El Gobierno lleva ante el Constitucional las leyes trans y LGTBI de Ayuso

Los cambios normativos que el Ejecutivo madrileño de Díaz Ayuso ha impulsado en la normativa autonómica sobre la ley trans y LGTBI serán sometido al escrutinio del más alto nivel judicial. El Consejo de Ministros ha acordado este martes recurrirlas mediante la interposición de dos recursos de inconstitucionalidad contra las leyes trans. Así lo ha anunciado la ministra portavoz, Pilar Alegría, al comienzo de la rueda de prensa posterior a la reunión y previo desarrollo de la ministra de Igualdad.

De salir adelante, dichos recursos sobre esta norma de protección de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid dejarían en suspenso los cambios normativos mientras el tribunal de garantías del Constitucional los resuelve. Cabe recordar que se trata de dos modificaciones en las que el PP madrileño utilizó su mayoría absoluta para actuar sobre las normas que esa misma formación había impulsado en el pasado.

La clave de estas normas que Ayuso se propuso cambiar al calor del debate de las leyes impulsadas por el anterior Gobierno de coalición progresista entre PSOE y Unidas Podemos -en el que la formación morada dirigía la cartera de Igualdad-, es que supusieron una merma de las garantías que ofrecían antes. 

Fundamentalmente, supusieron la derogación de una veintena de artículos y la modificación de la redacción de otros cuatro. Se cargaron conceptos como la autodeterminación de género o la inversión de la carga de la prueba, así como la discriminación por error o la coeducación. También desapareció la creación de órganos como el consultivo Consejo LGTBI, el Centro de documentación y memoria LGTBI y la Comisión Interdepartamental de Seguimiento y Coordinación.

"Son disposiciones que redundan en una limitación y recorte de los derechos que se han reconocido en la ley [nacional]", ha señalado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, indicando que de abrirse la puerta a cualquier modificación, esta hubiera debido ser para mejorar más los postulados estatales.

"Consideramos que estas leyes de Madrid tendrían que haber sido todo lo contrario, que mejoraran o ampliaran los de la ley nacional, ir más allá en defensa de los derechos y garantías de ciudadanos", indicó la titular de Igualdad que, por el contrario, sostiene que dichos cambios, "desafortunadamente, son más lesivos".

El Defensor de Pueblo ya presentó recursos hace meses

Por otra parte, esta medida del Ejecutivo se suma a la senda ya iniciada por el Defensor del Pueblo, organismo que preside el socialista Ángel Gabilondo, que interpuso también un recurso hace ya tres meses. Dicho órganos tildó de "patologizantes y desproporcionados" los requisitos que introducía la norma después de la modificación.

Entre ellos, exigir que los menores cuenten con el apoyo de profesionales de salud mental si quieren acceder a terapia hormonal para el cambio de sexo o la obligatoriedad de contar con un informe favorable del médico pertinente, en el caso de sufrir alguna enfermedad o dolencia.