembre para tumbar la senda de déficit y no parece que los de Puigdemont vayan a virar de posición este jueves al no ver cambios con respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo. "Lo hicimos una vez, lo hicimos la segunda y si lo vuelven a proponer, lo haremos una tercera", anticipaba este martes el secretario general de JxCat, Jordi Turull.
El nuevo revés pone más cuesta arriba que las cuentas puedan finalmente aprobarse en 2026 y evidencian que las relaciones entre PSOE y Junts siguen rotas pese a que Pedro Sánchez mostrara la semana pasada un gesto de buena voluntad aprobando un decreto con algunas medidas exigidas por los de Puigdemont, además de otro este mismo martes para regular una cobertura ante eventuales impagos de rentas para los contratos de alquiler.
El primero de esos decretos, que incluye una flexibilización de las inversiones de los entes locales y ayuntamientos y un aplazamiento para la obligación del uso del sistema Verifactu para Pymes y autónomos, será la primera moneda de cambio del Gobierno para recuperar el favor de Junts. La aprobación de este decreto, a priori, no parece correr riesgo. Incluso, según avanzaba El País, el PP de Feijóo podría también acabar votando a favor dado que, de este modo, los alcaldes y los presidentes de Diputación (incluidos los de su partido) tendrán más facilidad para invertir, por ejemplo, en proyectos que no conlleven un gasto corriente, como en construcción de vivienda o gestión de agua.
Lo que el PP teme es que este voto le sirva a Vox para vender una supuesta connivencia de Feijóo con Sánchez. Sobre todo cuando los populares también se alinearán con el PSOE y las fuerzas que sustentan al Gobierno para aprobar el decreto con ayudas a la isla de La Palma tras la erupción volcánica y otro para aumentar el sueldo de los funcionarios. El plan, según el acuerdo al que llegó el ministro Óscar López con los sindicatos es incrementar los salarios de los trabajadores públicos un 2,5% en 2025 (con efecto retroactivo desde el 1 de enero) y un 1,5% en 2026, susceptible de aumentar otro medio punto por la inflación.
Además, el Pleno se pronunciará sobre la avocación de tres iniciativas legislativas: la Proposición de ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la administración española; la Proposición de ley relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios y la Proposición de ley sobre control y regulación de la publicidad y contratación de los pisos turísticos.
A vueltas con el voto de Ábalos

Muchas de las votaciones volverán a ser igualadas y cada voto cuenta. En ese aspecto, cobra especial importancia la decisión de la Mesa del Congreso del pasado miércoles 10 de diciembre por la que se suspendieron los derechos como diputado y sueldo de José Luis Ábalos.
El actual diputado del grupo Mixto solicitó que le dejasen votar en remoto en virtud del artículo 82.2 del Reglamento de la Cámara, que reconoce el supuesto de "situaciones excepcionales de especial gravedad". En ese sentido, Ábalos, en redes sociales, subrayó que la norma no especifica el motivo de dicha situación excepcional y avisa de que no concederle esta autorización sería "una vulneración sin precedentes y de extrema gravedad tanto en los derechos inherentes a cualquier diputado o diputada como a la representación de la ciudadanía". Sin embargo, a las pocas horas de esta exposición, la Mesa del Congreso decidió suspender los derechos del exsecretario de Organización del Partido Socialista, lo que supone que el terreno de juego se estreche aún más para el Ejecutivo en esta recta final.
Después de que el Supremo haya avalado su procesamiento este miércoles y que a la par le haya suspendido su derecho a voto, ahora el Gobierno presidido por Pedro Sánchez necesitará de forma obligatoria los votos de Junts para poder sacar adelante sus objetivos.
