El PSOE recupera la abolición de la prostitución: radiografía de una actividad alegal que supone el 0,35% del PIB

Violet pasea por el barrio del Born de Barcelona junto a un 'séquito' de unas 25 personas. La mujer, cigarro en mano y cargando con una bolsa de tela de color arcoíris, se detiene en varias esquinas para explicar a sus acompañantes la historia de la prostitución en la capital catalana. A este atípico tour lo llama 'puti-ruta' y ya se ha convertido en todo un fenómeno. Desde que puso en marcha esta iniciativa, a primeros de año, son muchas las personas que acompañan semanalmente a esta extrabajadora sexual por las callejuelas y antiguos locales de burdeles en los que se ha ejercido durante siglos la denominada 'profesión más antigua del mundo'. 

Violet cuenta la historia en primera persona, sin tapujos ni adornos. A carne cruda.  Desmontando el imaginario colectivo que hay sobre ellas y arrojando luz sobre cuestiones siempre cubiertas de oscurantismo. "Yo no tengo la verdad absoluta. Pero estaba cansada de ver cómo todo el mundo ha hablado durante años sobre las putas, menos nosotros mismas", cuenta a sus oyentes. 

La 'puti-ruta' dura unas dos horas y media, recorre el casco antiguo de Barcelona y culmina en La Rambla. Entre pausa y pausa, Violet subraya que su experiencia no se basa en la trata de personas ni en la explotación sexual, ya que ella optó libremente por ejercer como trabajadora sexual. "Yo soy y me considero actriz. Y todo lo que no sea dedicarme a ello es una forma de prostitución", detalla. También defiende a los clientes, a los que ve más perseguidos que nunca, y critica de forma abierta la ley del "sólo sí es sí". Para ella, perseguir la prostitución ejercida con libertad sólo provoca indefensión entre las propias trabajadoras sexuales.

Un negocio que mueve más de 4.000 millones

La prostitución en España se encuentra actualmente en una situación de alegalidad: no es legal ni ilegal. Su excepcional situación impide concretar el número de personas que, actualmente, ejercen como trabajadores sexuales, aunque las cifran oficiosas oscilan entre los 45.000 y 150.000. 

Alrededor de un tercio de los hombres (el 32,1%) reconocía en 2008 haber pagado dinero por mantener relaciones sexuales, la última vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó por el consumo de prostitución. Un estudio posterior de la ONU señala que el 39% de los varones adultos en España admiten haber pagado por sexo, lo que convierte nuestro país en uno de los más consumidores en Europa. El Gobierno estima que el negocio de la prostitución mueve anualmente unos 4.100 millones de euros, el 0,35% del PIB nacional. 

Los diferentes países de la UE discuten ahora entre abolir, prohibir o regular esta actividad. Mientras que Suecia fue en 1999 el primero en aprobar una ley contra la compra de servicios sexuales, otros como Alemania o Países Bajos obligan a los propietarios de los burdeles a pagar impuestos y la Seguridad Social de las prostitutas. Éstas, que deben tener una licencia municipal, tienen derecho a Seguridad Social y a cobrar el paro.

La falta de una ley estatal ha creado en España mucha disparidad, que se refleja en las ordenanzas municipales implementadas por los ayuntamientos locales. El último en lanzar una ofensiva contra la prostitución fue el ayuntamiento de León, que el pasado agosto aprobó una norma que prohíbe conductas "que puedan considerarse como favorecedoras o que promuevan el consumo de prostitución u otras formas de explotación sexual, el mercado de la prostitución y/o el turismo sexual, con independencia de que sean constitutivas de infracción penal". Las multas van de los 100 a los 3.000 euros. 

En paralelo, la ley del "sólo sí es sí" impulsada por el Ministerio de Igualdad prohíbe ya los anuncios en internet que promueven o publicitan la prostitución. Concretamente, en su artículo 11, señala: "Se considerará ilícita la publicidad que utilice estereotipos de género que fomenten o normalicen las violencias sexuales contra las mujeres, niños y adolescentes, así como las que supongan promoción de la prostitución". Por ello, el Ministerio de Consumo envió en julio advertencias de sanción a las webs que alojan dichos anuncios amenazándoles con multas que podrían superar los 100.000 euros o el propio cierre de los portales. 

Una decisión que el sindicato OTRAS (acrónimo de Organización de TRAbajadoras Sexuales) critica al considerar que puede conseguir el efecto contrario al que se busca. Según Miquel Bibiloni, uno de sus portavoces, su primera consecuencia es que a las prostitutas les sale más caro anunciarse en esas webs. "Las empresas que son propietarias de esas páginas migran sus servidores a países extranjeros para poder seguir abiertas. Pero como eso les cuesta más dinero, suben también el precio de los anuncios. Y al operar fuera de España, tampoco pagan impuestos", señala en una conversación telefónica a El HuffPost. 

La independencia de una trabajadora sexual que se publicita a través de estas páginas, sin necesidad de intermediarios, también se ve amenazada con esta decisión. "Una compañera ha tenido que irse a trabajar a un club de alterne porque no puede anunciarse. Esta medida no lucha contra el proxenetismo, sino que lo incentiva, al condenar a mujeres independientes a tener que trabajar en clubes o en la calle", explica. 

¿Y qué pasos pueden darse en los próximos meses en esta materia? El reciente acuerdo de PSOE y Sumar para formar un nuevo gobierno de coalición no mencionaba en ninguno de sus 230 puntos la abolición de la prostitución, medida que sí llevaban los socialistas en su programa electoral para las generales del 23-J. 

En la página 152 de dicho documento, se detallaba: "En el PSOE nos declaramos abolicionistas de la prostitución porque defendemos un modelo social que luche por la desaparición de las causas que obligan a las mujeres a prostituirse, por ser incompatible con el modelo social que proponemos, de igualdad y de respeto a la dignidad de las personas, y de defensa de los derechos humanos de las mujeres. (...) Desarrollaremos una ley para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, que incluya el castigo de la tercería locativa y la sanción a los proxenetas". 

Para cumplir con este punto, Sánchez anunció este sábado que su partido va a promover mediante una proposición de ley la abolición de la prostitución en España. Los socialistas ya presentaron una propuesta abolicionista en 2022 que contemplaba penas de hasta cuatro años de cárcel para los dueños de los prostíbulos y para aquellos que se aprovechan de la explotación sexual, pero se quedó estancada debido a que socios como Junts, EH Bildu, PNV, ERC y parte de Sumar (principalmente Más País y los Comunes) son más partidarios de regular la prostitución que de prohibirla. 

El PSOE quedaría, por tanto, a merced ahora del PP. Un pacto entre los dos grandes partidos que representantes del feminismo 'clásico' no ven con malos ojos. "El PP, que estaba muy lejos, ahora creo que está más cerca de esta posición y se puede hablar con ellos para sacarlo adelante. Desde luego que hay que contar con cualquier partido que esté dispuesto a ir en esa dirección", señalaba la exdiputada socialista Carmen Calvo en una reciente entrevista a El HuffPost.

Pese a las dudas entre los socios del Ejecutivo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado en diferentes ocasiones que la abolición de la prostitución es una de las prioridades en su agenda. "La prostitución es una forma de violencia, y nos declaramos abiertamente abolicionistas. Anhelamos una sociedad donde las mujeres y niñas no sean prostituidas. Queremos construir una sociedad donde los cuerpos de las mujeres y niñas no sean objetos de consumo", aseguraba en la última Comisión de Igualdad del Senado.

A la espera de conocer si el PSOE logrará sacar adelante o no este compromiso en las Cortes, las asociaciones que defienden a las trabajadoras sexuales se muestran en contra de este escenario. "El abolicionismo no funciona y no se pueden hacer leyes sobre prostitución sin hablar con ellas. Y mucho menos el PSOE, que no tiene autoridad en este campo tras el escándalo del Tito Berni. Nosotros sabemos quiénes son", advierte Bibiloni.

Acceso a la vivienda y salidas laborales 'reales', entre sus demandas principales

Nacho Pardo, coordinador de CATS (una ONG que defiende los derechos de las trabajadoras sexuales), también confía en que el hipotético nuevo gobierno progresista se preste a escucharlos antes de seguir legislando a favor de abolir la prostitución. "El lobby abolicionista tiene un poder político muy grande", denuncia. Y pone como ejemplo los 204 millones de euros que se han destinado al 'plan Camino' para desincentivar la demanda de prostitución. "Hacen campañas en las que se hace creer que el cliente domina a la prostituta por el hecho de pagar, lo que conlleva un grave peligro porque el mal cliente podría pensar que pagando puede hacer lo que quiera con la mujer", opina. 

Frente a las tesis abolicionistas, Pardo apuesta por dar papeles a muchas de las trabajadoras, así como derechos laborales. "No estamos hablando de legalizar, sino de reconocer la actividad sexual como una actividad laboral más. Porque en la sociedad en la que vivimos sólo se considera ciudadano a quien tiene un trabajo reconocido", explica. Además, propone alternativas laborales "reales" para aquellas que quieran abandonar la prostitución y, muy especialmente, facilitar a todas el acceso a una vivienda.

"Muchas no pueden presentar contratos al propietario para avalar el pago de las mensualidades. Además, las mujeres que trabajan y vives en clubes no están generalmente empadronadas, por lo que no pueden acceder a un derecho tan básico como es tener una tarjeta sanitaria", finaliza.