El Tribunal Supremo envía a juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha acordado abrir juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El hecho estaría fundamentado en la publicación de correos electrónicos que fueron publicados en los medios de comunicación en 2024, pese a que muchos de los periodistas encargados de esas noticias aseguraron en sede judicial que el fiscal no fue su fuente. 

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor da el paso con el que sienta a García Ortiz en el banquillo de los acusados. Se trata así de la primera vez en la historia de la democracia que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados. El hecho además llega menos de una semana después de que este compareciera en la apertura del Año Judicial en la que, pese a las demandas de jueces y fiscales de que no asistiera, este aseguró que se encontraba ahí porque "creía en la verdad y en la Justicia". 

El 18 de junio de 2025, García Ortiz presentó un recurso contra su procesamiento alegando que "carece de toda base o fundamento". Sin embargo, el golpe definitivo llegó este 29 de julio de 2025, cuando la Sala de Apelaciones del Supremo confirmó su acción, rechazando los argumentos de su defensa. Las acusaciones piden hasta 6 años de cárcel, por la filtración sobre la investigación por delitos fiscales contra Alberto González Amador.

Esta decisión se adoptó por mayoría de dos contra uno, toda vez que el magistrado Andrés Palomo emitió un voto particular discrepante y, finalmente, se ha traducido en que el magistrado, Ángel Hurtado, haya abierto juicio oral contra García Ortiz. Además, se ha fijado una fianza de 150.000 euros para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar, con la advertencia de que, si no la presta en el plazo de cinco días, se le embargarán bienes para asegurar dicha cantidad.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha declarado este martes en el Congreso de los diputados que mantiene "todo el respeto" a la resolución que ha comunicado el Tribunal Supremo, pero que "mantiene la absoluta confianza en el fiscal general del Estado al tener la absoluta certeza de que todo su desempeño ha sido por la verdad y la Justicia".

Cabe recordar que el Supremo no tiene la capacidad de relegar del cargo a García Ortiz debido a un "vacío legal" —en palabras de Hurtado— que regula la suspensión de los fiscales, el artículo 145.1 del Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal, no prevé que deba aplicarse al jefe del Ministerio Público.