¿Es constitucional delegar las competencias de inmigración? Preguntas y respuestas sobre el pacto PSOE-Junts
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¿Es constitucional delegar las competencias de inmigración? Preguntas y respuestas sobre el pacto PSOE-Junts

La Generalitat asumiría importantes funciones en la frontera, así como la gestión administrativa de los permisos de residencia o las devoluciones de los inmigrantes. Pero siempre siguiendo la normativa estatal.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras.Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

Tras más de un año de negociación, PSOE y Junts anunciaron este martes un acuerdo para presentar una proposición de Ley Orgánica que incluye la delegación a Cataluña de competencias estatales fundamentales en la gestión migratoria, como la seguridad de puertos y aeropuertos - que asumirán los Mossos junto a la Policía y la Guardia Civil - la gestión de los CIE y la devolución de migrantes.

Un pacto que los de Puigdemont venden como un éxito porque se trata de "una competencia que normalmente ejercen los Estados". Una vez asumidas, según el líder independentista, Cataluña "estará mucho más preparada para su futuro como nación".

Mientras, el Gobierno habla en todo momento de "delegación" de competencias. "Hay que ser muy cuidadosos con el lenguaje", puntualizaba la ministra de Inclusión, Seguridad Social o Migraciones, Elma Sáiz. Sobre todo, porque la oposición cree que este pacto es inconstitucional dado que el artículo 149 de la Carta Magna señala expresamente que la inmigración es “competencia exclusiva” del Estado.

Pero, ¿qué competencias son exactamente las que serán delegadas? ¿Podrá expulsar la Generalitat a cualquier inmigrante ilegal? ¿Se les podrá obligar a aprender catalán? A continuación, ofrecemos respuestas a muchas de las preguntas formuladas tras el anuncio de dicho acuerdo.

¿Qué competencias asumiría Cataluña tras este acuerdo?

La primera tiene que ver con la presencia de los Mossos en la seguridad de puertos, aeropuertos y control de fronteras. La policía catalana podrá participar en el ejercicio de todas las "funciones comunes" en dichos espacios en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Por ejemplo, garantizar la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, el mantenimiento del orden, la seguridad ciudadana y la prevención e investigación de actos delictivos. Fuera de sus funciones quedará todo aquello relativo a la seguridad del Estado.

En cuanto a la expulsión y devolución de migrantes, la Generalitat ejecutará las expulsiones que no requieran la tramitación de un expediente y, en el resto, se ejecutarán a partir de la propuesta formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios que establezca la Junta de Seguridad. 

También se delegará la gestión integral de los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE), la emisión de tarjetas de identificación de las personas extranjeras autorizadas por Cataluña para vivir, estudiar o trabajar; o la competencia para tramitar las autorizaciones de estancia de larga duración de las personas extranjeras que vayan a permanecer en Cataluña para realizar una actividad académica.

¿Podrá Cataluña cambiar la normativa estatal sobre estas materias?

No, la administración catalana deberá aplicar toda la normativa estatal sin poder introducir modificaciones o requisitos adicionales. El Gobierno delega la parte burocrática y su resolución, pero siempre basándose en criterios estatales. Es más, la proposición establece que el ejercicio de todas las competencias delegadas se ejercerán en coordinación, cooperación y colaboración con la Administración del Estado y ambas administraciones se informarán mutuamente para su correcto funcionamiento.

¿Los requisitos para obtener permisos de residencia seguirán siendo los mismos?

Sí. La Generalitat no podrá cambiar los requisitos exigidos a los ciudadanos extranjeros para solicitar permisos ordinarios de estancia o residencia, sea de larga o de corta duración. Eso incluye que no será obligatorio aprender o dominar el catalán.

¿Podrá entonces Cataluña expulsar a inmigrantes?

La Generalitat sólo podrá realizar una “propuesta de resolución” sobre la expulsión de personas residentes en Cataluña, pero la decisión final será del Ministerio del Interior. Eso sí, Cataluña sí tendrá autonomía para expulsar a los inmigrantes que tengan prohibición de entrada y sean 'interceptados' en puertos, aeropuertos o fronteras, lo que se conoce como devoluciones en caliente. 

¿Puede la Generalitat cerrar el CIE?

No. El gobierno catalán podrá elegir al personal que trabaje en el centro o dirigir los servicios de asistencia sanitaria, social, jurídica, cultural y lingüística que se deseen imponer, pero siempre siguiendo la normativa estatal y sin posibilidad de clausurarlo.

¿Necesitará Cataluña más Mossos para asumir estas funciones?

El acuerdo incluye un aumento de la plantilla de los Mossos d'Esquadra, que deberá llegar "progresivamente" a los 26.800 efectivos en 2032, lo que supone un aumento de 1.800 efectivos respecto a la situación actual.

¿Es constitucional delegar competencias de inmigración?

Los expertos consultados por El HuffPost admiten que la Carta Magna no impide, en virtud del artículo 150, ceder a las autonomías "transferir o delegar, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación". Sin embargo, la Constitución no hace un listado de las materias que "por su propia naturaleza", como dice el articulado, se pueden delegar o transferir. De hecho, el artículo 149 señala expresamente que la inmigración es “competencia exclusiva” del Estado, lo que favorece que se presenten recursos de inconstitucionalidad por parte de PP, Vox y, probablemente, de numerosas CC.AA. 

Ya en su sentencia sobre el Estatut dictada en 2010, el TC determinó que "sería claramente inconstitucional" que la Generalitat pretendiera asumir determinadas facultades sobre inmigración, exclusivas del Estado. Por eso, hasta ahora, algunas CC.AA. sólo han asumido facultades sobre la integración de los inmigrantes (como la asistencia social, la sanidad, la formación y la tramitación de permisos de trabajo), pero nada de calado o que pueda interferir directamente en las competencias actuales del Estado.

¿Qué pasos debe seguir esta ley?

Al tratarse de una ley orgánica, necesita la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para ser aprobada. Y no va a ser fácil. Podemos ya ha anunciado que su intención es votar en contra al considerar que va en contra de la inmigración. 

"Lo que es urgente en nuestro país es que se apruebe la Iniciativa Legislativa Popular de regularización (de personas inmigrantes) que lleva un año esperando. El PSOE ha pactado con Junts, un partido antiinmigración que compite con la ultraderecha catalana, darles las competencias de migración", ha señalado Belarra.  

Si Podemos vota en contra al igual que PP, Vox y UPN, habría 175 noes y la ley no saldría adelante.

¿Cuánta población inmigrante hay en Cataluña?

Cataluña es la tercera comunidad con más ciudadanos con nacionalidad extranjera en relación a su población, el 18,7 %. Por delante de ella están Baleares (21,3 %) y la Comunidad Valenciana (el 19,3 %). Además es la segunda con mayor porcentaje de personas nacidas fuera de España, el 25 % de sus habitantes, tras Baleares (28,3%).

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Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 


 

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