Existe una fábula, un cuento que para algunos siempre será ficticio, cierta leyenda inmiscuida entre las paredes del Congreso de los Diputados y que ha pasado de generación en generación, legislatura tras legislatura. Los tres jinetes del Apocalipsis saltan del espacio bíblico a la política nacional; una serie de catástrofes que anuncian, cuando se producen, el fin del mundo o, en este caso, del Gobierno. Hace tres semanas la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil abría la Caja de Pandora señalando a tres nombres propios: José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. El informe presentado señalaba que habrían recibido comisiones y mordidas por contratos públicos a lo largo de los últimos años en los que el Partido Socialista llegó a la Moncloa con el Gobierno de coalición progresista.

Tras el escándalo que recorrió todos los medios de comunicación, redes sociales y barras de bar, la respuesta se tradujo en un cese inmediato del tercero de ellos, Santos Cerdán, de todos los cargos en el PSOE —principalmente el de secretario de Organización del partido—, y su acta como diputado en el Congreso. Tras ello, el proceso judicial comenzó a rodar pidiendo por parte del Tribunal Supremo la comparecencia de cada uno de ellos. Después de que pasarán por el juzgado tanto Ábalos como Koldo el pasado martes, este lunes le toca a Cerdán. Se trata de una de las comparecencias judiciales más relevantes del año, no solo por el perfil político del implicado, sino por las consecuencias que su declaración puede tener para el propio Gobierno.

El magistrado instructor, Leopoldo Puente, interrogará a Cerdán tras imputarlo formalmente y ordenar una batería de diligencias que incluyen el análisis de su patrimonio durante la última década, el acceso a sus correos electrónicos oficiales dentro del PSOE y el rastreo de posibles vínculos financieros con empresarios implicados en la trama. Entre ellos, destaca el nombre de Joseba Antxón Alonso Egurrola, quien presuntamente fuera socio de Cerdán en la empresa Servinabar, y en cuyo domicilio la UCO halló un contrato que ha sido clave para cimentar la sospecha de un entramado de intereses cruzados entre política y negocio. El Consejo General de Notariado ha aclarado que las operaciones como estas, donde se trasmiten participaciones sociales a través de un documento privado, suelen buscar la ocultación del verdadero propietario.

El propio Cerdán ha solicitado que su declaración ante el juez sea retransmitida en directo, ya sea por streaming o mediante señal institucional, con el argumento de garantizar la transparencia del proceso y proteger su derecho a la presunción de inocencia frente a lo que considera una campaña de “juicio mediático”. "La solución no pasaría tanto por restringir la actuación de los medios de comunicación sino por abrir al máximo el acceso a la práctica de las diligencias de investigación con el fin de conseguir que el público ilustrado se conforme como íntegramente ilustrado", explicaba el letrado. 

Sin embargo, el pasado viernes el juez instructor declinaba la solicitud alegando que "por resultar irreconciliable con la ley". Además y en diferencia con el resto de investigados, la defensa del exsecretario de Organización socialista se ha ofrecido a dar toda la información que requiera el tribunal para, así, mostrar "su clara voluntad de transparencia" con respecto al caso. Cabe recordar que, en el informe presentado por la UCO, Cerdán sale reflejado como el gestor de las operaciones en el triángulo de presunta corrupción, pero no queda claro que este haya cobrado comisiones o mordidas de los contratos públicos.

Paradójicamente y como intermediario habitual con todo el procés, Cerdán ha optado porque el abogado de su defensa sea una reconocida figura del independentismo como es Benet Salellas. El letrado fue diputado de la CUP entre 2015 y 2017, la legislatura en la que Carles Puigdemont fue presidente de la Generalitat y que, con el apoyo de la formación anticapitalista, marcó la culminación del movimiento el 3 de octubre con la convocatoria del referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia. El abogado también formó parte de la defensa del exlíder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en el juicio del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas.

El camino de Cerdán no ha seguido la ruta de su antecesor en la polémica, José Luis Ábalos, ni con el exasesor Koldo García. Ambos comparecieron la semana pasada ante el mismo tribunal, pero tomaron diferentes vías para su defensa con estrategias que distan mucho entre unas y otras. El que fuera ministro de Trasportes aseguró ante el juez que los audios presentados como pruebas y que vertebran todo el informe de la Guardia Civil podrían estar amañados. Con ello, también manifestó que alguno de los audios era "inteligible". Mientras tanto, Koldo García optó por acogerse a su derecho de no declarar. La falsedad de las pruebas y el silencio han sido las dos cartas mostradas encima de la mesa en la investigación del 'caso Koldo' a falta de conocer la tercera que, a priori, parece que tomará una dimensión más abierta en el tribunal. El final político de Cerdán también tiene otros derroteros que el resto de los jinetes: Ábalos sigue siendo ministro y Koldo nunca tuvo representación en el Congreso.

La indemnización por la entrega del acta de diputado ha sido otro de los temas que se han puesto a relieve a lo largo de esta última semana. Después de más de seis años ejerciendo como representante público y de dejar el acta antes de que terminase la legislatura, el exsecretario de Organización socialista ha pedido el dinero que le corresponde por el trabajo realizado durante este tiempo. En total, la cifra asciende en torno a los 19.400 euros brutos. Ante la corrupción que asoma y la crítica social que emergió con el conocimiento de la indemnización, Cerdán ha presentado sus ahorros en el Congreso de los Diputados asegurando que tiene menos dinero ahora que al inicio de que Pedro Sánchez llegara por segunda vez a la Moncloa. En total, dice que en su libreta de ahorro tiene 47.000 euros, 8.320 euros menos que cuando asumió el acta de diputado en 2023.  

La evolución del caso ha tenido un profundo impacto en el seno del PSOE. Cerdán dimitió de todos sus cargos el pasado 16 de junio, apenas unas horas después de conocerse la imputación formal y el registro de varias sedes públicas y privadas vinculadas a la trama. Su renuncia precipitó una crisis de Gobierno que obligó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reestructurar su núcleo de confianza, al tiempo que el partido blindaba internamente la información electrónica almacenada en sus servidores para que el juez tenga acceso a los mismos. El próximo 9 de julio se producirá la comparecencia del líder del Ejecutivo por el 'caso Koldo' después de un fin de semana frenético en el que se producirá el Congreso Nacional del Partido Popular y el Comité Federal del Partido Socialista.  

La Fiscalía sostiene que durante los años de pandemia se produjeron adjudicaciones irregulares de contratos públicos para la adquisición de material sanitario, así como presuntas comisiones ilegales a cambio de favores administrativos y construcciones. La figura de Cerdán, hasta ahora vista como un dirigente disciplinado, del núcleo íntimo del presidente del Gobierno y de bajo perfil mediático, ha cobrado así un protagonismo en uno de los escándalos más sensibles para la izquierda española en los últimos años. Esto siembra una incertidumbre permanente en lo que queda de legislatura donde actores principales y espectadores se preguntan cuánto podrán aguantar. La oposición llevada a cabo por los populares lleva in crecendo desde entonces, aunque la moción de censura no se ha planteado debido a la falta de apoyos parlamentarios que serían necesarios para que la acción tuviera éxito. 

En juego no está solo el futuro judicial de Santos Cerdán, sino también la estabilidad narrativa de un Gobierno que hizo de la regeneración democrática una de sus banderas. La sesión de este lunes podría marcar un punto de inflexión en el proceso judicial y en el desgaste político que la trama Koldo ya ha infligido en el Palacio de la Moncloa. Un capítulo que tanto la oposición como los socios de la investidura tienen en la lupa, pero que no se sabrá con exactitud el contenido de la comparecencia al haber denegado la trasmisión de la misma por parte del juez de instructor que se topará con el tercer jinete una vez, la semana pasada, llegaran los dos primeros del trío de presunta corrupción que acaparan toda la actualidad política nacional.