Los fondos europeos que Altri, la multinacional portuguesa que está detrás del proyecto más contestado en Galicia en décadas, había solicitado al Gobierno para instalar su planta de celulosa en el corazón de la comunidad que gobierna Alfonso Rueda, no van a llegar.  La Vicepresidenta segunda y también ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado este martes por la noche que el Ejecutivo central no concederá a la compañía lusa ni un solo euro de los 30 millones de euros que había solicitado al PERTE de descarbonización y con el que pretende levantar su macrofactoría en Palas de Rei, Lugo.

“Siempre hemos dicho alto y claro: Altri no. Y hoy lo decimos también desde el Gobierno, como llevamos defendiendo desde un inicio”, ha escrito Díaz en Bluesky, en referencia al rechazo del proyecto. La compañía, según ha adelantado ElDiario.es, no figura entre los seleccionados para recibir estas ayudas europeas. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, también ha celebrado la noticia con otro mensaje publicado en las redes sociales: "La movilización ciudadana valió la pena. Desde Sumar hemos sido claros: un proyecto que pone en riesgo nuestro medio ambiente no es una salida laboral para nuestro país. La decisión del Gobierno es un paso en la defensa del territorio".

La decisión del Gobierno aún no se ha comunicado formalmente a la empresa, que tenía previsto pagar buena parte del millonario proyecto con esta inyección de dinero público. La inversión total ronda los mil millones: cerca de 250 millones de euros procederían del capital privado, otros 500 millones de deuda y los restantes de los fondos europeos que, finalmente, no llegarán.

Sin fondos, sin agua y sin autorización ambiental

El ministro de Industria, Jordi Hereu, ya había advertido en marzo que su departamento tramitaría el expediente de Altri "como cualquier otro" y que, subrayaba, se actuaría "con plena objetividad". Ahora, ese análisis se ha traducido en una decisión que el Gobierno ha hecho suya públicamente.

La empresa portuguesa, que promueve el proyecto a través de la sociedad Greenfiber y la española Smarttia, sigue pendiente de conseguir la Autorización Ambiental Integrada (AAI), imprescindible para iniciar las obras de construcción de la planta bautizada como Gama. Esa autorización, que fija los límites de emisiones al agua y al aire, se suma a otras exigencias que quedan aún por resolver, como la concesión para la captación de agua del río Ulla durante 75 años.

Las dudas sobre la sostenibilidad del proyecto no han parado de crecer. La macrofactoría consumiría 1,2 millones de toneladas de eucalipto al año y se calcula que emplearía cerca de 46.000 metros cúbicos de agua cada día (lo mismo que toda la provincia de Lugo) y de esos, devolvería al cauce fluvial solo 30.000, eso sí, después de que se le someta a un tratamiento ambiental que diversos colectivos consideran insuficiente.

El plan cuenta con el apoyo explícito de la Xunta de Galicia, que bajo la presidencia de Alfonso Rueda ha impulsado el proyecto desde sus orígenes, heredados del mandato de Alberto Núñez Feijóo. El Ejecutivo gallego aprobó en marzo el informe de impacto ambiental pese a las objeciones de ecologistas, vecinos y asociaciones científicas.

Bruselas entra en juego

Desde el BNG de Ana Pontón, que lidera la oposición en Galicia, la ofensiva contra Altri se ha trasladado también a Bruselas. La eurodiputada Ana Miranda ha advertido del posible incumplimiento de hasta 14 directivas europeas y ha llevado el caso a distintas instancias comunitarias. “Si el Gobierno español autoriza un proyecto que va en contra de las directivas ambientales europeas estaría siendo muy irresponsable”, ha avisado.

Miranda ha recordado que el lugar elegido por Altri para la instalación de su macroplanta en Galicia compromete zonas de especial protección ambiental como la Serra do Careón o el sistema fluvial Ulla-Deza. Además, apunta, hay un expediente sancionador abierto en Bruselas contra el Estado español por no haber ampliado la Red Natura 2000.

En paralelo, organizaciones ecologistas como Adega han impulsado acciones judiciales, campañas ciudadanas y crowdfundings para exigir la retirada de las concesiones. "No tienen agua, no tienen fondos públicos y no tienen la autorización ambiental", ha dicho la vocal de la asociación ecologista, Ana Santamariña, que también ha denunciado vertidos industriales sin estudios suficientes y carencias en el análisis del impacto ambiental.

En la ría de Arousa, que recibiría parte del agua tratada por la factoría, la oposición vecinal se ha transformado en una marea transversal. La movilización ha desbordado las calles y hasta los estadios de fútbol. El grito de “Altri non” ha hermanado a aficiones rivales y ha devuelto el eco de luchas pasadas como la del Prestige o la mina de Touro. 

Las críticas se centran tanto en el impacto ambiental como en las dudas económicas. “Ni siquiera vamos a quedar expropiados, pero nuestras fincas van a perder toda la capacidad productiva”, ha explicado Serxio Núñez, de Santiso Vivo, sobre las servidumbres impuestas por la red de tuberías que canalizaría el agua del Ulla.

En zonas como Palas, Santiso o Agolada, los vecinos también recuerdan que el embalse de Portodemouros fue concebido para generación eléctrica, no para abastecer a una industria. Naturgy, actual concesionaria, ha alegado contra el proyecto ante el temor de incompatibilidad entre usos.

Mientras la Xunta insiste en que “nadie bebe agua directamente del río”, como declaró la conselleira de Medio Ambiente Ánxeles Vázquez, la plataforma social denuncia que no se ha evaluado el impacto sobre las potabilizadoras ni se han contemplado los efectos del cambio climático, como la reducción del caudal prevista para 2039 en los propios planes hidrológicos del Gobierno gallego.

A pesar de la insistencia de Altri, que ha avisado de que podría llevar el proyecto a otro territorio si no hay ayudas públicas, la movilización social continúa. El próximo 4 de mayo, cientos de personas descenderán en kayak el Baixo Ulla para volver a decir que el río no se toca.